El Representante Especial de EEUU para Irán y Venezuela, Elliott Abrams, viajó a Alemania para realizar consultas este jueves y hoy con altos funcionarios del Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea.
Por infobae.com
Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, se discutieron áreas de cooperación política sobre Irán, incluida la “responsabilización del régimen iraní por el asesinato de manifestantes en noviembre pasado y el bloqueo de la venta de armas peligrosas a Irán, así como el refuerzo de la acción internacional contra el amenazante programa nuclear” de ese país.
Abrams también abordó la situación en Venezuela, incluidos los “graves abusos de Derechos Humanos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro y sus planes para celebrar elecciones fraudulentas en diciembre”, reporta el Departamento.
El viaje se da en la semana en que la ONU aprobó que se sigan investigando las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los Derechos Humanos. Con 22 votos a favor, tres en contra y 22 abstenciones, Naciones Unidas dio luz verde a que se sigan investigando esas violaciones.
Esto implica que se renueva por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos que investiga los crímenes de lesa humanidad en el país caribeño; se condena las violaciones a los DDHH ya comprobadas; y se llama a celebrar elecciones libres.
El resultado de la votación fue contundente. Votaron a favor Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, Dinamarca, Fiji, Alemania, Italia, Japón, Islas Marshall, Holanda, Perú, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Ucrania y Uruguay.
Se abstuvieron Afganistán, Angola, Armenia, Baréin, Bangladesh, Burkina Faso, Camerún, Congo, India, Indonesia, Libia, Mauritania, México, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán y Togo.
En contra solo lo hicieron el régimen de Maduro, Eritrea y Filipinas.
Más de 50 países firmaron el proyecto que se presentó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que el organismo continúe investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y condene al régimen de Maduro.
A lo largo del documento, los países firmantes manifestaron su alarma por distintos aspectos específicos de la crisis “civil, política, económica, social y cultural” que tiene lugar en el país: la situación en el arco minero del Orinoco y los abusos de las fuerzas de seguridad, la falta de independencia de poderes -que redunda en una imposibilidad de garantizar la transparencia de los procesos electorales- y las necesidades humanitarias de una vasta porción de la población.
Remarcaron “el socavamiento” de la independencia del poder judicial, expresada en “la falta de transparencia en el proceso de nombramiento de jueces” y los lazos del Tribunal Supremo con el régimen. “Contribuyen a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos y obstaculizan la celebración de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles”, expresa el documento.
La vasta mayoría de la comunidad internacional rechazó los comicios que el régimen ha convocado para el próximo 6 de diciembre. La Unión Europea, que había explorado la posibilidad de enviar una misión de observación al evento, desistió de su iniciativa luego de que el régimen rechazara posponer la fecha, hecho descrito como necesario por el bloque para poder organizar la misión.