Al menos 12 trabajadores de la salud han sido detenidos en Venezuela por denunciar la crisis sanitaria

Al menos 12 trabajadores de la salud han sido detenidos en Venezuela por denunciar la crisis sanitaria

Un miembro del personal de Médicos sin Fronteras se prepara para esperar a que los pacientes se hagan la prueba de COVId-19 frente a una bandera venezolana en el Hospital Pérez de León del barrio de Petare, en el este de Caracas, el 23 de junio de 2020, en medio de la nueva pandemia de coronavirus. . (Foto por Federico PARRA / AFP)

 

 

Los esfuerzos de las autoridades para hacer cumplir las medidas restrictivas frente a la pandemia de coronavirus han derivado en violaciones a los Derechos Humanos en unos 60 países, según un informe de Amnistía Internacional que denuncia actuaciones policiales “abusivas” y una “excesiva dependencia” de las fuerzas de seguridad.





La ONG da cuenta de casos de discriminación, arrestos arbitrarios, palizas e incluso homicidios.

En Venezuela, al menos 12 trabajadores de la salud han sido detenidos y llevados ante los tribunales durante la pandemia luego de hacer referencia a preocupaciones concernientes a la seguridad sanitaria.

Además, las autoridades pusieron en cuarentena en centros inadecuados, a menudo bajo control militar, a decenas de miles de migrantes y refugiados que regresaban al país.

Funcionarios de alto nivel del régimen de Nicolás Maduro describieron a estos refugiados que retornaban de Colombia como “traidores” y “armas biológicas” enviadas para infectar a las personas que viven en Venezuela.

La organización alerta, además, de detenciones masivas y arbitrarias, con justificaciones que van desde no respetar las medidas de cuarentena a incumplir las restricciones de viaje, celebrar reuniones o criticar públicamente la gestión de las autoridades, lo que abre la puerta a la represión de la disidencia.

Amnistía Internacional estima que las detenciones, el uso de la fuerza generalizado y la dispersión de manifestaciones han aumentado el riesgo de contagio, tanto para policías como para los civiles que se ven afectados por las intervenciones.

En la misma línea, la directora del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos, Anja Bienert, consideró “esencial” que las autoridades antepongan las “buenas prácticas de salud pública” a “enfoques coercitivos” que “han resultado contraproducentes”.

Bienert señaló, además, que la actuación de las fuerzas de seguridad deben tener unos límites, en virtud de los cuales los agentes deben rendir cuentas en caso de que se cometan excesos. Sin rendición de cuentas, “se dará luz verde a nuevos abusos de poder”, aseguró.

Con información de EUROPA PRESS