El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de una interpretación artificiosa de las normas sobre rendición de cuentas ha fomentado el secretismo como política de Estado, lo cual equivale a un fomento de la corrupción.
Transparencia Venezuela en su informe Opacidad: la regla impuesta desde el alto gobierno, destaca que el secretismo sobre administración de recursos públicos viola el derecho de acceso a la información, a efectos de ejercitar la contraloría ciudadana en los términos establecidos en la Constitución.
Para el régimen encabezado por Nicolás Maduro no fue suficiente la confabulación con el TSJ. Como otra expresión de su autoritarismo, el 8 de octubre de 2020 la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), promulgó un instrumento que denominó: “Ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos”.
Ese instrumento no puede calificarse de ley, porque una ley es otra cosa. Una ley es un acto normativo destinado al bien común, emanada del Poder Legislativo democráticamente elegido y debidamente promulgada por el Poder Ejecutivo.
La llamada “Ley Antibloqueo” es un despropósito que revela el talante autoritario del régimen de Nicolás Maduro. Fue promulgada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y tiene como objetivo fundamental desaplicar en total secreto todo el ordenamiento jurídico. Trata de justificar la falta de transparencia en el sector petrolero y, en general, en cualquier ámbito de la economía.
Otro detalle no menos importante es que, sin guardar la mínima forma y emulando a Tito Larcio (primer dictador en la antigua Roma), Maduro afirmó haber redactado ese instrumento que le otorga poderes especiales sin control constitucional alguno. “El país cree en mí, creen en la ley porque eso lo redacté yo. Hay un gran país que tiene la esperanza renovada, que repudia las sanciones y exige que se levanten. Va mi palabra y va mi vida en la Ley Antibloqueo”, expresó Maduro.
El derecho a la información es esencial en las democracias verdaderas. Uno de los elementos que caracteriza a los regímenes autoritarios que ha conocido la humanidad ha sido el ocultamiento de la información y el engaño deliberado. Lo que se esconde detrás de la “Ley Antibloqueo” es la clandestinidad y la anulación de los derechos del ciudadano.
El derecho a la información desde una perspectiva democrática no es sólo la garantía jurídica de la visibilidad de las estructuras y actos gubernamentales, sino también y sobre todo es el derecho de los ciudadanos a recibir educación e información basadas en los logros de la razón humana y la ciencia, el combate a los prejuicios y la superstición y el pleno respeto a la dignidad y derechos fundamentales de toda persona.
Este clima enrarecido, generado por un fraude permanente y un ejercicio furtivo del poder que atenta en contra de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, hace recordar a George Orwell y su premonitoria obra titulada 1984, en la que narra el cuadro extremo del control político de la información.
El Gran Hermano, imaginado por Orwell, mentía deliberadamente. Hacía creer a los ciudadanos, hambrientos y pobres, que cada resultado productivo y que cada cosecha agrícola era extraordinariamente superior a las anteriores; que cada acción de guerra era una forma de buscar la paz. El poder político era lejano e indescifrable para los ciudadanos y el control social se fundamentaba, desde luego, en la manipulación e intoxicación informativas de la ciudadanía.
1984 describe una sociedad cerrada y opaca, similar a la que pretende construir el régimen con la Ley Antibloqueo. Por ello, pese a sus múltiples defectos y asignaturas pendientes, hay que recalcar que las democracias constitucionales son el único modelo político capaz de garantizar un mínimo de transparencia informativa y, por ende, de control ciudadano sobre el desempeño de los gobernantes.
Existe una clara diferencia entre los Estados liberales, y los Estados absolutistas, totalitarios y autoritarios. Los primeros están limitados por las libertades fundamentales de los ciudadanos y la transparencia. Los segundos están representados por el secretismo político, el sofocamiento de libertades básicas como las de conciencia o expresión, el uso restringido de la información, y los intereses de un grupo de privilegiados que en nombre del Estado actúan en contra de los ciudadanos.