Un juez estadounidense ha ordenado este lunes al Servicio Postal priorizar el voto por correo y revertir inmediatamente los cambios que ocasionaron retrasos generalizados en la entrega de envíos en varios estados del país.
Por notimérica
Esta decisión federal ha sido el último rechazo a los esfuerzos del director general de la empresa, Louis DeJoy, de recortar costes mediante la implementación de reformas que afectaron al sistema de correos y causaron retrasos en la entrega de medicación, cheques de desempleo y otros productos esenciales.
Esta sentencia se ha producido como parte de la demanda interpuesta por los scales generales del distrito de Columbia y seis estados del país norteamericano– California, Carolina del Norte, Delaware, Maine, Massachusetts y Pensilvania–, que acusaron a la Administración de Donald Trump de perjudicar al Servicio Postal.
Las acusaciones se han centrado en criticar el retiro de máquinas de distribución de correo de alta velocidad, la restricción de las horas extras y el mandato de que los camiones debieran salir siempre puntuales, lo que causó retrasos porque el correo era dejado atrás si no estaba cargado por completo en el vehículo.
“El tribunal ha hablado. Es hora de que Donald Trump siga la ley y deje de interferir en nuestro correo. Nuestras elecciones, y la salud y la vida de las familias americanas dependen de ello. Esta es una gran victoria para el imperio de la ley y la protección de nuestro derecho a votar”, ha dicho el scal general de California, Xavier Becerra, en un comunicado este lunes.
La decisión preliminar impuesta por el juez Gerald A. McHugh, del distrito Este de Pensilvania, prohíbe temporalmente al Servicio Postal mandar a los camiones que salgan exactamente en hora y dice a la organización que debe permitir las horas extras en las elecciones, además de suspender la retirada de las máquinas expendedoras de correo hasta después del 3 de noviembre, el día de los comicios.
“La habilidad del Servicio Postal para cumplir su misión durante la elección presidencial que tiene lugar en medio de una crisis de salud pública es vital. Los precedentes en este caso apoyan la conclusión de que se ocasionaría un daño irreparable en caso de que no se asegurara su capacidad de operar”, ha escrito McHugh en el texto de apoyo a su decisión.