La grave crisis humanitaria causada por el régimen de facto de Nicolás Maduro ha obligado a millones de venezolanos a huir de las violaciones masivas de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que diariamente se cometen en el país. Sin embargo, su desesperación obliga a que muchos abandonen el país de formas improvisadas y que ponen en grave peligro sus vidas. Este es el caso de los venezolanos que huyen a Trinidad y Tobago desesperadamente, en peligrosas embarcaciones, pudiendo naufragar y perder la vida en medio del mar.
Sumado a la situación ante descrita, si las personas migrantes y refugiadas venezolanas logran sobrevivir este peligroso trayecto y desembarcan en Trinidad y Tobago también están sometidos a la zozobra de estar inmersos en procesos judiciales como consecuencia de su permanencia irregular en ese país, dentro de los cuales ha habido diversas denuncias de que esos procesos se han realizado sin las mínimas garantías judiciales y han sido deportados colectivamente a Venezuela.
A pesar de lo anterior, un nuevo lamentable y doloroso hecho sucedió el 12 de diciembre de 2020, cuando la Guardia Costera venezolana halló cuerpos sin vida de 19 venezolanos, entre ellos mujeres y niños, quienes estaban desaparecidos desde hace días en una embarcación altamente peligrosa. Fueron hallados en las costas del puerto de Güiria, en la Península de Paria.
El Comisionado de la Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, recibió la denuncia de sus familiares sobre que el peñero zarpó el 6 de diciembre desde Güiria a Trinidad. Sin embargo, una vez arribaron a Trinidad, fueron devueltos por el gobierno trinitense en estas peligrosas condiciones, sin garantizarles el derecho a solicitar asilo y violando el principio de no devolución. Como consecuencia, y muy lamentablemente, fueron encontrados sus cadáveres flotando en medio del mar el día de ayer.
El Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos rechaza categóricamente esta devolución en caliente de los venezolanos negándoles el derecho de solicitar asilo. Además, destaca que no es un hecho nuevo, sino que constituye una practica reiterada del gobierno trinitense de deportar de forma colectiva a los venezolanos poniendo en riesgo sus vidas en medio del mar, como sucedió a finales de noviembre con la deportación de 16 niños y niñas venezolanos, algunos no acompañados de sus padres.
Aunado a lo anterior, este hecho viola flagrantemente el principio de no devolución, el cual es un principio de ius cogens que obliga a los Estados a que no devuelvan a las personas a un país donde sus vidas e integridad personal corren peligro, como es el caso de Venezuela, un país donde se cometen crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas de derechos humanos e inmerso en una grave crisis humanitaria.
Asimismo, el gobierno trinitense actúa en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual en su Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas recomendó a los Estados abstenerse de utilizar mecanismos de detención migratoria y otras medidas como la deportación o expulsión colectiva que aumenten los riesgos de propagación de la enfermedad y amplíen la situación de vulnerabilidad de las personas en movilidad humana.
Es por lo anterior que el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas rechaza y condena la devolución de 19 venezolanos del gobierno de Trinidad y Tobago a Venezuela en condiciones altamente peligrosas e inhumanas; lamenta el fallecimiento de estos venezolanos, entre ellos mujeres y niños, enviando sus más sinceras condolencias a sus familiares y allegados; y le exige al gobierno trinitense el cese de estas violaciones a los derechos humanos de los refugiados venezolanos.
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas