Aunque hay opiniones encontradas acerca del litigio del bono PDVSA 2020, para Luis Pacheco, quien todavía espera su reemplazo como Presidente de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A., siempre se ha intentado una negociación con los acreedores. Sin embargo, la inflexibilidad de los bonistas los condujo a seguir el camino del juicio. Aunque hay apertura para buscar acuerdos, hay condiciones impuestas por el Poder Legislativo que se deben respetar.
Por Alejandro Hernández / lagranaldea.com
Su amplia trayectoria en la industria petrolera ha sido el aval de Luis Pacheco, por lo que muchos aplaudieron su designación como Presidente de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y luego lamentaron que presentara su renuncia a este cargo. Desde su perspectiva asegura que si el 27 de octubre de 2019 no se hubiese demandado en el caso del bono PDVSA 2020, los tenedores de esos papales “habrían hecho una fiesta y tomado control de Citgo”. Sostiene que se intentó una negociación directa con los bonistas, pero se hizo evidente que no aceptarían una alternativa distinta a la amortización en los plazos establecidos. Afirma que Citgo está sobreendeudada y su estructura financiera no le permite tomar más deuda. Además, comenta que lo peor es que muchas veces los ataques que reciben en la junta ad hoc “provienen de fuego amigo; y eso, aunque espero que la historia lo enderece, es muy frustrante”.
-¿Sigue siendo Presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA?
-Estoy esperando, desde junio, que la Asamblea Nacional decida mi reemplazo.
-¿Por qué renunció?
-Es tiempo de un cambio de mando, y yo necesito espacio para dedicarme a temas personales.
-¿Cómo es su relación con el presidente interino Juan Guaidó?
-No tengo relación.
-¿Y quién es su interlocutor en el Gobierno interino?
-El Centro de Gobierno y la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional.
-¿Qué lectura hace del reciente pronunciamiento de la Corte de Nueva York sobre el litigio del bono PDVSA 2020?
-La sentencia no ha salido, lo que hubo fue una opinión de la jueza que lleva el caso, pero tal como nuestros abogados piensan, esa opinión, aunque es negativa para nosotros, tiene suficientes aristas para justificar una apelación exitosa.
-¿Cómo será ese proceso de apelación?
-En este momento lo que prosigue es que la jueza les dé a los demandados la oportunidad de proponer un borrador de sentencia, para que luego nosotros podamos contrarrestarlo; y basado en esos dos documentos redactar la sentencia. Después de la decisión de la Corte, en caso de que la decisión no sea a favor de la República, tenemos 30 días para presentar una apelación.
-¿La decisión de apelar si el fallo es en contra de la República ya está tomada?
-Sí, así se hará, porque es lo correcto y lo que corresponde.
-Hay voces que después de esta opinión emitida por la jueza Katherine Polk han insistido con más fuerza en que la estrategia con los bonistas debió ser negociar y no ir a juicio, ¿cuál es su opinión hoy?
-Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, en un mundo de leyes las cortes están para que uno defienda sus derechos y la obligación de PDVSA era respaldar lo que la Asamblea Nacional, único órgano legítimamente electo en Venezuela, dictaminó; y eso es que la operación del bono PDVSA 2020 es ilegal por incluir a Citgo como colateral sin aprobación del Parlamento. Por otro lado, desde el primer día nuestros abogados han tenido contacto con los acreedores o sus representantes para buscar un acuerdo, pero ellos han sido inflexibles o no han recibido esas aperturas con suficiente generosidad, por eso tuvimos que seguir el camino del litigio, que no habría sido necesario si del otro lado hubiesen estado dispuestos a negociar. Sin embargo, aún durante el juicio han seguido las conversaciones con los tenedores y sus abogados, pero lamentablemente no han aceptado sentarse bajo unos términos que reconozcan las condiciones que el Poder Legislativo ha impuesto.
-¿Cuáles son esas condiciones?
-Nuestra intención ha sido siempre lograr una negociación con los acreedores que se reconozca tres factores; el primero, que la operación ha sido declarada inválida por una resolución de la Asamblea Nacional; el segundo, que el precio de mercado de esa deuda, para ese momento de la demanda, rondaba el 20% y hoy está alrededor del 50%; y el tercero es que se debe reconocer la crisis humanitaria de Venezuela y posponer las fechas de pago. Por supuesto que mediar entre esto y las aspiraciones de los bonistas, que es el pago completo de la deuda, ha sido muy difícil, existen unas limitaciones que nunca han estado dispuestos a aceptar.
-¿Por eso la demanda fue la única salida?
-En octubre de 2019 PDVSA decide hacer una negociación directa con los bonistas, en lugar de con sus representantes o abogados, porque nuestra intención era resolver el problema. Ahí les decimos que quedan pocos días para el segundo pago de intereses y que ni PDVSA ni Citgo tienen los 900 millones de dólares que correspondía pagar el 27 de ese mes, por lo que les pedimos un plazo de tres meses para buscar una solución, en ese momento hubo dos o tres discusiones más y quedó claro que los acreedores no aceptarían una alternativa distinta a una amortización el día que estaba establecido. Aquí hay que recordar que cualquier ofrecimiento que pusiera PDVSA en la mesa, debía ser aprobado por la Asamblea Nacional, y dado el escándalo político injustificado que se originó por la cancelación de los intereses de abril, era lógico presumir que autorizar un pago por 400, 500 o 900 millones de dólares iba a ser cuesta arriba, además de que no los teníamos.
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