Cuando una dictadura pretende legitimarse necesita establecer de manera formal mecanismos que den una apariencia democrática. La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) resulta un ejemplo elocuente donde se cumplen modélicamente los requisitos que debe cumplir un Parlamento en un sistema totalitario.
El primero de todos los requerimientos es garantizar una lealtad absoluta que se refleje en la práctica en votaciones de mayoría absoluta, cuando no unánimes, a favor de las propuestas gubernamentales. El segundo es mostrar una diversidad fundamentada en factores ajenos a la pluralidad de pensamiento, o sea un estricto equilibrio entre géneros, razas, grupos etarios y perfiles profesionales pero sin diferentes tendencias políticas.
En días recientes, previo a la realización del Quinto Período Ordinario de Sesiones de la IX legislatura se dio a conocer que 20 ciudadanos habían hecho el juramento que los consagra como nuevos diputados. Tres de ellos son primeros secretarios del Partido Comunista en sus respectivas provincias, uno es el primer secretario del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, ocho ostentan el cargo de gobernadores provinciales, cinco son ministros, los otros tres ocupan responsabilidades en instancias intermedias. Todos son militantes del PCC o de la UJC.
Resulta llamativo que no se haya informado a quienés sustituyen estos nuevos diputados, pues según los datos que aparecen en la página de la ANPP (que no se actualiza con la debida frecuencia) solo quedaban cinco plazas vacantes, ubicadas en Candelaria, Jagüey Grande, y los municipios cabeceras de las provincias de Holguín, Cienfuegos y Pinar del Río. En los 15 casos restantes no hay información. Por ejemplo, para que Ricardo Concepción Rodríguez, actual gobernador provincial de Artemisa -que aparece propuesto por el municipio de San Cristóbal- ocupe un puesto en el Parlamento, tendría que causar baja uno de los cuatro de esa localidad que hoy representan a sus electores como diputados.
Los datos más recientes con que se puede contar para aclarar esta opacidad están fechados el 7 de octubre de 2019, cuando se informó de que hasta ese momento habían cesado en funciones 22 diputados y se habían elegido 16 nuevos.
Con todo derecho los lectores podrán preguntarse a quién puede importarle esa información. ¿Quién en el municipio pinareño de Los Palacios se va a sentir representado en el parlamento por Martha Elena Feitó, actual ministra de Trabajo y Seguridad Social? ¿Cuántos electores del municipio camagüeyano de Florida están siquiera informados de que Nicolás Liván, ministro de Energía y Minas, tiene la obligación de hablar por ellos en la Asamblea Nacional?
Hace solo unas horas ese Parlamento aprobó cuatro nuevas leyes que nadie había exigido. Para distraer la atención hicieron la performance de sugerir la posibilidad de que el presidente de la República se reeligiera indefinidamente, pero todo fue un truco publicitario para provocar la audiencia de los televidentes.
Este artículo se publicó originalmente en 14ymedio el 29 de octubre de 2020