Desde Max Weber sabemos que la burocracia es, ante todo, una estructura de dominación. En su taxonomía la burocracia encarna una de las tres formas de autoridad, el tipo legal-racional que actúa en base a normas neutrales e impersonales pre-establecidas.
En toda burocracia profesional e institucionalizada los funcionarios son designados por medio de procedimientos legales, estando ellos mismos sujetos a reglas que delimitan el alcance de su poder. Sus vidas personales están separadas de sus obligaciones públicas. El canon es el mérito y la imparcialidad; su desempeño se rige por la norma jurídica.
Gracias a la sociología de las organizaciones—campo de estudio de inspiración weberiana, justamente—también sabemos que, no obstante su profesionalización, la celeridad en la toma de decisiones no es una de los virtudes de las burocracias. La propia rutina administrativa—papeleos, trámites y oficios engorrosos—a menudo dilata dicho proceso.
Pero además es frecuente una cierta arbitrariedad en la administración del tiempo. Ello no es accidental sino parte esencial del poder burocrático, un recordatorio de sus espacios de discrecionalidad. Son los instrumentos útiles del funcionariado para sortear las reglas que limitan su poder. Y, por supuesto, dichas decisiones bien pueden estar acompañadas por actos de corrupción.
El problema es que no todas las burocracias son lo mismo y no todas las demoras son equivalentes. Para ilustrar el punto: dilatar la emisión de un permiso para instalar un kiosco tiene un impacto relativo, aún pudiendo constituir una arbitrariedad. Dilatar una investigación y posterior sentencia judicial es mucho más grave, los derechos que vulnera son de otra magnitud: la libertad, propiedad, integridad e, incluso, hasta la vida de las personas.
De ahí el aforismo “justice delayed is justice denied”; justicia retrasada es justicia denegada. Lo cual significa que para que una reparación se haga efectiva, debe realizarse en tiempo oportuno y de manera adecuada. De otro modo es lo mismo que no tener recurso alguno, que no haya reparación posible.
Y eso es exactamente lo que ocurre con el remanido “examen preliminar” de Venezuela de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y que se viene dilatando desde febrero de 2018 sin ingresar en el terreno de la investigación criminal firme y sólida. Un reclamo al respecto se lee en el último informe de la OEA desde el título del mismo: “Fomentando la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
Se trata de una interpelación contundente, algo así como “no demore más; inicie una investigación firme para poder determinar los hechos, deslindar responsabilidades y, de corroborarse la evidencia, castigar a los culpables y reparar a las victimas. Y agrego yo aquí: seguir dilatando, burocráticamente, quiere decir que no se hará justicia. Justicia retrasada es justicia denegada.
El reporte, de fecha 2 de diciembre, se presentó como actualización del informe de expertos de la OEA de mayo de 2018. Además utiliza insumos de los informes del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas de junio de 2018; de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas de julio de 2019 y julio de 2020; y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de septiembre de 2020.
Dichos estudios documentan los crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma: ejecuciones extrajudiciales, torturas, privaciones ilegitimas de la libertad, desapariciones, violencia sexual, desplazamiento forzoso y denegación de medicinas y alimentos, un verdadero Holodomor. Los últimos dos causaron la crisis de refugiados mas grave en la historia de las Américas, todo ello parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil,” según reza la definición de rigor.
A pesar de la información existente, la Fiscal Fatou Basouda continúa con el examen preliminar, actualmente en la tercera fase determinando la complementariedad, lo cual desde el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas de junio de 2018 está resuelto. De hecho, dicho informe concluye que existe más que razonable evidencia de la comisión de los crímenes citados y que el Estado no tiene la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables. En consecuencia, exhorta a la CPI a involucrarse en la materia.
La Fiscal podría invocarlo para emprender una investigación criminal bona fide de una vez, o podría hacerlo en virtud de una petición similar formulada por el informe de la OEA de mayo de 2018, que a su vez le fue remitido por seis Estados parte en septiembre de 2018 junto a idéntica solicitud, investigar dichos crímenes.
Solo con dicha moción la Fiscal tiene el mandato para actuar en consecuencia, pero prefiere continuar en la misma etapa preliminar, justificando su demora en habitual lenguaje burocrático. Así se dirigió también al Secretario General de la OEA, cuando su respuesta debió ser a las victimas a las que se les niega justicia. El propio Luis Almagro se lo señaló oportunamente.
En un torrente de tweets la Fiscal expresa su compromiso con los derechos humanos, su congoja y los supuestos progresos de la investigación preliminar. Los mismos no alcanzan, desafortunadamente, a despejar los nubarrones que ensombrecen su desempeño.
Considérese el siguiente hecho: en julio de 2018 la CPI celebró el vigésimo aniversario de la firma del Estatuto de Roma. Las fotos en la ocasión de la Fiscal sonriendo junto a Maikel Moreno no es la mejor imagen para sostener sus principios. Moreno, ex-convicto y presidente del Tribunal Supremo de Justicia, corte que jamás emitió una sentencia adversa al Ejecutivo, ya estaba entonces sancionado por la Unión Europea por corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La Fiscal tenia sobre su escritorio el informe de Naciones Unidas que determinó que el régimen no tenia la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos. Y también tenia el informe de la OEA que identifica a Moreno como instrumental en los abusos allí documentados. En lugar de fotos, Bensouda tal vez debió ordenar su arresto durante aquella celebración. La imparcialidad e independencia de la que presume por Twitter no podría sostenerlas en la cara de las víctimas y sus familiares.
No es casual entonces que la dictadura se sienta habilitada a cometer más crímenes. Toda esta situación solo contribuye a la impunidad. La represión del Estado no ha cesado, aumentando la magnitud, la intensidad y el sadismo de un régimen parte de un conglomerado narcoterrorista, según lo caracterizó el Departamento de Justicia. Se trata, por ende, de crímenes continuados.
En derechos humanos, “más vale tarde que nunca” es sinónimo de nunca para las victimas. Justicia retrasada es justicia denegada.
@hectorschamis