La puesta en marcha de la ley antibloqueo, con los anuncios oficiales de la apertura de más de 20 proyectos para la participación de inversionistas privados, es una demostración evidente de la sustitución del modelo denominado socialismo siglo XXI, cuya aplicación es responsable de la pérdida de la caída productiva de las empresas privadas pasadas a públicas, al disminuir entre el 60% y 90% de su capacidad de producción a cuando eran privadas. La mayor parte de la escasez que sufrimos y el aumento de las importaciones fueron causados por el proceso expropiador con las consecuencias inconvenientes obtenidas para la Nación Venezolana.
Los perjuicios causados al patrimonio nacional son difíciles de cuantificar no solo por la caída de la producción de las empresas expropiadas sino también por su deterioro que han tenido desde que pasaron a manos públicas desmejorando el valor de sus activos, lo cual las ubica en condiciones poco atractivas para crear un proceso de licitación que hubiera podido poner a competir a distintos inversionistas interesados en su adquisición. Debiendo escogerse el mecanismo de reserva y confiabilidad de la negociación para lograr acuerdos con los inversionistas interesados que faciliten su recuperación productiva, al pasar estas empresas o proyectos a manos de conglomerados privados, nacionales e internacionales.
Los efectos causados a los Venezolanos por este conglomerado empresarial público se pueden medir: en los actuales niveles inflacionarios, la deuda externa, las demandas internacionales ante los tribunales de arbitraje como resultado de las empresas extranjeras tomadas sin el pago correspondiente, caída de la producción nacional, mayor dependencia de las importaciones, pérdidas de empleos , las desmejoras socioeconómicas causadas en las comunidades donde se encuentran operando estas empresas, etc.
Todo lo cual se refleja en la difícil situación en que nos encontramos los venezolanos, causadas por los efectos del modelo económico aplicado y sus consecuencias negativas sociales. Hoy el país se encuentra en niveles de ingresos familiares de los más bajos del mundo, con sus efectos en el consumo, empujado por la hiperinflación como resultado de la expansiva política monetaria del Banco Central para cubrir el déficit fiscal, donde se estima que la asistencia financiera al conglomerado empresarial público se acerca a los 10 billones de bolívares al mes.
La ley antibloqueo se ha convertido en un centro de polémica al ser rechazada esta ley por parte de la vocería política y actores de la sociedad civil. No obstante el gobierno la presenta como una alternativa válida para resolver las dificultades en que nos encontramos como resultado de la aplicación de las sanciones con sus consecuencias observadas en nuestra calidad de vida. La meta oficial de colocar en manos privadas buena parte del sistema empresarial público se promueve como una alternativa necesaria para la recuperación económica con los beneficios sociales que se obtendrán. ¿Será posible?
Nota de Prensa