Expertos en finanzas califican como un error que el Banco Central de Venezuela haya bloqueado un sistema privado de pago en dólares dentro del país, y recomiendan la apertura urgente de mecanismos similares para poder cancelar bienes y servicios en monedas distintas al bolívar.
Por Gustavo Ocando Alex / voanoticias.com
Desde diciembre del año pasado, un grupo de bancos privados de Venezuela ofreció a sus clientes la alternativa de contar con una cuenta para guardar sus dólares o euros. Es lo que se ha bautizado como “cuenta custodia”.
En meses recientes, la mayoría de esas entidades adelantó la posibilidad de hacer pagos con esos fondos en el país con tarjetas de crédito o débito. Pero el Banco Central, administrado por autoridades del gobierno de Nicolás Maduro, lo frenó.
El BCV informó la semana pasada en un comunicado que no ha autorizado a ningún banco a operar como proveedor de servicios de pago en divisas.
El texto exigió el “cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes, que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional”.
Henkel García, analista financiero y director de la firma Econométrica, explica que se filtró en días recientes información según la cual la banca trabajaba en un sistema de pago en dólares con la modalidad de tarjeta de débito.
“Había la posibilidad de que quien tuviera una cuenta custodia, con dólares físicos como respaldo, pudiese utilizar tarjetas de débito para hacer pagos de bienes y servicios en Venezuela. Eso requería de un organismo privado que se encargaría de la compensación de ese sistema”, detalla a la Voz de América.
La circular del BCV detuvo el sistema de golpe. “Las cuentas custodia y las transferencias (electrónicas) dentro de los mismos bancos van a poder continuar. Lo que no va a poder ser es un sistema de pago interbancario” con esas cuentas mediante tarjetas, acota García.
Otros economistas, como José Manuel Uzcátegui, reaccionaron exigiendo una aclaratoria del BCV sobre su decisión.
“El ahorro institucional en divisas es sano para la seguridad y operatividad en una economía informalizada y dolarizada”, escribió el analista, de la Universidad Central de Venezuela, en su cuenta en Twitter.
Sin plan “formal y serio”
El comunicado expone que en el BCV hay “escasa capacidad técnica” y la inexistencia de un plan “formal y serio” de estabilización macroeconómica, opina el economista Manuel Sutherland.
“Lanzaron una especie de decreto, que parece una amenaza. Es un retroceso”, apunta en conversación con la VOA. “Debería permitirse que esos instrumentos sirvan, sobre todo, para recibir remesas de una manera barata”, añade.
Venezuela completará en noviembre próximo un ciclo continuo de 36 meses en hiperinflación. La moneda nacional se deprecia oficialmente de manera constante y existe una dolarización de facto en el pago de bienes y servicios.
Para Sutherland, la política cambiaria en Venezuela, regida por un control oficial desde hace 17 años, se ha llevado “a bandazos”. Atribuye la última restricción del BCV a la abrupta caída de la demanda de bolívares.
La liquidez monetaria en el país cayó 99 por ciento entre 2011 y 2020, afirma. “De los 44.000 millones de dólares que había en la economía, según el tipo de cambio, ahora apenas quedan 500 millones de dólares”, precisa.
Sutherland cree, entonces, que es “muy necesario” abrir instrumentos de pago para solventar las necesidades monetarias de empresas e individuos.
“Ante una situación de desaparición o destrucción progresiva del bolívar gracias a la hiperinflación, es muy necesario que se abran otros instrumentos de pago para solventar las necesidades monetarias para pagar desde un mercado hasta un vehículo. Los bolívares no alcanzan para eso”, lamenta.
El experto prevé una negociación entre el BCV y la banca venezolana para definir hasta dónde se restringe el pago con tarjetas de cuentas custodia.
“Es una estrategia para obligar a la gente a comprar bolívares. Es una política absurda. No tiene ninguna utilidad formal para la recuperación de la economía”, señala Sutherland, quien critica las “medidas inconexas” de parte del Estado que, a su entender, dificultan el desarrollo de la economía.