La Administración de Servicios Generales de Estados Unidos (GSA, por sus siglas en inglés) envió este lunes 23 de noviembre una carta al presidente electo, Joe Biden, para iniciar el proceso de transición formal del poder.
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La administradora Emily Murphy hizo llegar el documento a Biden sobre los pasos a seguir del próximo gobierno de EEUU. Además, el actual mandatario, Donald Trump, corroboró dicha acción y agradeció la labor de Murphy al frente de la GSA durante los últimos años.
La carta indica que Murphy firmará formalmente la victoria de Joe Biden, un proceso normalmente superficial conocido como verificación. La medida permitirá que la transición comience oficialmente, lo que permitirá a los funcionarios de la agencia de administración actual coordinarse con el equipo entrante del mandatario electo y proporcionará millones en fondos gubernamentales para la transición.
Esta es la carta de Emily Murphy a Joe Biden.
Estimado Sr. Biden:
Como Administrador de la Administración de Servicios Generales de los EE.UU., Tengo la capacidad bajo la Ley de Transición Presidencial de 1963, según enmendada, para poner a disposición ciertos recursos y servicios posteriores a las elecciones para ayudar en el caso de una transición presidencial. Ver 3 U.S.C. § 102 nota (la “Ley”). Me tomo este papel en serio y, debido a los desarrollos recientes que involucran impugnaciones legales y certificaciones de los resultados electorales, transmito esta carta hoy para poner esos recursos y servicios a su disposición.
He dedicado gran parte de mi vida adulta al servicio público y siempre me he esforzado por hacer lo correcto. Por favor, sepa que tomé mi decisión de forma independiente, de acuerdo con la ley y los hechos disponibles. Nunca fui presionado directa o indirectamente por ningún funcionario de la Rama Ejecutiva, incluidos los que trabajan en la Casa Blanca o GSA, con respecto a la esencia o el momento de mi decisión. Para ser claros, no recibí ninguna instrucción para retrasar mi determinación. Sin embargo, recibí amenazas en línea, por teléfono y por correo dirigidas a mi seguridad, mi familia, mi personal e incluso mis mascotas en un esfuerzo por obligarme a tomar esta determinación prematuramente. Incluso frente a miles de amenazas, siempre mantuve el compromiso de respetar la ley.
Contrariamente a los informes e insinuaciones de los medios de comunicación, mi decisión no se tomó por miedo o favoritismo. En cambio, creo firmemente que el estatuto requiere que el Administrador de GSA determine, no imponga, al aparente presidente electo. Desafortunadamente, el estatuto no proporciona procedimientos ni estándares para este proceso, por lo que busqué un precedente de elecciones anteriores que involucraban impugnaciones legales y recuentos incompletos. GSA no dicta el resultado de disputas legales y relatos, ni determina si dichos procedimientos son razonables o justificados. Estos son temas que la Constitución, las leyes federales y las leyes estatales dejar al proceso de certificación electoral y las decisiones de los tribunales de jurisdicción competente. No creo que una agencia encargada de mejorar las adquisiciones federales y la administración de la propiedad deba colocarse por encima del proceso de elección constitucional. Insto encarecidamente al Congreso a considerar enmiendas a la ley.
Como sabe, el administrador de GSA no elige ni certifica al ganador de una elección presidencial. En cambio, el rol del Administrador de GSA bajo la Ley es extremadamente limitado: hacer que los recursos y servicios estén disponibles en conexión con una transición presidencial. Como se indicó, debido a desarrollos recientes que involucran impugnaciones legales y certificaciones de resultados electorales, he determinado que usted puede acceder a los recursos y servicios posteriores a las elecciones descritos en la Sección 3 de la Ley si lo solicita. El ganador real de la elección presidencial será determinado por el proceso electoral detallado en la Constitución.
La Sección 7 de la Ley y la Ley Pública 116-159, del 1 de octubre de 2020, que proporciona asignaciones continuas hasta el 11 de diciembre de 2020, pone a su disposición $ 6,300,000 para llevar a cabo las disposiciones de la Sección 3 de la Ley. Además, se autoriza $ 1,000,000, de conformidad con la Ley Pública 116-159, para brindar sesiones de orientación para las personas designadas y un directorio de transición. Le recuerdo que la Sección 6 de la Ley le impone requisitos de presentación de informes como condición para recibir servicios y fondos de GSA.
Si hay algo que podamos hacer para ayudarlo, comuníquese con la Sra. Mary D. Gibert, Coordinadora Federal de Transición.
Sinceramente,
Emily W. Murphy
Administrador
Administración de Servicios Generales de EE. UU.
