Primero fue el padre de este joven preso político, lo secuestran y desaparece entre exigencias de sus captores, un doloroso episodio acentuado por efectivos militares que no dieron con su paradero después de recibir ingentes sumas de dinero requeridas para garantizar el éxito de un rescate trastocado en timo, al igual que la causa penal iniciada contra Garbi González en Carabobo, radicada en Aragua -la “guillotina judicial”- y en veremos en la Sala de Casación Penal del TSJ.
El infortunio vuelve a perturbar la tranquilidad del hogar de Antonio José cuando más de veinte efectivos policiales protagonizan otro secuestro, el suyo, un hecho irrefutable desde que dormía pegado al techo en un calabozo del CICPC, superando la sarna con medicina para perros y extorsiones continuadas en la cárcel de Tocuyito, sumadas a riesgos de muerte y enfermedades tan preocupantes como las anomalías procesales que lo han mantenido tras las rejas por más de cinco años.
De ambos secuestros existen precedentes, cada día más, no obstante, las causas y efectos se desvanecen en la cotidianidad de calamidades surgidas de la situación país, que en el área penal son mayores con las Salas del TSJ publicando decisiones, incluso enfrentándose entre sí, violando su propia resolución No. 001-2020 tocante a la suspensión de los procesos judiciales, mientras expedientes como el de Garbi espera en Sala Penal decisión del avocamiento solicitado por el Ministerio Público.
Si en cinco años el Poder Judicial en Fase del Juicio Oral, la de “mayor relevancia del proceso penal”, ha sido incapaz de materializar “plenariamente la prueba” que dice tener en contra de este muchacho y de concretar principios como los de la “contradicción y de igualdad procesal”, notoriamente estamos ante un secuestro, cuyos responsables, a diferencia del sufrido por su padre, están identificados e insisten en prologar el cautiverio con violaciones de derechos humanos.
Decir secuestro, suena alarmante, aunque no causa el impacto emocional de otros tiempos, menos cuando las trasgresiones a las garantías procesales parecieran ser norma consuetudinaria, con la tendencia a ser admitidas como tales por la sociedad venezolana, implicando el peligro de olvidar a quienes se les afecta el bien jurídico de la libertad en un entramado judicial con más aristas políticas que jurídicas.
En este contexto, el secuestro de Antonio José Garbi González, como el de tantos presos políticos, es un atropello judicial, parte de aberraciones procesales adversadas con la solidaridad y tesón en exigir libertad para los encarcelados por motivaciones políticas, algo que sin duda surte efectos positivos pese al desgaste propiciado por la putrefacción del Poder Judicial.