Esta aberrante normativa pretende autorizar de manera formal y expresa a Maduro a actuar por la libre sin restricción alguna de la ley y de sus exigencias, mucho menos de la Constitución Nacional, y todo, además, cosa inaudita, bajo una oscura sombra secreta.
Esta “ley” monstruosa, como bien la ha calificado el jurista venezolano Allan Brewer Carías, tiene un antecedente en el Decreto para la protección del pueblo y del Estado, puesto en práctica por los nazis a comienzos de los años 30 del siglo pasado, el cual permitió las mayores arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos a Hitler. Con esa ley, el Führer hizo lo que le vino en gana y apoyado en ella cometió las numerosas atrocidades harto conocidas.
Con tal “ley”, que califican, absurdamente, de constitucional, los jerarcas del régimen venezolano, a su cabeza el tirano Maduro, pretenden convalidar un conjunto de medidas y actos, cuyo objetivo no es otro que el de obtener recursos financieros que tienen vedados en las fuentes usuales y normales.
Tal dispositivo, por su contenido, es un simple acto de fuerza. Como se ha dicho, ni es ley, ni es constitucional. Es un exabrupto inconcebible en nuestro tiempo. No hay pudor, ni vergüenza en ese acto inválido.
Con él, se sincera y hace explícito, lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años en Venezuela en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos. Es el entierro, ahora de manera formal, abierta y descarada, del Estado de Derecho.
Porque no otra cosa significa que se autorice a ejercer, sin límite alguno y sin control, actos de disposición del patrimonio nacional. A firmar tratados y convenios internacionales sin el control parlamentario. A suscribir contratos públicos obviando las normas sobre licitaciones.
Es decir, que estará Maduro facultado para desaplicar cualquier ley cuando convenga, o lo que es lo mismo, el tirano podrá, de facto, crear derecho, según su interés inmediato.
Y todo lo podrá hacer el régimen, según esta “ley”, a escondidas, en secreto, echando por la borda la obligación de cualquier Administración de ser transparente en sus actos. Nada saldrá en Gaceta Oficial. Podrán vender o comprometer los bienes estatales y no podremos enterarnos. (“Art 42: …se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de alguna de las medidas establecidas en capítulo segundo de esta Ley Constitucional, que supongan la inaplicación de normas de rango legal o sublegal.”)
Con esta “ley”, la locura expropiadora de Chávez sería revertida, por simple conveniencia. El demonio de la privatización se trasmutaría en ángel salvador. La basura ideológica que adornó la retórica chavista, ¡al carajo!
Todo, por supuesto, con el pretexto de un supuesto bloqueo que estaría sufriendo el país por parte de la Comunidad Internacional, y en particular de EE.UU. ¡Bulshit!
Sin embargo, tal abominable argucia “legal”, estamos convencidos, difícilmente alcanzará los objetivos que se propuso. Dinero fresco no traerá al país, solo los incautos podrían creer que estarían cubiertos sus intereses con esa normativa.
¿Antibloqueo? De aplicarse, esa “ley”, más bien, significará un despojo, una rebatiña, de los pocos bienes patrimoniales que van quedando al otrora Estado poderoso venezolano.