Ya concluida la consulta popular del 7 al 12 de diciembre y las elecciones del 6 de diciembre, para muchos venezolanos es motivo de angustia que independientemente de los resultados obtenidos, los distintos actores políticos sostienen y consideran en los apoyos recibidos como una convalidación de las propuestas establecidas en las dos convocatorias realizadas.
Por ello buena parte de los ciudadanos consideran que nos encontramos en una especie de tremedal político, donde nadie se mueve y no se observa que rumbo se va a tomar que pueda lograr resultados positivos que permitan mejorar la actual complejidad socioeconómica que afecta a las familias y así poder disminuir sus angustias y a la vez el país empiece a desarrollar sus potenciales y recursos naturales en beneficios de sus habitantes.
Los que promovieron la consulta popular ratifican que esta válida y conlleva a la continuidad de la actual Asamblea Nacional hasta que se realicen unas elecciones que cumplan con lo establecido en la Constitución, incluyendo la designación de una directiva del Consejo Nacional Electoral, que sea confiable y garantice la necesaria transparencia de las elecciones que se lleven adelante para elegir una Asamblea que sea representativa de la voluntad ciudadana. Por lo tanto consideran vigentes sus facultades constitucionales a partir del 5 de enero del 2021, sosteniendo de esa manera la validez del Gobierno interino y las funciones de la actual Asamblea Nacional.
Las elecciones del pasado 6 de diciembre, le dieron al partido de gobierno más del 90% de los diputados electos, con lo cual ejercen una mayoría absoluta y total para cualquier decisión que quieran llevar adelante; haciendo énfasis que esta elección es un rechazo a las sanciones impuestas por distintos países del mundo, afectando las exportaciones de petróleo y otras materias primas, así como impidiendo o bloqueando la importación de productos esenciales para sostener la operatividad de buena parte de la industria nacional.
Las observaciones realizadas por los voceros opositores es que la participación electoral fue mucho menor a la reflejada en los cómputos electorales, por lo cual tan baja participación de los ciudadanos no legitima la actual Asamblea electa el pasado 6 y así lo demuestra con la elección del número de diputados que van a representar al partido de gobierno de manera casi total en esta institución, así como rechazan que las sanciones sean la causa de caída de la economía y de los bajos índices sociales, al considerar que es la gerencia pública y el manejo manirroto de los recursos petroleros los responsables de esta situación.
Los voceros oficiales insisten en que a partir del 5 de enero 2021 será la nueva Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre la vigente y con las plenas facultades establecidas en la Constitución. Con lo cual tendremos una continuidad de la conflictividad política actual.
Para el común de los ciudadanos parece repetirse la confrontación política observada en los últimos años donde solo ellos resultaron ser los principales afectados de esta grave situación que solo les ha traído calamidades y angustias, lo cual se observa en los bajos niveles de calidad de vida y desarrollo humano. Se hace evidente el tremedal en que nos encontramos que inmoviliza a las instituciones y paraliza al país, no observándose ningún avance que nos indique un rumbo distinto que nos facilite alternativas y soluciones a nuestras limitaciones.