Las fuerzas armadas de Etiopía tomarán en los próximos días el control de Mekelle, la capital de la región de Tigray, informaron a última hora del viernes, un día después de que el primer ministro etíope anunciara la “fase final” de una ofensiva en la región.
Las fuerzas federales tomaron el control de Wikro, una ciudad a 50 km al norte de la capital tigrayana, y “controlarán Mekelle en unos días”, afirmó el teniente general Hassan Ibrahim en un comunicado. Las tropas etíopes también han tomado el control de varias otras ciudades, dijo.
Reuters no pudo contactar inmediatamente con el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios o para verificar la declaración.
Las afirmaciones de todas las partes implicadas en un conflicto que ya alcanza las tres semanas de duración entre el Gobierno federal y las fuerzas del TPLF han sido imposibles de verificar debido a que las conexiones telefónicas y de internet a la región se han interrumpido y el acceso a la zona está estrictamente controlado.
El viernes por la noche, “un fuerte ruido, posiblemente una explosión” pudo oírse en Asmara, la capital del país vecino de Eritrea, según informó la embajada de EEUU en la ciudad en un comunicado a principios del sábado.
Reuters no ha logrado ponerse en contacto con representantes del Gobierno eritreo desde hace más de dos semanas. Proyectiles del TPLF impactaron en la vecina Eritrea el 14 de noviembre.
El ejército etíope se ha estado enfrentando durante semanas a fuerzas locales rebeldes en la región septentrional de Tigray, que limita con Eritrea y Sudán.
Se cree que miles de personas han muerto y que se ha alcanzado un alto grado de destrucción a causa de los bombardeos aéreos y los combates en tierra desde que comenzara la guerra. Alrededor de 43.000 refugiados han huido a Sudán.
El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, acusa a los líderes tigrayanos de iniciar la guerra con el ataque a tropas federales en una base en Tigray el 4 de noviembre. El TPLF dice que el ataque se realizó de forma preventiva.
El Gobierno federal dio un ultimátum al TPLF el domingo pasado para que depusiera las armas o se enfrentara a un asalto a Mekelle, una ciudad de 500.000 habitantes, lo que hizo temer a los grupos de ayuda humanitaria por las numerosas víctimas civiles que podría dejar el ataque. El ultimátum expiró el miércoles.
Abiy, que anunció el jueves que el ejército iba a comenzar la “fase final” de su ofensiva, dijo el viernes a los enviados de paz africanos que su Gobierno protegerá a los civiles en Tigray.
Pero un comunicado publicado por la oficina del primer ministro después de su reunión no hizo ninguna referencia al inicio de conversaciones con el TPLF para poner fin a los combates. Tampoco mencionó ningún plan para futuras discusiones con las fuerzas tigrayanas.
CARTA A LOS ENVIADOS
El viernes se envió una carta a las distintas embajadas en Adís Abeba en la que se advertía que se arriesgaban a ser expulsadas en caso de ponerse en contacto con enemigos de Etiopía no identificados.
“Algunos agregados militares están trabajando con quienes pusieron en peligro la seguridad del país, identificados en una lista negra y perseguidos por la Fiscalía”, decía la carta. En la copia a la que tuvo acceso Reuters, el documento exhibía el sello del general de brigada Boultie Tadesse, del directorio de Relaciones Exteriores de Defensa.
“Expulsaremos a quienes no se abstengan de seguir en contacto con ese grupo extremista”.
Un portavoz militar y el jefe del grupo de trabajo del Gobierno para Tigray no respondieron a las peticiones de comentarios.
Billene Seyoum, portavoz de la oficina del primer ministro, dijo que no podía responder a preguntas sobre la carta, incluido si se refería al TPLF, sin consultar el documento original.
Los tigrayanos, que constituyen alrededor del 6% de los 115 millones de habitantes de Etiopía, dominaron el Gobierno hasta que Abiy accedió al poder hace dos años.
Abiy se comprometió a unir a los etíopes y recuperar las libertades tras años de represión estatal que llenaron las cárceles con decenas de miles de prisioneros políticos. Su Gobierno también sometió a juicio a altos cargos públicos tigrayanos por delitos como la corrupción, la tortura y el asesinato. La región de Tigray consideró que esos juicios fueron discriminatorios.
Las reformas de Abiy aumentaron el espacio político, pero también liberaron unas tensiones largamente reprimidas sobre el territorio y los recursos. Reuters