Jamás había escuchado de boca de dictador alguno en el planeta, una amenaza tan miserable como la del inefable Diosdado Cabello, cuando, al coaccionar al pueblo venezolano a que saliera a votar en las espurias elecciones del pasado 6 de diciembre (6D), espetara sin pudor: “el que no vote no come”, evidenciando el talante de la tiranía usurpadora de subyugar a un pueblo a través del hambre y del empobrecimiento de que ha sido víctima.
Pese a ello, y a las diversas formas de presión ejercidas por el régimen para forzar a la población a votar, el resultado del 6D fue contundente: según el CNE oficialista, votó el 30% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral, cifra que se estima fue duplicada fraudulentamente. De ser así, el voto real no habría superado el 15%, dando un contundente mensaje de rechazo a la farsa, al ventajismo, y a la intención del oficialismo de apoderarse por medios ilícitos del único de los poderes públicos que no estaba en sus manos: la Asamblea Nacional (AN), para afianzar su plan totalitario, incluyendo la pretendida implantación del modelo de Estado Comunal, y la aprobación expedita de cuantas leyes pudieren resultar convenientes a sus objetivos.
Si tomáramos como válidas las cifras del CNE, dejaron de votar 14,5 millones de electores, con un descenso en el porcentaje de votantes, del 75% en la elección parlamentaria del 2015 al 30% reconocido por el Consejo en estos comicios, es decir, una disminución del 44%. Es pues claro el distanciamiento de la población venezolana respecto a la acumulación de actos inconstitucionales y legales en que incurrió el régimen desde el momento de la convocatoria al proceso electoral, hasta su celebración y realización de escrutinios.
De acuerdo con dichas cifras, y dada la abstención decidida por 27 partidos y movimientos políticos opositores en Venezuela, el PSUV (partido de gobierno) conquistó 253 de las 277 curules de la AN (91,3%), y los restantes 24 diputados correspondieron a los partidos que fueron secuestrados por el régimen, a los cuales el TSJ confiscó sus logos y sedes, y designó arbitrariamente a directivas afines. En otras palabras, el régimen dominará el 100% de la AN ilegítima, pues los pocos parlamentarios no pertenecientes al PSUV se plegarán a los designios del régimen, con lo cual podrán, o al menos intentarán, gobernar como les venga en gana. Las reacciones no se han hecho esperar: la Unión Europea, EE.UU., el Grupo de Lima, la OEA por amplia mayoría, y buena parte de las democracias respetables del mundo han desconocido los amañados comicios, que tuvieron como árbitro a un CNE obsecuente, designado por el Tribunal Supremo de Justicia oficialista, y que contó además como únicos observadores a personajes como Evo Morales y Piedad Córdoba. Dada la inexistencia de condiciones mínimas, la Unión Europea se negó a enviar delegados observadores a Caracas.
Según un informe elaborado por SÚMATE, organización especializada en el análisis y seguimiento de procesos electorales, con esa enorme abstención, el pueblo se expresó, pese al ventajismo, la coacción e intimidación ejercida por el régimen y sus estructuras políticas. El informe denuncia además las numerosas irregularidades que vician el proceso, entre ellas haber impedido el registro de más de 3 millones de ciudadanos que lo requerían; la conformación de Juntas Regionales y Municipales Electorales con funcionarios públicos o partidistas, sin el sorteo abierto; la intervención previa de cinco partidos políticos, tres de la oposición y dos de la disidencia del oficialismo; la limitación al derecho a voto de la población indígena; la movilización de electores con bienes y recursos del Estado en el 60% de los centros de votación, entre ellos los jefes de calle o de distribución de alimentos (CLAP); haber mantenido abiertos el 80% de los centros de votación más allá de las 6 p.m. sin personas aguardando en las colas; la utilización de los mecanismos de control social como el carnet de la patria y las cajas de alimentos CLAP; el uso de propaganda electoral en los centros de votación, con presencia de grupos armados violentos en sus cercanías; el voto asistido a ciudadanos de manera forzada por parte de las estructuras del PSUV; la falta de impresión de actas para testigos y miembros de mesa; la no apertura de las cajas de resguardo para el conteo y verificación de votos; y, el oscuro e imponderable tema de la manipulación del voto electrónico, que constituye la caja negra del sistema electoral venezolano.
Ante esta realidad, Juan Guaidó, presidente encargado y grupos de oposición habían convocado desde hace tiempo atrás la realización de una consulta popular, basada en los preceptos constitucionales de participación ciudadana previstos en el artículo 70 de la Carta Magna, una de cuyas modalidades es la consulta popular. Esta consulta se cumplió entre los días 7 y 12 de diciembre, con tres preguntas básicas que resumo: 1) Exigencia del cese de la usurpación y convocatoria a elecciones libres; 2) Rechazo al evento electoral organizado por el régimen el pasado 6D; 3) Orden de gestionar ante la comunidad internacional el apoyo al rescate de la democracia, la atención a la crisis humanitaria y la protección de los derechos humanos de los venezolanos. Si bien muchos dudaron de la necesidad de esta nueva consulta, pues ya se había realizado una en 2017 de la cual surgió un claro mandato, en esta ocasión cobró vigencia la necesidad de una nueva expresión de rechazo a la farsa chavista del 6D, y de disposición para requerir de la comunidad internacional apoyos concretos que permitan el rescate de la libertad en Venezuela. Por esa razón, participé con mi familia en la consulta, para hacerme parte de la expresión de rechazo al régimen. Corresponde ahora al gobierno interino, con el resultado obtenido, que superó los 7 millones de participantes, duplicando los obtenidos por el régimen, asegurar que dicho mandato no se convierta en esperanzas frustradas, pues ello hundiría la credibilidad en la dirigencia opositora, y provocaría un mayor abatimiento de la población venezolana, sumida como está en la mayor tragedia de su historia republicana.
Queda ahora por definirse qué ocurrirá en enero, una vez que la ilegítima AN surgida el 6D se instale. La interpretación de varios constitucionalistas, y de países como EE.UU. y de la OEA es que, dada la invalidez de la elección celebrada el 6D, la AN legítima actual deberá seguir en ejercicio hasta tanto se cumpla con la celebración de elecciones justas y que, en consecuencia, Juan Guaidó podría seguir siendo el presidente encargado de la República.
El régimen opresor gobernante fue por lana y salió trasquilado. Y aunque sus voceros reiteran que poco les importa la opinión internacional, no cabe duda de que ha quedado doblemente deslegitimado. El mundo debe por ello percibir que es el momento de proteger a un pueblo que está siendo víctima de un genocidio, y de la destrucción de su economía e instituciones. Y que los militares reflexionen sobre la responsabilidad histórica de respetar la voluntad popular. No es necesaria una acción de fuerza: la salida pacífica a la crisis se daría si simplemente exigen al régimen que se apegue a la maltratada Carta Magna, y que se celebren elecciones limpias y con garantías.