El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado presentó junto a su equipo una colección de 24 cuadernos de jurisprudencia, que agrupan casos que han sido dictados por la Corte IDH sobre Venezuela y que, en su mayoría, han sido ignoradas por el régimen.
A través de una rueda de prensa, el Comisionado Prado manifestó que la colección tiene como finalidad dar visibilidad y un rostro a las víctimas de violaciones a derechos humanos, ocurridas en el país y recalca el carácter imperativo que tiene esta visibilización para la restauración de la democracia, el Estado de derecho y el no olvidar los errores en lo que ha incurrido, para que, una vez consolidada la transición correspondiente, se pueda garantizar la ejecución de dichas decisiones impartidas por la Corte IDH y de este modo dar virtualidad práctica a las reparaciones a favor de las cerca de 338 personas, que han sido reconocidas como víctimas por la Corte IDH.
La Comisión presidencial cree firmemente que todos estos casos merecen ser expuestos. “Merecen que se dé a conocer también las razones por las cuales las sentencias no han sido ejecutadas en Venezuela, lo cual fundamentalmente se debe a un contexto de usurpación del Estado que dificulta, frente a la ausencia de estado de derecho y el ejercicio pleno de los DDHH”, sostuvo el Comisionado.
Esta iniciativa fue inspirada en el modelo de cuadernillos desarrollado por la Defensoría del Pueblo de Colombia que publica regularmente cuadernillos, cada vez que la Corte IDH emite sentencias condenatorias en contra del Estado colombiano.
El Comisionado detalló que “esto no ha sido posible en Venezuela, porque como es lógico, si la usurpación no está dispuesta ni a cumplir las reparaciones ordenadas, mucho menos les dará la difusión pública que corresponde a las sentencias”, aseveró.
El equipo de la Comisión Presidencial para DDHH explicó que cuando las instituciones democráticas de los países civilizados funcionan, la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos habitualmente recae en figuras específicamente destinadas para tal fin. En Venezuela existe la figura de la “Defensoría del Pueblo” desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. Ese poder público tiene el deber de documentar violaciones a derechos fundamentales y denunciarlas ante las instancias competentes, esto es, tribunales nacionales, y cuando estos fallan, si es necesario, ante los órganos de los sistemas internacionales de protección en derechos humanos.
“Sin embargo, no es noticia nueva que nada de esto ocurre en nuestra defensoría y en nuestro país. Lamentablemente, carecemos en la actualidad de institucionalidad democrática civilizada para defender con regularidad la vigencia y el respeto a los DDHH. La defensoría es justamente una de las tantas instituciones que han sido secuestradas por el contexto de usurpación de Gobierno que ilegítimamente orquesta el señor Nicolás Maduro Moros, lo cual, desde la perspectiva de la comisión que dirijo, coloca en un clima evidente de desprotección a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado venezolano”, expresó Prado.
Una de las organizaciones internacionales en el que está permitido denunciar las violaciones a DDHH cometidos por los Estados es la Corte IDH, está compuesta por jueces con una función, determinar la responsabilidad internacional de los Estados por incumplimiento de sus obligaciones soberanamente adquiridas al suscribir y ratificar la convención. Sus decisiones se manifiestan mediante sentencias.
De aquí derivan las diversas funciones de la Corte IDH, las cuales son contenciosa, consultiva, cautelar y de supervisión de cumplimiento. La función contenciosa consiste en dirigir procesos judiciales tras una petición de la CIDH, debiendo celebrar audiencias si es necesario a efectos de emitir una sentencia definitiva donde se determine la responsabilidad del Estado. En caso de que un Estado sea condenado, la Corte IDH ordena reparaciones.
Uno de los casos en el que hicieron especial énfasis, fue el de la sentencia de Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela, donde los jueces fueron destituidos debido a la presunta comisión de un error judicial inexcusable. Las víctimas interpusieron una serie de recursos a fin de cuestionar dicha medida, sin embargo, no tuvieron éxito. Estos decidieron denunciar al Estado ante el organismo internacional, donde expresamente el TSJ sostuvo que “no pueden ponerse un sistema de principios supuestamente absoluto por encima de la Constitución”, por lo que no aceptaron los cargos que se le imputan y no cumplieron con la sentencia ni la reparación a las víctimas.
Es por esto que la Comisión señaló “lo vergonzosas que son las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia cuando niega la ejecución de las sentencias de la Corte IDH, ya que, evocan la misma lógica que caracterizó al régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial, lo cual se ha traducido en un patrón histórico que ha caracterizado a los Estados fallidos, tiránicos o dictatoriales”.
El evento contó con la participación especial del exjuez de la Corte Penal Internacional, Asdrúbal Aguiar, quien felicitó a la Comisión por la realización de estos cuadernillos que muestran las realidades y deficiencias de las víctimas del Estado venezolano.
Aguilar considera que, todos los hechos mencionados en los cuadernillos demuestran que el Tribunal Supremo de Justicia como una “suerte de bufete del régimen, donde se han realizado hechos tan graves como son los hechos de lesa humanidad”.
Por su parte el exconcejal de Costa Rica y exjuez de la Corte IDH, Manuel Ventura, empezó diciendo que las reparaciones que dicta la Corte IDH se han distinguido internacionalmente en comparación con el trabajo a la Corte Europea, que se limita a señalar las sumas de dinero para reparar el daño.
Igualmente, destacó que la etapa de reparaciones son de vital importancia, pero en el caso de Venezuela no se ha podido dar debido a la falta de respuesta de quienes han violado la convención. Ventura recordó casos como el de El Caracazo, “la dificultad técnica para representar las violaciones fue difícil, porque nunca se supo quién murió, donde fueron enterrados y todavía años después seguían apareciendo tumbas de gente que había asesinada y enterrada, es un caso presente para tomar reparaciones”.
También mencionó el caso Marcel Granier, “yo venía viendo todo un proceso para hacer públicas las violaciones de DDHH en Venezuela, evidentemente el propósito del Estado era debilitar la democracia, cercenar las libertades, luego vino el caso RCTV, el Estado podía hacer lo que quería. Finalmente me impresionó mucho el caso de la Dra. Afiuni, y otros casos de jueces que son garantes de la justicia”.
El Comisionado Humberto Prado culminó expresando su deseo de que este cuadernillo jurisprudencial contribuya positivamente con la restauración de la democracia y el Estado de derecho en Venezuela. “Debemos insistir hasta el cansancio en que las sentencias de la Corte IDH deben ser cumplidas, y parte de ese esfuerzo se evidencia en estos cuadernillos. Recordemos que los derechos humanos no son una fotografía, sino una película; por eso, tengan la seguridad de que la Comisión para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas continuará adoptando acciones concretas y determinables a efectos de dar prevalencia en la agenda nacional al respeto de los derechos humanos”. /Nota de Prensa