El Tribunal Supremo español revocó este viernes el régimen de semilibertad que había sido concedido por la administración regional catalana a los nueve dirigentes separatistas condenados a largas penas de cárcel por el fallido intento de secesión de 2017.
En julio, la administración penitenciaria, dependiente en Cataluña del gobierno regional controlado por los independentistas, les había otorgado un régimen por el que podían ir a sus casas durante el fin de semana.
Además, desde principios de año, apenas unos meses después de su condena por el Tribunal Supremo, contaban con un estatus por el que podían salir a diario de la cárcel para trabajar o hacer labores de voluntariado.
La fiscalía recurrió estas medidas a un juzgado local, que rechazó sus argumentos, y después ante el tribunal sentenciador, que tiene la última palabra al respecto.
En la decisión anunciada este viernes por el Supremo, sus magistrados consideran que “se trata de una medida prematura” y que “es preciso que transcurra un tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno”.
Los dirigentes separatistas, impulsores de un referéndum ilegal de secesión y una baldía declaración de independencia en 2017, fueron condenados en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición.
Contando con el periodo transcurrido en prisión preventiva, el Supremo señala que “ninguno ha cumplido la mitad (de la condena), y la mayoría ni siquiera una cuarta parte”.
Entre los gobernantes, parlamentarios y activistas sentenciados, destaca Oriol Junqueras, condenado a 13 años, líder del partido separatista ERC y ex vicepresidente del ejecutivo regional.
El presidente de ese gabinete, Carles Puigdemont, marchó a Bélgica con algunos compañeros tras la fallida secesión y hasta ahora ha logrado evadir a la justicia española.
La tentativa separatista de octubre de 2017 marcó el punto máximo de tensión entre el gobierno español y los dirigentes de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, donde el apoyo independentista creció con fuerza en la última década.
La tensión empezó a apaciguarse en junio de 2018 con la llegada al poder en Madrid del socialista Pedro Sánchez, que ahora cuenta con la formación independentista ERC como socio habitual en el Congreso.
Su ministerio de Justicia está estudiando unas peticiones de indulto para los presos separatistas, al mismo tiempo que planea una reforma del delito de sedición que podría recortar sus penas.
AFP