Un grupo de profesores universitarios, ha hecho llegar a la Fracción Parlamentaria 16 de Julio, un Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto materializar la carta que suscribieran la semana pasada, dirigida a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), demandando su participación en el problema educativo venezolano.
Al respecto, el diputado Luis Barragán observó que el parlamento y sus diferentes instancias, deben estar atentos a las demandas de la ciudadanía, señalando que son muchas las peticiones que recibe la citada bancada diputados, intentando procesarlas en la Asamblea Nacional. Tomó por ejemplos, las denuncias actuales de los hechos que están ocurriendo en La Guajira, los derrames petroleros del oriente, la represión yaracuyana, o las propuestas de acuerdos como las de la Fundación Contra el Parkinson o de los activistas pro-esequibanos, y hasta sendos Proyectos Leyes, como los de Aula Abierta, Ascensos Militares o del Esequibo.
“Una Fracción Parlamentaria – dijo – no se justifica en sí misma y, menos, se reduce a un burdo departamento partidista. Los factores que componen a la 16 de Julio, actuamos como correa de transmisión de la sociedad civil organizada deseosa de aportar también iniciativas y proyectos concretos y, ahora, quienes tuvieron a bien suscribir la carta que respaldamos, remitida la semana pasada a la UNESCO, a la cual se adscribieron mediante las redes sociales, dentro y fuera del país, nos hacen llegar una propuesta específica y creadora para la aplicación del artículo 187, numeral 11 constitucional, la cual agradeceos inmensamente”.
El proyecto en cuestión, apunta al pleno reconocimiento del colapso educativo venezolano y la solicitud de la intervención humanitaria correspondiente a la UNESCO.
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Considerando,
Que el Sistema Educativo Nacional ha sufrido del sistemático y decidido deterioro del gobierno usurpador hasta arribar a una situación calamitosa actual que también plica la crisis humanitaria compleja que afecta a toda la población venezolana;
Considerando,
Que al deterioro masivo que afecta al Sistema Educativo Nacional, padecemos de una generalizada deserción de estudiantes, docentes y de los trabajadores del sector que tampoco pueden concurrir al aula presencial, ni a la virtual, por las lamentables condiciones sanitarias en las que se encuentra todo el país en medio de la pandemia del Covid19, ni por las condiciones económicas tan deplorables que no permiten recibir ni impartir la enseñanza, ya a niveles de supervivencia personal;
Considerando,
Que las actuaciones del régimen usurpador están orientadas a forzar un regreso real y virtual a clases para contextualizar y justificar una aparente normalidad de la vida ciudadana, propia al fraude electoral que trama a propósito de una interesada renovación del parlamento nacional sin las mínimas condiciones ni garantías universales de todo proceso electoral;
Considerando,
Existe un atropello generalizado, constante e inhumano por parte del Estado venezolano, una violación indudable de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, los cuales poseen asidero en los crímenes de lesa humanidad, evidenciados por la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en reciente informe;
Considerando,
Que el derecho a una educación de calidad, concebida para el bienestar y progreso de los ciudadanos, de los pueblos, así como el derecho al trabajo digno, son también vulnerados constantemente por quienes usurpan el poder ejecutivo en nuestro país;
Considerando,
Que la Asamblea Nacional, único órgano legítimo del Poder Público venezolano, ha generado varios acuerdos y declaraciones, entre los que destacan “la Declaración de la emergencia humanitaria compleja en la educación” (2018), “la búsqueda de protección de la autonomía universitaria” (2019) y, el más reciente acuerdo (2020) que reconoce “la imposibilidad de darle continuidad a través de modalidad alguna (presencial, semi presencial o virtual) a la educación en Venezuela en estos momentos”;
Considerando,
Que, en la actualidad, todo el orbe está padeciendo la necesidad de mantener una educación ajustada y proporcional a los complejos, volubles, impredecibles e inciertos escenarios mundiales que se están suscitando, producto de la pandemia que ya desde hace más de ocho meses afecta al mundo entero; las consecuencias de esa situación han sido graves desde los puntos de vista social, económico, político, de desarrollo y de evolución;
Considerando,
Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), motoriza distintas iniciativas destinadas al esclarecimiento y adopción de un compromiso político universal con la educación, sus procesos y financiamientos, a propósito de la pandemia del Covid19, que no impide a atención tan particular de países inmersos en una crisis humanitaria compleja, como es el caso dramático de Venezuela;
Considerando,
Que los venezolanos requerimos del concurso activo de la UNESCO para superar la trágica realidad educación venezolana, con el cese inmediato de la usurpación, propicia para una innovadora intervención humanitaria fundada en el principio de la Responsabilidad de Proteger;
Considerando,
Que una intervención humanitaria en el específico ámbito educativo que ha de complementar el esfuerzo internacional que se haga en otras áreas, requiere de la aprobación correspondiente de la Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
Acuerda:
1.– Aprobar la aplicación del artículo 187, numeral 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, autorizando la inmediata intervención humanitaria en el ámbito educativo.
2.– Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), junto a otras instancias internacionales afines, su participación para materializar la urgida intervención humanitaria a favor de Venezuela en el ámbito educativo.
3.– Dar publicidad al presente Acuerdo.