El pasado 21 de octubre, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en compañía de Médicos Unidos, la dirección del Colegio de Enfermeras de Caracas y la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, tuvo acceso a los calabozos de PoliChacao para hacer entrega de implementos de bioseguridad a privados de libertad y agentes de seguridad del centro de reclusión.
Carolina Girón, directora del OVP, en compañía del comisionado Humberto Prado, Jaime Lorenzo (Médicos Unidos) y Ana Rosario Contreras (Colegio de Enfermeras de Caracas), tuvieron la oportunidad de conversar cara a cara con privados de libertad de este centro de reclusión, recoger datos y testimonios valiosos de su situación durante la pandemia por COVID-19 y hacer las respectivas denuncias ante los organismos internacionales.
Los calabozos de este centro presentan actualmente un 70% de hacinamiento, recordando que estas instalaciones no disponen de las condiciones necesarias para atender a una población carcelaria de más de 37 reclusos. Inicialmente fue creado como un centro de detención preventiva, pero actualmente alberga a 60 hombres y 3 mujeres, algunos con más de 2 años y medio de reclusión.
Para la directora del OVP, una de las causas del hacinamiento es el retardo procesal. Hay muchas personas que están a la espera de audiencia de presentación durante más de 6 meses, bajo el alegato de que los tribunales no están trabajando.
“Polichacao terminó convirtiéndose en una cárcel más, aquí se congregan privados con todo tipo de delitos, así como reclusos que tienen condena y no han podido ser trasladados por la pandemia y por otras trabas que hemos denunciado en un sinfín de oportunidades. Por eso se insta al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a que agilice los traslados y audiencias preliminares, ya que es bien sabido que el hacinamiento incrementa los riesgos de contagios de enfermedades infecciosas”, añadió la abogada y defensora de derechos humanos.
Aunado a esto, la situación alimentaria agrava la salud física y mental de los privados de libertad, ya que estos centros no disponen del presupuesto para proveer de alimentos, a pesar de que por ley el Estado debe disponer de recursos para preservar el derecho a la alimentación a todo el que esté bajo su custodia.
En este sentido, son los familiares quienes diariamente deben llevar las comidas preparadas, aunque hay reos que no tienen ningún familiar que lo asista y esto evidentemente agrava la situación. En muchas oportunidades hacen acuerdos entre los presos y algunos de ellos trabajan dentro de las celdas para que les paguen con algunos alimentos.
Por su parte, con respecto a las condiciones encontradas en estos calabozos, el comisionado Humberto Prado recalcó que todos los calabozos policiales deben de dejar ser depósitos de seres humanos “Encontramos un hacinamiento crítico y el Ministerio de Servicios Penitenciarios debe dejar de seguir siendo el provocador de esta debacle que genera el deterioro del ser humano”, sentenció.
De igual manera, añadió que “sólo puede comer quien tiene familia y la mayoría de los presos no tienen visita, el hambre que pasan los detenidos es grave. Encontramos presos con hernias y otros con problemas respiratorios que deben ser atendidos. El retardo procesal y la paralización de la justicia ha traído como consecuencia que los presos sufran más”.
Las instalaciones de PoliChacao puntualmente no disponen de áreas donde los detenidos puedan tener espacios para recibir la luz del sol, hacer ejercicios, recibir visitas apropiadamente o celdas con ventilación. Además, estos funcionarios no están debidamente entrenados para atender presos.
Una mano amiga en medio de la crisis
Es por esta y otras tantas razones que el OVP mantiene una lucha constante en contra de un sistema totalmente colapsado para atender a una de las poblaciones de mayor riesgo por la pandemia del COVID-19.
Motivados por esto, se logró llevar a cabo la actividad para entregar implementos de bioseguridad como tapabocas y gel antiséptico a privados de libertad y personal de seguridad de PoliChacao.
En la jornada, el médico Jaime Lorezno y Ana Rosario Contreras pudieron constatar la situación de salud de los privados de libertad, también tuvieron la oportunidad de darles herramientas para el uso correcto de estos implementos para preservar su vida y la de los compañeros de celda.
Por su parte, Carolina Girón y el comisionado Humberto Prado conocieron brevemente la situación jurídica en la que se encuentran los más de 60 reclusos y pudieron aportarles palabras que los puedan ayudar a cambiar la perspectiva de su realidad, la que los llevó a estar recluidos.
Nota de prensa
