El Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, presentó, en conjunto con el equipo de Trabajo de la Coordinación de Litigio y Relaciones Internacionales de la Comisión Presidencial, un Plan Nacional de DDHH del Gobierno Interino, todo ello con la finalidad de dar a conocer mecanismos de participación democrática que permitirán a los diversos sectores de la sociedad civil emitir comentarios en los próximos meses, de modo que el documento definitivo del Plan sea el resultado de un dialogo sostenido con las personas que serían los beneficiarios, directos o indirectos, de las políticas públicas allí contempladas.
Es importante destacar que el Plan Nacional de Derechos es una iniciativa del Gobierno Interino destinada a sistematizar, planificar y ejecutar políticas públicas para el mejor desarrollo de los DDHH en el país. Dicho de otra manera, es una propuesta complementaria al Plan País que ya viene trabajando el Gobierno Interino, solamente que hace aportes desde un enfoque de promoción y protección de derechos humanos, que, dicho sea de paso, forma parte de las obligaciones nacionales e internacionales que el Estado tiene frente a todas las personas bajo la jurisdicción venezolana.
“La planificación de políticas públicas por el Ejecutivo Nacional son una buena práctica internacionalmente reconocida, recomendada incluso por el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. Varios Estados a lo largo de la historia reciente la han implementado con resultados prometedores Planes”, explicó la coordinación de Litigio y Relaciones Internacionales durante la presentación de la plataforma Trello, que permitirá una revisión más interactiva y expedita del contenido.
La Comisión explicó que, El Plan está estructurado en 5 componentes, que se centran las áreas más importantes y diversas en materia DDHH. A saber: (i) la Igualdad y no Discriminación; (ii) Institucionalidad, seguridad y justicia; (iii) Memoria, verdad, justicia y reparación; (iv) Acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); y (v) Cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.
Asimismo, aclararon que la implementación y seguimiento de esta iniciativa está compuesta por dos fases, esto es, una consulta ciudadana previa que consiste en la participación de la mayor cantidad de sectores de la sociedad civil venezolana a través de un proceso de sociabilización, que luego abordará la remisión de observaciones escritas por parte de cualquier venezolano o venezolana con interés en las áreas a través de Trello.
“El primero paso de esta etapa de sociabilización dio inició en el mes de septiembre hasta inicios de diciembre 2020, donde la Comisión Presidencial efectuó exposiciones privadas a Organizaciones No Gubernamentales, siendo consultadas 70 organizaciones y más de 195 personas. La segunda etapa se refiere a la remisión de información por parte de la sociedad civil a través de la Plataforma Trello”, reseño la Comisión.
El segundo paso es la implementación, el comisionado aseveró que este Plan incluye a múltiples actores del Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como la Administración pública centralizada y descentralizada.
“El Plan comprende netamente iniciativas y acciones del Poder Ejecutivo y no de los demás Poderes Públicos, sin embargo, amparados en el artículo 226 y 236 de la Constitución Nacional, se han diseñado políticas públicas de iniciativas legislativas o capacitación de funcionarios públicos de la justicia. Igualmente, en el contexto de cese de la usurpación, bien tiene la Comisión
Presidencial a la luz del Estatuto de la transición el efectuar recomendaciones al Parlamento Nacional, de caras a que se adopten acciones extraordinarias, cónsonas con la protección del Estado de Derecho, para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, agregó.
El tercer paso es el seguimiento, revisión y actualización continua del Plan de una manera estricta, donde la Comisión para DDHH ha dispuesto que “entendiendo que cada uno de los indicadores específicos contiene el plazo en que este debe ser cumplido (corto, mediano y largo plazo). Se estima que el Plan pueda ser cubierto, en gran medida, en un periodo de 5 años, una vez inicie la transición democrática en la nación”.
Igualmente, la Comisión fue sincera y transparente en afirmar que el Plan está diseñado para ejecutarse en un contexto de control efectivo del territorio y las institucionales públicas nacionales, empero, no debe esperarse a que ese momento arribe para iniciar la planificación pública, y de cualquier manera al menos 14 indicadores pueden ejecutarse con independencia de dicha circunstancia.
Al respecto, la Coordinación de Litigio y Relaciones Internacionales aseveró que la ratificación de Tratados en materia de DDHH como el Protocolo de San Salvador relativo a DESCA, así como la redacción de un proyecto de Ley sobre protección de personas defensoras de DDHH, forman parte de gestiones concretas que ya se han adelantado en el marco de este año 2020.
Destacaron que, la lectura del Plan Nacional de DDHH puede efectuarse de dos formas. La primera, mediante la plataforma interactiva Trello, que permite una revisión más expedita, esta se encuentra mediante la página de la Comisión Presidencial para DDHH, www.comisionadoddhhv.org.
La segunda, es la lectura exhaustiva del texto del Plan Nacional, la cual se dispondrá, de entre otras maneras, de un folleto para aquellos que no tengan acceso a internet. Aquellos interesados en revisar el texto íntegro del Plan también pueden hacerlo desde la página web de la Comisión Presidencial.
“La única condición para la remisión de información es tener nacionalidad venezolana. Además. La remisión de información puede efectuarse desde una organización o de manera individual. Igualmente, toda persona interesada en una lectura exhaustiva del Plan, más allá de los componentes interactivos disponibles en Trello, puede consultar el Plan en su totalidad en la página web de la
Comisión Presidencial”, aseguró el Comisionado.
Especificaron que el componente de justicia e institucionalidad buscará resolver el tema del desarme de grupos irregulares, los valores democráticos de la Fuerza Armada y el respeto a la ley. También trabajaría temas de seguridad pública, violencia institucional, integridad de los privados de libertad, acceso a la justicia y garantías del debido proceso.
La igualdad y no discriminación estarán destinados a la protección de los más vulnerables y el acceso a sus derechos, la capacitación de funcionarios públicos en materia de no discriminación a las minorías, el ajuste de la legislación interna en materia de minorías sexuales (LGBTI) y la emisión de un reglamento para la ley orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Consideraron, la eliminación de todo proyecto realizado en tierras indígenas sin consulta previa. “Las poblaciones indígenas han perdido la propiedad colectiva de los territorios ancestrales, donde han realizado un sinfín de actividades ilegales en territorios como el Arco Minero, que resultan en una vulneración a los derechos de los indígenas, exponen a las mujeres y niñas a la trata y tráfico sexual y amenazan el derecho a un medio ambiente sano”, expuso la coordinación.
En referencia a los grupos vulnerables, plantearon la fijación de una pensión a los adultos mayores mediante un sistema de seguridad social más justo, el acondicionamiento de áreas para personas con discapacidad, fortalecer el sistema de responsabilidad penal juvenil acorde a estándares del derecho internacional de los derechos humanos y la modificación de la legislación en cuanto a la adopción.
Los juristas hicieron especial énfasis, en colocar ante la palestra pública un debate democrático y ciudadano de caras a una eventual modificación de los supuestos legales por los cuales se permite el aborto. Esto surge como una iniciativa que vislumbra la realidad regional y las nuevas tendencias del derecho interamericano de los DDHH, donde existe una deuda pública en favor de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos. Todo ello, sin embargo, debe necesariamente pasar por un proceso de consenso social, por lo que al final la teleología del Plan es que estos temas finalmente se discutan más allá de ser aprobados de una u otra manera.
En cuanto a la educación, establecieron que es trascendental una provisión de comida, uniformes y útiles escolares, al igual que un plan de conectividad para escuelas rurales, instalar áreas de educación públicas e inclusivas con diferentes niveles para niños con discapacidad, la renovación de programas de becas a universidades en el extranjero y la promoción de escuelas privadas a bajos costos.
Respecto al trabajo y la seguridad social, creen necesaria la fijación de un salario mínimo digno en consulta de las relaciones sindicales, tal como indica el convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Comisión propuso incentivar la inversión privada en distintos ámbitos económicos, la suspensión de toda actividad ilegal de minería, para organizar un protocolo de recuperación de las zonas afectadas, también invertir en energía sostenible y el mantenimiento y restablecimiento de los servicios básicos (agua, gas y electricidad).
En el Componente III, relativo a justicia transicional, el equipo de Litigio explicó la necesidad de generar estudios comparados sobre experiencias transicionales, siendo que el Plan en este aspecto busca tener un enfoque exploratorio, ya que las condiciones de una transición no deben ser fijadas, al menos no solamente, por la Comisión Presidencial.
No obstante, aseguraron que con ello se busca la reconciliación nacional a través de una Comisión de la Verdad que fije hechos respecto de violaciones de los últimos años. Comentaron que, se basaron en experiencias comparadas latinoamericanas, así como la de otros países como Sri Lanka, Timor Oriental e Islas Salomón. Esto último ya que en esos casos Naciones Unidas tuvo un papel importante, y ello se asemeja al rol activo que ha tenido el ACNUDH y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos.
Acotaron que, aunque hay medidas que pueden ser tomadas a corto plazo, la mayoría sería aplicable una vez se consiga un gobierno de transición y una vez implementado se realizaría un proceso de seguimiento mediante un informe público en el que los venezolanos daría su valoración.
Finalmente, resaltaron que el Plan debe ser concertado con la sociedad civil, ya que es la única manera de que realmente se trate de una propuesta de derechos humanos “no puede versar sobre el particular si los beneficiarios directos no dan su opinión y propuestas. El Plan debe ser de abajo hacia arriba y no a la inversa”
HUMBERTO PRADO SIFONTES
Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Nota de prensa.