A tres meses de la muerte de los ciudadanos José Enrique González Páez (23) y Johandry Blanco (25) en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo del estado Monagas, por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), familiares exigen a la Fiscalía 11 un pronunciamiento sobre este hecho y justicia.
De acuerdo a la versión de los parientes de las víctimas, hasta ahora no ven avances sobre el caso ni que sean aplicadas medidas correctivas para evitar que situaciones lamentables como estas sigan enlutado a los venezolanos.
El suceso ocurrió aproximadamente a las 3:00 am del 7 de septiembre cuando las Faes ingresaron violentamente a la casa de González, quien se encontraba durmiendo, al igual que su hijo, esposa y cuñado.
González tenía a su pequeño en brazos cuando los funcionarios lo obligaron a arrodillarse y llevarse las manos a la nuca, por lo que lo entregó a su pareja, quién por orden de otro efectivo fue expulsada con su bebé a la calle durante la madrugada. Minutos más tarde escuchó los disparos que acabaron con la vida de José y Johandry.
Sin embargo no todo quedó hasta allí, ya que durante este hecho también murió otro ciudadano, ajeno a la vivienda y quién según la versión familiar, fue ingresado al lugar posiblemente ya sin signos vitales. Posteriormente los tres cadáveres fueron trasladados al Hospital Dr. Tulio Ramírez alrededor de las 5:00 AM.
En cuanto a esto y en rechazo a la declaración de la vocería oficial de tratar el caso como un enfrentamiento, los familiares organizaron una protesta el pasado 23 de septiembre, pero el 16 de octubre, las FAES arribaron al lugar de forma intimidante, donde retuvieron y trasladaron sin consentimiento a 72 personas en dos autobuses rojos, desde Barrancas hasta Temblador, una población ubicada a 40 minutos.
El padre de una de las víctimas hizo un llamado de atención a la justicia venezolana para que no se sigan incriminando a personas inocentes en hechos delictivos, y mucho menos, tras ser sesinados bajo fachadas de “enfrentamiento”,
cuando son los grupos de seguridad los que actúan de manera irresponsable. Asimismo precisó que es necesario que los efectivos sean suspendidos de sus
cargos mientras se investiga su responsabilidad.
A propósito de esto, Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en los estados Monagas, Nueva y Esparta y Sucre, precisó que el caso será elevado a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Caracas.
Nota de prensa