El empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ha presentado un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde, donde está detenido a petición de Estados Unidos, que reclama su extradición, informó hoy a Efe su abogado José Manuel Pinto Monteiro.
El trámite procesal se efectuó ante el Tribunal de Apelación de Barlavento, con sede en la isla septentrional de San Vicente, inmediatamente después de que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) remitiera ayer a esa instancia una solicitud de “hábeas corpus” de los abogados de Saab, en la que exigían la liberación inmediata.
El STJ, con sede en Praia (capital de este país insular de África occidental), desestimó así el “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue o no legal y determinar su puesta en libertad).
Ese recurso se interpuso por excederse “el periodo máximo permitido para permanecer en prisión”, según alegó el equipo legal del empresario, detenido el pasado 12 de junio y en prisión preventiva desde el día 14 de ese mes.
El exjuez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, afirmó este mes que “el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición, bajo la legislación caboverdiana, es de 80 días”.
Por eso, los abogados requerían su excarcelación para que “permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva”.
Pinto Monteiro se mostró hoy prudentemente optimista sobre la posibilidad de que la corte de Barlavento falle a favor de su cliente, aunque “nunca se puede predecir cuál será el sentido de las decisiones”.
El STJ remitió anoche la responsabilidad de una decisión al Tribunal de Apelación, alegando que éste es el órgano competente para pronunciarse en la actual etapa del proceso de extradición.
El Gobierno caboverdiano y el Tribunal de Barlavento han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el STJ, recurso que también devolvió en su momento el Supremo a esa corte con la recomendación de corregir errores procesales detectados por el tribunal superior.
El STJ entiende, pues, que sólo debe ser llamado a pronunciarse cuando el tribunal inferior haya tomado decisiones definitivas.
Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal (norte), tras una petición de EEUU cursada a través de Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Tras mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en la prensa cuando la fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario, nacido en Barranquilla (Colombia) y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, cuyas ayudas se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según Estados Unidos, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015 Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
EFE.