Un proyecto de ley presentado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, para combatir el crimen organizado desató polémica este lunes entre el oficialismo y parlamentarios de oposición, que apuntan a que los problemas delictuales deben encauzarse con mejoras en la gestión policial.
El mandatario presentó la norma el domingo con el objetivo de “perseguir y sancionar con más y mejores instrumentos a la delincuencia organizada” y emplazó al Congreso a aprobarla a la brevedad.
Sin embargo, la iniciativa no fue bien recibida por numerosos parlamentarios e incluso llevó a la Mesa del Senado, que encabeza la Cámara Alta, a emitir una declaración pública en la que afirma que la propuesta “carece por completo de verosimilitud” porque la actual legislación “ya persigue este tipo de delitos”.
“Rechazamos tajantemente las declaraciones del Presidente que ha endosado al Congreso Nacional sus responsabilidades en el fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia”, aseveró el comunicado.
El máximo órgano del Senado apuntó al Ejecutivo como el responsable de que todavía no se haya aprobado la modernización del cuerpo policial de Carabineros, una institución que ha sido señalada por parte de diversos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos a causa de la represión en las manifestaciones.
En tanto el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, instó a los parlamentarios a evitar “declaraciones cruzadas” e hizo un llamado a “trabajar conjuntamente”.
“Debemos, más allá de buscar culpables, sentarnos de verdad en una mesa y pensar en la gente, en esa familia y en tantas otras que han perdido a sus miembros”, aseveró el titular de cartera.
El proyecto de ley para combatir el crimen organizado se presentó tras varios episodios de tiroteos en diversos barrios de la capital por conflictos entre bandas rivales, que terminaron con cuatro personas fallecidas en la última semana.
El artículo más controvertido de la iniciativa es el que modifica el delito de “asociación ilícita” reemplazándolo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.
La asociación criminal sancionará a quienes formen parte de grupos para cometer crímenes con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años. La asociación delictiva, castigará a todos aquellos que se unan para cometer delitos simples, con penas de privación de hasta 5 años.
La norma también propone la incorporación de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas e infiltración en redes y grupos criminales con la autorización de un juez de garantía.
“Solo unidos y con un sentido de urgencia en la acción, podremos controlar las bandas delictivas y el crimen organizado y devolverles a todas las familias chilenas el derecho a una vida más libre”, dijo el mandatario.
Chile, el país con menor tasa de homicidios de América Latina, ha experimentado en el último año un aumento de un 34 % en el número de asesinatos según el cuerpo de Carabineros, que apuntó a un incremento de casos por “ajuste de cuentas” relacionados con bandas criminales.
EFE.