Se indica también en esa pieza histórica que “los operadores y agentes extranjeros, especialmente los cubanos, desarrollan tareas de represión, torturas e inteligencia”. Ante este gigantesco paso, es justo recordar y valorar la tarea pionera del Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Igualmente, la base sólida que se construyó con los expedientes articulados desde el despacho del príncipe Zeid bin Raad Zeid al-Hussein, en sus funciones como Alto Comisionado de los Derechos Humanos.
Este nuevo informe es muy peculiar, en comparación con los anteriores elaborados por otros entes. La diferencia estriba en que aquí se distinguen los patrones de violaciones de derechos humanos y se ofrecen datos específicos de los responsables de ejecutar las torturas, las detenciones y los asesinatos. Van directo a calificar esos abusos como Crímenes de Lesa humanidad, al mismo tiempo que indican que los autores intelectuales y materiales son Maduro, Diosdado Cabello, los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, además de los jefes de los cuerpos represivos SEBIN y DIGCIM, funcionarios del FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, de la Guardia Nacional, del CICPC, y decenas de funcionarios de otros rangos que no escaparán de las sanciones contempladas para castigar esos delitos.
Es una historia real de escalofriante terror. Las víctimas, además de dirigentes políticos, de disidentes del régimen, incorpora en el reparto de los suplicios a ciudadanos comunes que fueron arrasados por las ejecuciones extrajudiciales. Se narran los procedimientos de las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” (OLP), máscara represiva para liquidar a ciudadanos en esos “paredones de fusilamientos” instalados en veredas y esquinas de barrios y urbanizaciones de cualquier pueblo de Venezuela.
Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, violando los procedimientos más elementales, cómo, por ejemplo, presentar orden de allanamiento o de detención emitida por una autoridad competente, que era lo que precisamente exigíamos aquella tarde del 19 de febrero de 2015, cuando un centenar de policías rodearon el edifico EXA, donde funcionaba mi oficina particular. Me negué a abrir la puerta y la orden que recibió el policía del SEBIN fue “derriben esa puerta a mandarriazos” y así lo hicieron. Fueron las ordenes de Maduro y Diosdado.
Mi suerte fue diferente a la del Inspector Oscar Pérez, yo estoy vivo y puedo hablar y ser testigo de lo que hoy acontece, pero la orden contra él fue “dispárenle hasta matarlo”. ¿Recuerdan, aquel 15 de enero de 2018? La disposición fue de Maduro. Así torturaron a Fernando Alban y al Capitán Rafael Acosta Arévalo, hasta matarlos.
Asumí el compromiso de seguir luchando hasta contribuir, como uno más, a que se haga justicia, no buscamos venganza, pero sí honrar a los miles de venezolanos que se tragó la molienda torturadora de la satrapía. Inolvidables nuestros aguerridos estudiantes con sus escudos de cartón defendiendo la libertad como su ilusión de vida de cara al futuro que se les cegó. Todos esos actos de violencia sexual de género, debidamente documentados, esas técnicas de tortura como “situaciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, así como amenazas de muerte y tortura psicológica”, son crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, esperamos que cesen las demoras y que de una vez por todas se pase de la etapa preliminar al juicio con todas las de la ley.
Mi reconocimiento a todos los venezolanos que se han dedicado con fe apasionada a ventilar estos hechos, sin desfallecer ante la apatía de algunos funcionarios de organismos internacionales que recelaban a la hora de admitir las calificaciones propias de regímenes tiránicos; el trabajo de María Aristeguieta Gramcko, de Tamara Sujú, Susana Rafalli, Carlos Ayala Corao, Alí Daniels, Soranib Hernández de Deffendini, Juan Carlos Gutiérrez, Simón Pedro Deffendini, William Cárdenas, Jesús E Troconiz, Diego Arria, Víctor Rodríguez Cedeño, Santiago de Viana, Miguel H Otero y al valioso equipo del Foro Penal. A los diputados de la Asamblea Nacional que trajinaron escenarios para machacar las denuncias, a los equipos del gobierno interino destacados en instancias internacionales, a todas las ONG nacionales e internacionales (Human Rights Watch, encabezada por José Miguel Vivanco), igualmente mi aplauso a los expertos de otras nacionalidades, como el doctor Blas Jesús Imbroda, quien con una fidelidad a los principios y valores que distinguen a los defensores de derechos humanos, no ha descansado en ayudar a que estas investigaciones sigan por buen cauce.
Mención especial para mi leal y talentoso Abogado Omar Estacio. Sus escritos dejan una estela importante en esos estrados, su denuncia dio pie a que nuestro caso se convirtiera en el pivote que definió las detenciones políticas en Venezuela como propias de un Patrón de Conducta del régimen de Maduro
Por último, dispensen un reconocimiento especial a mi amada esposa Mitzy. Ella asumió con mi defensa el compromiso solidario de abogar por todos los presos políticos, sin distinción de ninguna Índole. Ella, en conjunto con los demás familiares de presos políticos, se dedicó a recorrer el mundo, para hacer escuchar el lamento y la exigencia de justicia. Se le abrieron muchas puertas en la ONU, en la OEA, en la Unión Europea y en los despachos de importantes líderes gubernamentales, parlamentarios y cabezas de instituciones especializadas en este tipo de tramites. Lo hizo con formidable gallardía y con impecable amplitud de miras.
Es cierto que esto es apenas un capítulo más, que falta el cierre de esta triste y dolorosa historia escrita con la sangre de miles de venezolanos. Y la clausura con broche de oro está en el juicio definitivo en la Corte Penal Internacional. Hacia allá deben apuntar todos nuestros esfuerzos. Será el gran homenaje póstumo a los indiscutibles héroes de esta jornada: los miles de venezolanos fallecidos, torturados, comerciantes arruinados y millones de ciudadanos desterrados.
@alcaldeledezma