El Gobierno ejecutó este jueves a Brandon Bernard, el segundo hombre condenado a muerte por su implicación en el asesinato en 1999 de un matrimonio de religiosos en Texas.
A Bernard, un afroamericano de 40 años, lo declararon muerto a las 21.27 hora local (04.27 del viernes GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute (Indiana), según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).
La ejecución de Bernard recibió mucha atención mediática después de que la celebridad televisiva Kim Kardashian, quien ha destacado por su interés en el sistema criminal de justicia, abogase al presidente saliente, Donald Trump, por la conmutación de su condena.
“Si bien Brandon participó en este crimen, su papel fue menor en comparación con el de los otros adolescentes involucrados, dos de los cuales ya salieron de la cárcel y están en casa”, apuntó Kardashian en uno de múltiples tuits.
Bernard estuvo implicado junto a varios amigos en el asesinato en junio de 1999 de Todd y Stacie Bagley, un matrimonio de predicadores de Iowa que había viajado a Texas para un evento religioso.
El grupo de Bernard, liderado por Christopher Vialva, aprovechó que los Bagley habían parado para usar una cabina telefónica para pedirles hacer autoestop.
Una vez dentro del vehículo, los jóvenes redujeron a los Bagley y los encerraron en el maletero mientras recorrían cajeros automáticos tratando de extraer dinero de sus tarjetas de crédito y de empeñar el anillo de matrimonio de Stacie.
De acuerdo a documentos del Departamento de Justicia, estando en el maletero encerrados, “la pareja habló con sus secuestradores sobre Dios y suplicó por sus vidas”.
Pero en un punto los jóvenes decidieron acabar con sus vidas: fue Christopher Vialva quien abrió el maletero y les disparó, y luego le prendieron fuego al vehículo. Según la acusación, Stacie Bagley seguía viva cuando incendiaron el vehículo.
Dado que los asesinatos ocurrieron dentro de los dominios de la base militar de Fort Hood, en Texas, fue el sistema federal de Justicia el que asumió los casos de Bernard y sus cómplices.
Además de Bernard, fue condenado a muerte Vialva (ejecutado el 24 de septiembre pasado), mientras que otros cuatro hombres que en el momento de los hechos eran menores de edad llegaron a acuerdos con los fiscales.
En los días previos a la ejecución, cinco de los nueve miembros del jurado que lo condenó a muerte y la fiscal que estuvo a cargo del caso, Angela Moore, también abogaron por conmutar a Bernard su condena a muerte a cambio de una pena de cadena perpetua.
Su abogado, Robert C. Owen, dijo este jueves en un comunicado que “Brandon cometió un error terrible cuando tenía 18 años. Pero no mató a nadie, y nunca dejó de sentir vergüenza y un profundo remordimiento por sus actos criminales que cobraron las vidas de Todd y Stacie Bagley”.
La de Bernard fue la novena ejecución ordenada por el Gobierno de Donald Trump durante el segundo semestre del año, las primeras en casi dos décadas dentro del sistema federal y una racha sin precedentes desde la reintroducción de la pena de muerte cuatro décadas atrás.
Además, fue la decimosexta ejecución del año en Estados Unidos, nueve federales y siete estatales. Desde que el Tribunal Supremo restituyó en 1976 la pena de muerte, 1.528 presos han sido ejecutados en el país, aunque tan solo doce de ellos a manos del Gobierno federal.
El fiscal general de EEUU, William Barr, ha programado otras cuatro ejecuciones antes de que asuma el poder el próximo 20 de enero el demócrata Joe Biden, quien aboga por la abolición de la pena de muerte.
La próxima de las cuatro ejecuciones está programada para mañana, viernes, mientras que las otras tres para la semana del 11 de enero, la última de Trump en la Casa Blanca. EFE