Europa vende a América Latina y África pesticidas que han sido prohibidos dentro de sus propias fronteras por el daño que causan en el medio ambiente y las enfermedades que pueden provocar en las personas. Una investigación de Greenpeace cuestiona la “doble moral” de esta práctica que tiene a Reino Unido a la cabeza y España entre los principales exportadores. La organización denuncia “presiones” del sector en los organismos reguladores de la Unión Europea. Por el contrario, los fabricantes defienden su “compromiso con la salud” y niegan las acusaciones.
Por Infobae
En 2018, Europa vendió 81.615 toneladas de pesticidas prohibidos, de los cuales un 6% son de empresas españolas como Deuxal, Agroquímicos de Levante e Industrial Química Key, según datos de Greenpeace tras analizar más de 400 documentos de firmas europeas. Detrás de estas operaciones hay mucho dinero en juego: el sector genera en España más de 1.000 millones de euros al año. A nivel global, el mercado de los productos químicos para la agricultura está copado por unas pocas empresas gigantes como la de origen suizo Syngenta, comprada por el conglomerado asiático ChemChina en 2017 por 39.000 millones de euros.
“Es la primera vez que sale a la luz un estudio tan completo, donde se demuestra que los intereses económicos de algunas empresas europeas están por encima de la ética”, dice a Infobae el científico británico Doug Parr, miembro del equipo de Unearthed (la unidad de investigación de Greenpeace) que ha destapado la investigación en colaboración con la ONG suiza Public Eye.
Greenpeace lleva varios años denunciando esta práctica por parte de la Unión Europea que consiste en “vender a países más pobres lo que no quieren para ellos mismos” aprovechando “lagunas legales”. Entre los receptores de estos pesticidas prohibidos están Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras y Cuba, además de otras naciones en vías de desarrollo de África y Asia.
“No es cierto que existan ‘lagunas legales’, todas nuestras actividades cumplen con la legislación de la Unión Europea y de cada uno de los países importadores”, responden desde CropLife, la organización internacional que defiende los intereses de los fabricantes de estos productos. Dicen que están adscritos al Convenio de Rótterdam (que desde 2004 vigila la exportación de químicos) y a las últimas directivas de la FAO, el órgano de Naciones Unidas para la agricultura.
El debate no es nuevo: desde que en este nuevo siglo las noticias relacionadas con los efectos nocivos de productos agroquímicos han saltado de las revistas especializadas a los medios generalistas la opinión pública trata de posicionarse entre las denuncias de las ONG medioambientales, por un lado, y los fabricantes y agricultores, por el otro.
Cáncer, Párkinson y abortos espontáneos
La tendencia es clara: en la Unión Europea las sustancias de este tipo que se consideran legales se han reducido en los últimos 25 años un 50%, hasta las 500 permitidas en la actualidad (y de las cuales una cuarta parte son consideradas de bajo riesgo, porque sustituyen los químicos con feromonas de insectos y extractos de plantas). Tanto es así, que la región se vanagloria de tener actualmente “las leyes sobre pesticidas más estrictas del mundo”.
Sin embargo, cada país puede aprobar excepciones para salvaguardar su sector agrario, y estas han aumentado con una proporción mucho mayor en los últimos años: de apenas 59 excepciones a las prohibiciones de utilizar ciertas sustancias en 2007, a casi 400 en 2018. En la práctica, eso permite saltarse las “estrictas” leyes europeas siempre que el país importador lo desee.
“El problema es que la información relativa a estas ventas internacionales de pesticidas prohibidos, que debería ser pública, es muy difícil de conseguir”, lamentan desde Greenpeace. Para obtener los registros de 2018 debieron esperar a que les concedieran varios permisos y después limpiar miles de datos. “Las empresas no están obligados a publicar estas cifras, pero desde luego sería conveniente para los consumidores”, piensa el científico Doug Parr.
Entre los productos nocivos exportados desde Europa en 2018 están la cloropicrina que, según los expertos de Greenpeace es un “pesticida que se usaba como arma química durante la Primera Guerra Mundial”, o el oxadiargilo, una sustancia “extremadamente tóxica para la vida acuática con efectos a largo plazo y que puede crear problemas en los fetos y en el funcionamiento de los órganos humanos”.
Naciones Unidas reconoce en un informe reciente que es “difícil demostrar la existencia de un vínculo definitivo” entre la exposición a estos productos y el desarrollo de enfermedades o desequilibrios en la naturaleza. Desde Greenpeace están convencidos de que “estos pesticidas contienen químicos que pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer o Párkinson, problemas en la reproducción y en el crecimiento, además de ser tóxicos para los mamíferos y alterar a las poblaciones de insectos polinizadores, aves y peces”.
Ejemplos hay varios, algunos tan mediáticos como el de hace cinco años en Monte Maíz, un pueblo agrícola de la provincia argentina de Córdoba. Un estudio descubrió que la población había desarrollado cáncer y otras enfermedades (además de abortos espontáneos) con unas tasas de hasta tres veces mayores que la media en la región y a nivel nacional. La causa, según los médicos investigadores de la Universidad de Córdoba, fue el uso de glifosato para las plantaciones de soja, un cultivo clave para la economía de Argentina, que es el tercer productor mundial.
“Los pesticidas no son automáticamente ‘más dañinos’ o ‘menos necesarios’ porque no estén autorizados en Europa”, se defienden desde CropLife. Según su visión, algunos de estos productos prohibidos en la Unión Europea son “muy útiles” en otras partes del mundo con climas más extremos, golpeadas por plagas y donde la agricultura es el motor de las economías nacionales y principal fuente de empleo. Sin los pesticidas, las cosechas podrían correr peligro.
“Hace años se viene demostrando que estos productos no son imprescindibles, es posible sustituirlos por otras prácticas más saludables sin afectar a la producción”, asegura Doug Parr. En efecto, desde que en 2009 las leyes europeas dictaminan usar plaguicidas “sólo como última opción” se han ido introduciendo técnicas como la rotación de cultivos, la instalación de mallas contra insectos y el uso de recursos naturales que no contengan químicos.
¿Veneno o medicina para las plantas?
La investigación que acaba de sacar a la luz Greenpeace, y a la que Infobae ha tenido acceso, aspira a retomar la corriente crítica que instauró un informe de Naciones Unidas en 2017 donde ya criticaba “el enorme poder del oligopolio de la industria química” en torno a tres grandes grupos millonarios: Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-Dupont que entonces controlaban más del 65% de las ventas mundiales de plaguicidas.
Además acusaba a las grandes empresas del sector de “organizar campañas de desprestigio” contra los científicos críticos con sus actividades. “No hemos recibido ninguna amenaza directa pero es evidente que hay un lobby muy poderoso detrás que no quiere que estas investigaciones salgan a la luz”, dice Doug Parr desde Greenpeace.
El informe de la ONU de 2017 alertaba de una práctica que, según su información, permitía a estas empresas “infiltrarse en los organismos federales de regulación” a través de “puertas giratorias” y operar así con total libertad sin llamar la atención. La respuesta de CropLife en defensa de los fabricantes fue tajante, tildando esas informaciones de “infundadas” y “sensacionalistas”.
Tras la publicación del nuevo informe de Greenpeace, hace unos días CropLife contestaba a través de un comunicado público. “Damos la bienvenida al debate informado y constructivo sobre nuestro papel en el uso de pesticidas para la producción sostenida de alimentos. Nuestras compañías invierten en investigación y desarrollo de productos mejores y más seguros que garanticen las cosechas de los agricultores. Podemos esforzarnos más y siempre lo haremos”.
Desde organismos internacionales como FAO reconocen que es inviable eliminar a corto plazo el uso de estos productos químicos en regiones como América Latina, África y Asia, pues son “el medio más barato y sencillo para proteger sus cultivos”.
En España la patronal AEPLA insiste en su compromiso con “la protección de las personas y el medio ambiente” y su apoyo al Pacto Verde de la Unión Europea con una inversión de más de 14.000 millones de euros para desarrollar productos “más sostenibles” con la meta puesta en 2030. El sector se esfuerza por cambiar el relato y frente a las acusaciones de que sus productos son “venenosos” hablan de “fitosanitarios” y consideran que fabrican “medicinas para las plantas”.
Para Greenpeace todas estas medidas son “más publicitarias que otra cosa”, y en cualquier caso “insuficientes”. “El gobierno español podría seguir el ejemplo de su vecina Francia, que ha anunciado que cancelará por completo la exportación de estos productos químicos nocivos entre 2022 y 2025”, dice el científico Doug Parr.
Desde su ONG anuncian que han contactado con la ministra española para la transición ecológica, Teresa Ribera, y esta les ha asegurado que las exportaciones de España en 2018 (el año de su estudio) son “significativamente más bajas” de las que ellos tienen registradas y ha citado “cláusulas de confidencialidad” para no dar más detalles sobre determinadas empresas o productos.
“No hay excusas: estas prácticas tan hipócritas tienen que terminar desde la Unión Europea, aunque sólo sea para proteger a sus propios consumidores”, concluye Doug Parr. Se refiere a que muchos de los alimentos que llegan a Europa han sido producidos en países a los que venden los pesticidas prohibidos y, por lo tanto, podrían estar contaminados. Al fin, solicita que “un fondo de ayuda pagado por las empresas fabricantes y los países que las acogen” sirva para financiar una agricultura más sostenible y paliar el daño que causan en las regiones más pobres.