Los estigmas sociales y la discriminación a las personas de la comunidad Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) no ceden en El Salvador “a pesar de las obligación internacionales” sobre derechos humanos adquiridas por el Estado, dijo este jueves un experto de HRW.
Cristian González Cabrera, investigador de Human Rights Watch (HRW) en el área LGTBI para América Latina y el Caribe, indicó que los grupos de iglesias y las familias “son fuentes importantes de violencia y discriminación”, y en algunos casos “las iglesias practican la etapa de conversión e intentan cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas”.
El experto participó en la discusión y análisis virtual sobre la atención judicial a casos de la población LGTBI en El Salvador desde la perspectiva del derecho internacional, organizado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
El investigador aprovechó el espacio para señalar que, a pesar de las obligaciones internacionales sobre derechos humanos que el Estado salvadoreño ha adquirido y al Decreto Ejecutivo 56, “la estigmatización social y la discriminación no ceden” en el país.
Dicho decreto denominado “Disposiciones para Evitar Discriminación por Identidad de Género y Orientación Sexual” tiene como finalidad “facilitar condiciones de igualdad ante la ley” y “proteger a la población LGTBI de la discriminación en instituciones públicas del Órgano Ejecutivo”.
“A pesar de estas obligaciones internacionales y nacionales, las violaciones de derechos LGTBI en El Salvador son demasiado comunes, los casos documentados son casos importantes y representativos de la violencia y discriminación que enfrentan las personas LGTBI”, subrayó.
Indicó que como HRW han “documentado casos, entre 2019 y 2020, con entrevistas a 40 personas” y hallaron “que la violencia y la discriminación tienen lugar en un contexto de rechazo familiar y estigmatización social que tiene un impacto negativo sobre el bienestar de estas personas”.
Por ejemplo, señaló, a Ricardo, un hombre gay de 28 años, “lo tiraron al suelo en un retiro religioso al que fue cuando tenía 17 años y le pusieron un crucifijo sobre el pene y en los glúteos mientras el sacerdote gritaba: ordeno a este demonio que abandone este cuerpo”.
Asimismo, indicó que a partir de las entrevistas realizadas se dieron “cuenta que las mujeres trans que sobreviven realizando trabajo sexual se exponen a niveles particularmente altos de violencia social”.
PANDILLAS Y AGENTES DE SEGURIDAD
A la discriminación y violencia generada por la familia y otros actores sociales se le agrega la perpetrada por miembros de pandillas y de las fuerzas de seguridad.
El investigador apuntó que “las pandillas en El Salvador actúan contra las personas LGTBI con violencia y amenazas de violencia específicamente por su orientación sexual o identidad de género”.
Señaló que “un peligro que enfrentan muchos salvadoreños que viven en vecindarios controlados por pandillas, pero particularmente las personas LGTBI, es el reclutamiento forzado”.
Comentó que otros de los casos analizados es el de una mujer trans que enfrentó intentos de reclutamiento forzado en 2017 por parte de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y a la que “le pidieron que guardara armas y drogas en su hogar porque sabían que vivía sola porque su familia la había rechazado”.
“No siempre está claro en qué medida la violencia en El Salvador está directamente relacionada con la orientación sexual y la identidad de género, pero en algunas ocasiones es claro que las pandillas utilizaron estos aspectos para amenazar a las personas LGTBI”, agregó.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
González Cabrera indicó que desde HRW se han emitido una serie de recomendaciones específicas para las autoridades salvadoreñas, entre estas a la Asamblea Legislativa para que “apruebe leyes civiles contra la discriminación que incluya de manera expresa la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas y que abarquen a sectores como educación, empleo, salud y vivienda”.
Además, apuntó que es importante que se apruebe una ley sobre identidad de genero que “permita a las personas cambiar el competente sexo que tienen en sus documentos oficiales a través de un proceso administrativo sencillo”.
Asimismo, se pide a la Fiscalía llevar a cabo investigaciones independientes sobre delitos perpetrados contra las personas LGTBI y que se capaciten a jueces y fiscales sobre los delitos de odio, incluido los elementos que constituyen un delito de odio conforme al derecho salvadoreño.
EFE