El Grupo Idea instó, a través de un comunicado, a los gobiernos democráticos del mundo a mantener su reconocimiento a la legítima Asamblea Nacional.
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“La dictadura realizó unas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre contando con un órgano electoral bajo su control, confiscando judicialmente los símbolos de los partidos de la mayoría parlamentaria que se le opone”, reza parte del texto.
A continuación, el comunicado íntegro:
DECLARACIÓN SOBRE LAS FRAUDULENTAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS Y LA DICTADURA EN VENEZUELA
Los exjefes de Estado y de Gobiernos participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), a propósito de las inconstitucionales y fraudulentas elecciones parlamentarias convocadas por Nicolás Maduro Moros, rechazadas por 4 de cada 5 venezolanos y que, según lo resuelto ayer por la OEA, consolidan “a Venezuela como una dictadura”, declaran lo siguiente:
Hace cinco años una misión de expresidentes invitada por la oposición democrática a través de IDEA observó, bajo rechazo del régimen dictatorial, las elecciones que dieran lugar a la actual Asamblea Nacional de Venezuela en ejercicio. La oposición logró una mayoría calificada de diputados cuyo mandato fue desconocido en lo inmediato por el mismo régimen a través de un Tribunal Supremo de Justicia espurio, instalado por la misma dictadura en los días previos a la inauguración del nuevo período constitucional parlamentario.
A la Asamblea Nacional, con la complacencia del Tribunal Supremo de Justicia señalado, se le ha impedido ejercer sus competencias constitucionales, asumiéndolas el gobernante de facto quien decide dictar leyes mediante decreto y que luego comparte con una Asamblea Nacional Constituyente integrada por militantes del partido oficial, elegida de espaldas al ordenamiento constitucional. Entre tanto los diputados son víctimas de persecuciones, encarcelamientos, sometidos algunos a torturas y otros expulsados al exilio.
La Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, la Unión Europea y el Parlamento Europeo dan cuenta oportuna de la ruptura progresiva y consumada del orden constitucional y democrático en Venezuela.
La Asamblea Nacional mediante acuerdos que dicta entre los años 2016 y 2019 declara reiteradamente las graves violaciones al orden constitucional que efectúa el Poder Ejecutivo y desconoce al igual que las organizaciones internacionales indicadas la inconstitucional y fraudulenta elección presidencial posterior, con la que Maduro se prorroga en el poder a partir del 10 de enero de 2018.
Ante estos graves hechos la Asamblea Nacional hubo de dictar un Estatuto para la Transición, como texto constitucional provisorio que guie la resistencia hasta que se alcance el regreso a la constitucionalidad y la realización de elecciones generales libres, justas y competitivas.
La dictadura realizó unas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre contando con un órgano electoral bajo su control, confiscando judicialmente los símbolos de los partidos de la mayoría parlamentaria que se le opone, incrementando inconstitucionalmente los curules en un 65%, creando circunscripciones nacionales inexistentes y desconociendo la norma sobre el voto directo, universal y secreto de los indígenas. Luego de violar
abiertamente la Constitución y hacerla desaparecer, esgrime ahora sus plazos para poner fin a la Asamblea Nacional que se le opone, que fue resultado de una voluntad popular incuestionable.
La dictadura amenazó con quitarles la comida a quienes no votasen por sus candidatos en las señaladas y espurias elecciones. Pero incluso así, después de haber organizado una observación internacional a su medida con misiones de gobiernos dictatoriales extranjeros y personalidades sujetas a sus beneficios, más del 80% de los venezolanos decidió abstenerse de votar. Rechazó a la dictadura y se pronunció en contra del dictador Maduro.
La comunidad internacional ha desconocido la farsa electoral parlamentaria y sus resultados. Por consiguiente, tal y como lo expresa la Organización Mundial de Juristas –World Jurist Association – y de acuerdo a lo previsto en el señalado Estatuto para la Transición, la Asamblea Nacional y sus autoridades legítimas habrán de permanecer ejerciendo la representación democrática de los venezolanos hasta tanto se alcancen unas
elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y bajo las seguridades de un Estado democrático y de Derecho.
Por consiguiente, instamos a los gobiernos democráticos del mundo, a Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y al Parlamento Europeo a mantener su reconocimiento a la Asamblea nacional legítimamente elegida en 2015 y a su presidente, como Encargado de la Presidencia de la República.
10 de diciembre de 2020