Estados Unidos acusa a Claudia Patricia Díaz, quien fuera enfermera del ex presidente de Venezuela Hugo Chávez, y a su marido, Adrián José Velásquez, de blanquear al menos 4.281.051 dólares en sobornos a través de yates, caballos de carreras, ropa y relojes de alta gama. Las autoridades americanas dictaron una orden de detención internacional contra ambos, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, que provocó que la Policía detuviera a ambos en Madrid y los pusiera a disposición del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que los dejó en libertad con medidas cautelares.
Por Esteban Urreiztieta / El Mundo
La nueva orden de arresto sostiene que entre 2008 y 2017, el empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, propietario y presidente del canal de televisión venezolano Globovisión, pagó comisiones al ex tesorero nacional de Venezuela, Alejandro Andrade. Éste último ya está condenado por corrupción, sobornos y lavado de dinero tras confesar haber recibido hasta 1.000 millones de dólares en sobornos.
Siempre según las autoridades estadounidenses, Gorrín sobornó a Andrade, un militar que pasó de ser guardaespaldas de Chávez a responsable de sus finanzas en 2007 tras una carrera fulgurante. El motivo de los pagos radicó en «asegurarse los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano con tasas favorables». Se trataba de tener acceso a estos lucrativos cambios de divisas, tanto antes como después de la muerte de Chávez, para amasar una importante fortuna.
Andrade ingresó en prisión en febrero de 2019 para cumplir una condena de diez años, pidió disculpas al pueblo venezolano y decidió colaborar en las investigaciones relacionadas con la corrupción en el cambio de divisas.
“COMPLEJAS TRANSACCIONES FINANCIERAS”
«Alrededor de 2008, Andrade permitió que Gorrín cambiara dólares por bolívares para el Gobierno venezolano a un tipo de cambio fijo favorable», arguye EEUU. Todo ello, «a cambio de un soborno del 50% de la ganancia al explotar la diferencia entre el tipo de cambio fijo (seis bolívares por dólar) y el tipo fijado en el mercado negro (60 bolívares por dólar)». Acto seguido, añade, los beneficios obtenidos se «blanquearon mediante una serie de complejas transacciones financieras».
De esta forma, EEUU sostiene que Gorrín «pagó y blanqueó los sobornos desde o a través de cuentas bancarias» en su país. Pero señala que también «buscaron ayuda para abrir cuentas bancarias para canalizar los sobornos a través de múltiples destinos antes de llegar a su destinatario final». En el marco de esta operativa, las autoridades americanas sitúan a la ex enfermera de Chávez y a su marido en una posición clave para consumar con éxito la «estratagema».
De esta forma, «alrededor de 2011, después de que Andrade dejara su cargo (como tesorero nacional), presentó a Gorrín a Díaz para facilitar la continuación de la estrategia de soborno». En este sentido, los pagos se articularon a través del esposo de la ex enfermera para «asegurar los derechos para realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano con tasas favorables».
YATES Y EMPRESAS DE MODA
EEUU asegura tener acreditado que «Gorrín transfirió electrónicamente dinero a Velásquez para jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama e incluso una empresa de moda». Entre las operaciones, la orden de detención internacional destaca dos.
La primera data del 15 de marzo de 2013, cuando el empresario «transfirió 281.051 dólares desde una empresa suiza a la cuenta de una empresa de yates en el Distrito Sur de Florida». «Esos fondos se utilizaron para comprar un yate para Velásquez», asevera el documento.
«De manera similar», prosigue la orden de arresto, «el 17 de mayo de 2013, Gorrín transfirió 4.000.000 dólares desde la cuenta bancaria de otra de sus empresas en Suiza a una cuenta bancaria de Velásquez, también en el Distrito Sur de Florida». En esta ocasión, «a nombre de una empresa de moda». «Ambos pagos», subrayan las autoridades americanas, «se llevaron a cabo en beneficio de Díaz y con el propósito de promover la estratagema de soborno».
RETIRADA DEL PASAPORTE
Tanto Díaz como su marido niegan rotundamente haber sido los receptores de estos fondos así como el lavado de los mismos. Es más, afirman, asistidos por el letrado Ismael Oliver, que no son los titulares de ninguna de las cuentas que les atribuye EEUU.
El juez Pedraz no ha considerado «justificado» el ingreso en prisión provisional del matrimonio y ha acordado su libertad valorando sus «circunstancias personales, familiares y laborales». Sin embargo, para asegurar que estén a disposición de la Justicia española, ha decidido retirar el pasaporte a ambos y les impone la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días.
La Audiencia Nacional ya rechazó su extradición por la comisión de presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y de blanqueo de instrumentos monetarios, castigados cada uno de ellos con penas de hasta 20 años de prisión.