Antes llegaban solo de noche, ahora lo hacen sin que importe el horario ni la vestimenta. Se aparecen en lanchas de motor rápido con ametralladoras a la vista y tobos de balas. Son piratas de agua dulce, cuya misión es despojar a los pescadores en el Lago de Valencia de sus instrumentos y sustento del día a día.
Raylí Luján / La Patilla
En un pequeño caserío en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo los conocen bien. Ya les calculan hasta la frecuencia de sus acciones. “Hay una lancha que ya sabemos que viene cada 15 ó 20 días”, comenta uno de los malleros en la zona.
En esta localidad ubicada en la vía que comunica Valencia con Güigüe operan 67 embarcaciones. Muchas salen en las noches y regresan en la mañana con la mercancía que pueden recolectar. A sus conductores no les queda más que encomendarse a la suerte para hacer frente a la inseguridad.
“Nos llevan las lanchas, las embarcaciones, los sacos de las mallas, todo. Cada vez es más fuerte, porque traen AR-15, ametralladoras, tobos de balas y chalecos antibalas. Uno acude al gobierno y no prestan la ayuda”, cuenta Félix, trabajador en el lugar.
Los pescadores y malleros son amenazados, secuestrados por minutos y luego arrojados al agua. Dicen que no son golpeados pero si les queda el mal sabor de perderlo todo. En un solo día, cuatro de los pescadores se quedaron sin nada.
“Estamos azotados porque con eso es que comemos. Ellos andan armados, tengo 45 años aquí y compré mi mallita para que mis hijos las echen, vendiendo jalea de mango. No les hacen daño pero llegará el momento en que los maten”, dice la señora Vicenta.
Además de lidiar con las mafias, a los pescadores del Lago de Valencia les toca adaptarse a las especies que ahora se consiguen allí y los pocos kilos que pueden adquirir. “Antes salía San Pedro y Bagre, ahora sale pura Mojarra Negra, puro pescado pequeño”, agregan.
Desde la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, la diputada María Gabriela Hernández pide protección a las Naciones Unidas para los habitantes de las zonas aledañas al Lago que son afectadas por la delincuencia, el crecimiento descontrolado y la falta de mantenimiento, quedando desprotegidos por parte del Estado venezolano.