Una deportación ilegal llevó a 16 niños, niñas y adolescentes y a seis adultos a la desaparición. El domingo 23 de noviembre, las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago enviaron al grupo de 22 venezolanos hacia el mar, en dos embarcaciones tipo “piragua”. De esta manera fueron repatriados los niños y cuatro mujeres adultas.
“Es indispensable que las autoridades de Trinidad y Tobago y Venezuela aclaren esta grave situación y desarrollen acciones inmediatas para proteger a los niños. Es obligatorio garantizar los derechos de los niños independientemente el estatus migratorio de los niños o sus padres”, exigió Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap.
El coordinador general de Cecodap recalcó que un niño migrante presenta una doble vulnerabilidad. «La combinación entre la edad y su condición migratoria obliga a una protección específica y adecuada de sus derechos por parte cualquier Estado», sentenció.
Además recordó que el principio de no devolución prohíbe a los Estados expulsar de su jurisdicción a las personas, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra condición. «No puede haber devolución cuando un niño pueda correr el riesgo de sufrir un daño irreparable», apuntó.
Nota de prensa