En el anterior artículo (18-11-2020) analizamos los inicios del proceso chavomadurista para pervertir el sufragio en Venezuela, mediante un inescrupuloso y calculado proceso de dificultades y obstáculos de toda índole, en ejecución sistemática hasta hoy.
Comenzó, como lo señalé antes, a partir de la Constituyente inconstitucional de 1999, y luego con la llamada “relegitimación” de 2000 que eligió otra vez como presidente al golpista de 1992, conjuntamente con las elecciones parlamentarias y regionales. Más tarde, se realizaría la farsa del Referendo Revocatorio de 2004, que el CNE convirtió en un plebiscito. Aquel mismo año se efectuaron las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2004, contagiadas también por la perversión del voto. En 2005 se efectuaron las parlamentarias, en las cuales se abstuvo de participar toda la oposición democrática.
En 2006 hubo otra vez elecciones presidenciales. Entonces las irregularidades se multiplicaron exponencialmente. Ya el Estado y el PSUV estaban fusionados, y el peso abrumador del primero a favor del segundo y su candidato fue sencillamente colosal. Sin embargo, el descontento seguía generalizándose, aunque los escrutinios oficiales del CNE demostraban otra cosa.
En 2007 un Chávez envalentonado por los resultados de 2006 convocó un Referendo Consultivo para reformar la Constitución en materia de reelección presidencial indefinida y otros peligrosos aspectos, como el sometimiento de la Fuerza Armada a su proyecto político –lo cual lograría de facto en los años posteriores– y la institucionalización de ciertos preceptos socialistas al estilo castrocomunista, calificados por la Conferencia Episcopal Venezolana como “moralmente inaceptables por vulnerar los derechos fundamentales del sistema democrático y de la persona, poniendo en peligro la libertad y la convivencia social”.
Apresuradamente, el “árbitro” electoral procedió de inmediato a convocar el referendo en cuestión, al contrario de lo que había sucedido con el Revocatorio en 2004. Pero el error del caudillo fue haber despreciado la vocación democrática de la mayoría de los venezolanos, quienes rechazaron aquel dislate en 2007. “Victoria de mierda”, calificaría de inmediato el triunfo opositor. Los resultados oficiales le dieron la victoria por algo más de un punto apenas, lo que obviamente mucha gente nunca creyó porque el CNE no publicó los cómputos completos. Debió ser entonces mucha mayor la ventaja.
En 2008 se realizaron las elecciones regionales, cuyos resultados oficiales a nadie sorprendieron: el régimen aumentó su cuota de gobernaciones y alcaldías en medio de graves acusaciones de fraude y otras irregularidades.
En febrero de 2009, Chávez volvió a convocar otro referéndum aprobatorio sobre la relección indefinida presidencial, incorporando también la de gobernadores y alcaldes. Esta propuesta era sumamente grave, por cuanto desconocía la voluntad popular sobre el mismo tema, expresada apenas catorce meses antes. Los resultados oficiales esta vez le dieron la aprobación al mencionado referendo reeleccionista. Todo fue a la medida de lo que quería Chávez: en menos de dos meses un CNE sumiso preparó y realizó aquello, burlando no sólo la soberanía popular, sino también la Constitución y las leyes, sin abrir un nuevo registro electoral y convalidando todo tipo de abusos y ventajismos de la peor especie. Otra vez el fraude sistémico.
Vinieron luego las parlamentarias de 2010, signadas también por irregularidades y ventajismos. En 2012 hubo otra vez elecciones presidenciales. El régimen descalabró las finanzas públicas para sostener la candidatura de un Chávez moribundo en campaña, según lo señalaría a los pocos meses el entonces ministro de Cordiplan, Jorge Giordani. El CNE le adjudicaría el triunfo frente a Henrique Capriles, pero fallecería al poco tiempo.
En 2013 hubo nuevas elecciones presidenciales para cubrir la falta absoluta del fallecido. Luego de repetir una escandalosa campaña electoral con recursos del presupuesto de la República y en medio de todo tipo de irregularidades, ventajismos y corruptelas, los escrutinios del CNE anunciaron que Maduro era el nuevo presidente, con una escualidísima ventaja de menos del uno por ciento sobre Capriles, de nuevo candidato opositor. Aquellos resultados fueron dudosos desde todo punto de vista y esas elecciones una de las más cuestionadas en la reciente historia. Inmediatamente, la oposición solicitó el recuento de votos, a lo que se comprometió el CNE y el propio Maduro, pero nunca lo realizaron. El fraude se había consumado. Luego se efectuarían las elecciones regionales de 2017, en las cuales la oposición democrática apenas ganó en cinco estados. De nuevo se repitieron fraudes e irregularidades de todo tipo.
Lo mismo pasaría en 2018, cuando el CNE convocó las elecciones presidenciales con ocho meses de antelación, pues tradicionalmente venían celebrándose durante el último diciembre de cada período constitucional. Se realizaron entonces diez meses antes de la toma de posesión, caso único en el mundo. La mayoría opositora denunció antes estas y otras irregularidades, ya acontecidas en los procesos anteriores y que conforman lo que he llamado el fraude sistémico. Por tales razones no presentó un candidato presidencial. Maduro contó con la comparsa de una candidatura supuestamente opositora como la del ex gobernador de Lara, Henry Falcón, quien venía de perder las elecciones regionales de 2017. En cualquier caso, la abstención fue realmente escandalosa y la participación de los votantes una de las más irrelevantes en la historia venezolana.
Aquel sainete electoral terminó como era de esperarse: el candidato Falcón denunció graves irregularidades y modalidades fraudulentas, aparte del consabido ventajismo oficial y el uso desmedido de los recursos del Estado a favor de la candidatura del régimen. En realidad, todo eso se sabía de antemano. Se repetía, simplemente, un guión que el régimen ha venido ejecutando desde 2000, como lo hemos señalado en estas líneas y en las de la semana pasada.
En nuestra próxima columna de opinión analizaremos finalmente el evento convocado por el CNE para el seis de diciembre próximo.