Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre se realizarán en Venezuela «como sea». Esa expresión la ha acuñado la cúpula chavista en todos sus discursos. La cuestionada «fiesta electoral» está a punto de celebrarse en el país caribeño, aunque los más de 20 millones de venezolanos que han sido convocados a las urnas han mostrado cierta abulia por el evento. Sin embargo, el régimen, en su obsesión por controlar la Asamblea Nacional, sigue firme en su decisión de elegir un nuevo Parlamento, a pesar de que una buena parte de la comunidad internacional rechaza rotundamente cómo el Gobierno de Nicolás Maduro promueve unos comicios que no cumplen las condiciones para que sean libres, democráticas y transparentes.
Pero Maduro ha dejado claro que no le inquietan los comentarios de la comunidad internacional, especialmente los de la Unión Europea, que propuso en septiembre al régimen aplazar las elecciones seis meses. El bloque comunitario advirtió entonces que, de celebrarse los comicios, esa nueva Asamblea Nacional tampoco recibirá su reconocimiento. Así que el próximo domingo se abrirán los centros electorales, y el 5 de enero, el Parlamento recibirá a 277 diputados que predican la política chavista. Mientras tanto, la oposición que apoya al presidente interino, Juan Guaidó, se ha negado a participar en las elecciones por considerarlas fraudulentas, y reúne esfuerzos para eclipsarlas con una consulta popular que iniciará el 5 de diciembre y culminará el 12.
«La elección parlamentaria convocada por el Gobierno y dirigida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no va a cambiar nada la situación actual. Ningún país que no reconoce a Maduro va a aceptar esa Asamblea Nacional surgida de esas elecciones. Y solo será validada por los líderes que apoyan a Maduro. Y él sabe que esas elecciones no legitimarán internacionalmente al Parlamento. Ni Estados Unidos ni la UE lo harán. Y lo que busca es que lo hagan sus aliados, es decir, Irán, China, Rusia y Turquía», dijo a ABC, el economista y director de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León.
Una Asamblea complaciente
Tras la victoria histórica de la oposición en las elecciones parlamentarias de 2015, para el chavismo fue difícil reponerse de esa derrota que lo dejó sin el control de la Asamblea Nacional. Desde entonces, la oposición ha legislado bajo amenazas, con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y anticonstitucionales, y con obstáculos como la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que restó poderes al legítimo Parlamento y adjudicó a Maduro poderes especiales para que tomara decisiones de carácter legal.
«Maduro ha insistido en estas elecciones del 6 de diciembre porque él y Venezuela están excluidos de la Comunidad de Democracias. Él no es reconocido por esa organización, y eso tiene un efecto secundario terrible, que es el cierre del acceso del país al mercado financiero internacional. Entonces, Venezuela y el Gobierno están asfixiados. Y Maduro está desesperado porque necesita recursos, y sus aliados, Turquía, Rusia y China, le han dicho que no le prestarán más dinero, ni negociarán la deuda, porque no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional», explicó también a ABC el exdirector del CNE, Andrés Caleca.
Según Caleca, Maduro creó hace tres años la Asamblea Nacional Constituyente, «pero no le sirvió de nada, porque después de esas elecciones, que no fueron reconocidas, y se hicieron violando la Constitución y el reglamento electoral, tampoco le prestaron un centavo». De modo que, «Maduro se ha garantizado un proceso electoral que va a tener una Asamblea Nacional absolutamente complaciente». La Constituyente fue creada con la excusa de reformar la Constitución, pero ya Diosdado Cabello, el segundo hombre más fuerte del chavismo y presidente de la ilegítima institución, dijo en septiembre que no propondrán una nueva redacción de la Carta Magna. Desde 2017, la Constituyente se ha dedicado a perseguir a quienes apoyan a Guaidó.
La semana pasada, Maduro sugirió al nuevo Parlamento juzgar a los diputados opositores e investigarles por supuesta corrupción. Su propuesta es que sea «con pruebas en la mano» contra el presidente interino y los legisladores que lo apoyan, que son mayoría en la actual Asamblea Nacional. La misma propuesta fue hecha el jueves, en un debate televisado, por la candidata chavista Iris Varela, al asegurar que demandará al TSJ que emita orden de captura contra quienes «pidieron sanciones, traicionaron la patria y hasta solicitaron una invasión extranjera».
Sin condiciones ni confianza
La poca participación que pudiese haber el próximo domingo estará enmarcada por la desconfianza que tienen los votantes hacia el proceso, hacia el CNE y, en parte, por la presencia desde marzo del covid-19, que ha dejado 101.215 contagiados en el país. «El Consejo Nacional Electoral no es confiable porque no representa a todas las partes, y no fue elegido bajo la constitucionalidad que se establece, sino por el TSJ», agregó León.
El CNE ha cometido fraudes en elecciones anteriores, en los que llegó incluso a amañar los resultados, según denuncias de Smartmatic, la encargada de proveer a Venezuela el sistema tecnológico para las máquinas de votación. En este contexto, estas sufrieron un daño irreparable luego que se incendiaran a principios de año las instalaciones electorales, ubicadas en Caracas, así que «las que se usarán ahora para las votaciones nadie las conoce, ni se sabe quién las fabrica, ni su funcionamiento, y los votantes no saben con qué se van a encontrar ese día al elegir a su candidato», dijo por su parte Caleca.
La celebración de las elecciones parlamentarias es inminente. Y una vez más, el chavismo ha pasado por encima de la Constitución, violando varios de sus artículos, todos ellos relacionados con el tema electoral. Las denuncias se deben a la modificación del número de congresistas que se elegirán: de 167 a 277; la confiscación de los principales partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo; la creación de un reglamento para elegir a mano alzada a tres diputados indígenas; y que todos los candidatos, afines al Gobierno, se presentarán en los comicios sin haber pasado por unas primarias.