En su informe De lo laboral a lo sexual: formas de esclavitud moderna en el estado Bolívar, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) expone las formas más comunes de esclavitud moderna que imperan en el estado Bolívar y los factores que hacen a la entidad más vulnerable a los patrones y rutas de captación, como el orden impuesto por grupos de poder vinculados con la extracción de oro en el sur de la entidad.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
Las formas más comunes de esclavitud moderna en la capital del oro de sangre determinadas por la investigación son la explotación laboral, sexual, la servidumbre y la trata de personas.
La investigación del centro de DD HH de la UCAB determinó que 74% de las víctimas de explotación laboral y sexual son mujeres, 25% de ellas son niñas y adolescentes. Aunque por lo general mujeres y niñas son reclutadas como trabajadoras sexuales, algunas son obligadas a realizar trabajos forzados.
El estado Bolívar es una de las entidades con mayor movilidad humana. El principal objetivo de quienes se trasladan son los yacimientos auríferos del sur de la entidad.
Con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Arco Minero del Orinoco (AMO) en 2016 y al paso del aumento de costo de vida en el país, cada vez más personas de distintos municipios de Bolívar y diferentes estados del país -con todo y pandemia por COVID-19- se trasladan a las zonas mineras porque ven en el oro la única forma de costear una vida digna en medio de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.
El proyecto extractivista de Nicolás Maduro no solamente tiene su propia dinámica de violencia. También impuso las reglas de una economía distorsionada. En Bolívar los productos y servicios suelen triplicar su precio en comparación con otros estados del país porque están subordinados al precio del oro, que fluctúa a la par del precio del dólar en el mercado paralelo en un contexto en el que el salario mínimo permite costear solo 0,88% de la canasta alimentaria.
La entidad es el punto de encuentro de las personas que se movilizan pese al riesgo que representa todo lo que esté relacionado con la minería, incluyendo el mismo proceso extractivo en condiciones inseguras en las que mineros, hombres y mujeres se exponen a la asfixia, intoxicación por gas o los derrumbes para hacerse con el mineral que luego deben vender a molinos o procesadoras asociadas con el mismo Estado -que es cómplice-, por márgenes mínimos de ganancia.
El oro hace de Bolívar uno de los estados más vulnerables a la explotación sexual y laboral de adultos y menores de edad. Esta es una dinámica impuesta por el conflicto en el que convergen empresas extractivistas públicas y privadas, grupos delictivos autodenominados sindicatos, grupos guerrilleros extranjeros, funcionarios de seguridad del Estado, y quienes quedan en medio: los mineros, comerciantes, vendedores ocasionales y personas que se dedican a labores domésticas o sexuales provenientes de otros municipios de Bolívar, otros estados del país, e incluso de otros países como Brasil y Colombia.
Fosas del Silencio, la investigación de un colectivo independiente de periodistas junto a Correo del Caroní, La Vida de Nos y la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) -actualizada hasta agosto de 2020- reveló que 26% de las 77 personas vinculadas con la minería ilegal que desaparecieron entre 2012 y 2020 provienen de otros estados del país. Una de estas personas proviene de Colombia.
Menores de edad en riesgo
25% de las víctimas de trata y explotación laboral y sexual son menores de edad y las mujeres. Esta población vulnerable es utilizada en las minas de tres formas.
Por su tamaño y peso corporal, la principal forma en la que se las explota es como apoyo a los martilleros que se encargan de excavar espacios para la localización y ruta de vetas de oro. La tarea implica descender varios metros bajo tierra por agujeros pequeños, sin soporte que impida el derrumbe de techos y paredes. Mientras menos contacto se tenga por las paredes, menos se forza el agujero y por lo tanto hay menos riesgo de derrumbes.
Los niños y mujeres también son utilizados como operadores de poleas artesanales. Artefactos que se utilizan para el ascenso y descenso de equipos, sacos de arena y piedras -que pesan entre 45 y 60 kilogramos- y personas a las minas subterráneas. Aunque las máquinas están diseñadas para funcionar con dos personas, a veces solo la maneja una, sobrecargando aún más su trabajo.
Además de esto, también son utilizados como operadores de martillos eléctricos para partir rocas u operadores de máquinas extractoras de gases. Los aparatos eléctricos están conectados a tomas de corriente improvisadas: cableado ensamblado con bolsas de plástico como aislante.
En ocasiones solo puede funcionar el martillo, sin el extractor de gases porque no hay suficiente corriente. Por lo que los niños y las mujeres quedan expuestos “a la emanación de gases contaminantes producto de la descomposición de entes orgánicos presentes en esas profundidades”.
Los niños también son utilizados por los sindicatos mineros como vigilantes o informantes clave de personas o comunidades específicas, “en función de su desempeño se les asignan otras actividades, incluidas aquellas vinculadas con las armas”, dice el informe.
O son utilizados como revendedores por parte de los comerciantes a cambio de una ganancia. Según el documento, por lo general sucede con niños dejados atrás, es decir, que sus padres no regresaron de las minas y quedan solos en la zona o al cuidado de terceros.
Del trabajo doméstico a la explotación sexual
La principal forma de captación de hombres y mujeres determinada por la investigación son las ofertas laborales engañosas, ya sea por ofrecer un oficio que no se corresponde con el que en realidad van a ejercer los reclutados, o quienes captan, mienten sobre las condiciones laborales y los beneficios que se obtendrán.
Esa es la razón por la que en Bolívar no se reportan con frecuencia casos que indiquen secuestros o raptos con fines de explotación, trata o tráfico de personas: la mayoría de las personas va voluntariamente bajo engaño.
Las personas -mujeres en su mayoría- se trasladan a la zona minera luego de recibir ofertas laborales como trabajo doméstico (lavandería y cocina), con la esperanza de percibir ingresos en gramos de oro. Al llegar al lugar, el sindicato las obliga a ejercer la prostitución. Unas logran salir de la zona, a otras las obligan a quedarse.
La investigación determinó que los hombres suelen ser arrastrados a la explotación laboral con mayor frecuencia que las mujeres, cuando se trata de la labor extractiva de oro, en específico, porque involucra diferentes oficios.
Cuando les toca ejercer la minería se topan con jornadas laborales superiores a las 15 horas de faena, pagos por mucho inferiores a los acordados. Sin hidratación, ventilación, alimentos, acceso a saneamiento o equipos de seguridad, durante el día, la noche, la lluvia o días lo suficientemente soleados como para causar una insolación.
Algunos minan en túneles, otros, extraen oro a cielo abierto. La mayoría de las personas que mueren en la faena quedan atrapados por aludes de tierra. Durante 2020, 42 personas murieron tapiadas y al menos una falleció ahogada durante la extracción de oro. Los datos pertenecen al monitoreo de Correo del Caroní, basado en fuentes abiertas.
Aparte de laborar en condiciones inseguras, en ocasiones los mineros se quedan con menos del 10% del oro que logran sacar, aunque son quienes hacen todo el trabajo. Suele suceder sobre todo a quienes laboran en molinos y requieren los equipos del dueño de la maquinaria. Aparte deben pagar al sindicato un porcentaje.
Ya lo han dicho especialistas en derechos laborales como la abogada Jacqueline Ritcher: hay una flagrante violación de la legislación del trabajo en las minas de Bolívar.
“Hemos encontrado que el minero sufre una doble merma en sus ganancias. Una, ya que al procesar el oro en su estado primario (piedras y arena), las planchas de cobre con revestimiento de mercurio del molino solo capturan el 30% del total del material liberado por el molino. Lo obtenido del raspado de dichas planchas es quemado y se obtiene una determinada cantidad de gramos de oro, del cual el molinero retiene el 20% como pago del servicio. La segunda, toda vez que el otro 70% del material al no ser capturado por las planchas pasa a las piscinas de descargas que son propiedad del molinero, quien con poder de disposición total sobre el excedente lo lleva hasta las plantas cianuradoras para el procesamiento final. Las cianuradoras se quedan con 60% de la producción y con el 40% restante el molinero”, explicó el informe.
Una promesa de prosperidad
La otra forma de captación más directa es a través del testimonio exitoso de amigos o conocidos cuya amistad se enlazó a través de redes sociales como Facebook e Instagram. A través de la red, los tratantes ofrecen a las víctimas la solución a sus problemas económicos.
“Testimonios y entrevistas hablan de cómo, luego de estar fuera de la zona por un tiempo, estas personas llegan ostentando ropa y accesorios de lujo y suelen ofrecer iguales beneficios para quienes decidan tomar el trabajo que se les ofrece”, explicó el documento.
Algunas personas son obligadas a trasladar a otros ciudadanos mercancía, o armas bajo amenaza, por lo general de los sindicatos mineros.
“Ella llegó con tremendo celular, ropa nueva, fina, de marca, maquillada y perfumada… diciéndole a mi nieta que eso también lo podía tener ella si se iban juntas a trabajar en un comercio que quedaba por las minas en el que estaban buscando más muchachas (…)”, declaró la abuela de una de las víctimas al centro de DD HH.
En el estado hay tres formas de movilidad que favorecen la trata y el tráfico de personas. La más recurrente, según la investigación, es la movilidad entre municipios, especialmente El Callao, Roscio (Guasipati) y Sifontes (Tumeremo).
Desde San Félix, en el municipio Caroní, por ejemplo, al menos 10 unidades de transporte salen a diario con destino a las zonas mineras, pese a la escasez de combustible. Cada unidad tiene una capacidad entre 25 y 40 puestos que a menudo ocupan personas que no viven en los territorios mineros, pero que ahí venden productos alimenticios, ropa, calzado, mosquiteros e incluso bombonas de gas, que son valorados en gramos de oro.
Prostitución bajo engaño
Las mujeres que sí se desplazan hacia las minas para ejercer la prostitución también son engañadas. Los patrones encontrados en la investigación sugieren que las condiciones en las que las mujeres son contratadas para hacer los trabajos sexuales no son las acordadas en un principio.
Ganan muy por debajo del monto prometido sin los mismos términos de días de descanso y para que nadie les haga daño deben pagar un porcentaje a los grupos de control. Además se les quita el derecho de decidir la cantidad de clientes que atenderán. Las ganancias varían dependiendo de las características del cuerpo de la mujer y la distancia entre el lugar donde se ofrece el servicio y las zonas extractivas.
El ejercicio de la prostitución clandestina se ejerce en currutelas: barracas sin privacidad ni servicios de aseo personal con chinchorros en lugar de camas. Y quienes portan un carnet rosado otorgado por el sindicato son quienes pueden ser trabajadoras sexuales, de acuerdo con los testimonios recabados por el centro de DD HH.
Además de esto, los sindicatos obligan a las prostitutas a asistir a una evaluación médica semanalmente, todos los miércoles. “Se pudo conocer de casos en los que mujeres portadoras de alguna enfermedad de transmisión sexual fueron echadas de un pueblo, aledaño a la población de El Dorado”.
Hay otra figura: “las cafeseras de la plaza”. Mujeres que son prostituidas en las plazas de los poblados mineros, bajo la coartada de venta de café y cigarrillos.
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB considera que es vital que el Estado refuerce su presencia en las zonas de actividad extractiva para tomar el control. Sin embargo, el Estado no tiene voluntad política para establecer el orden en los yacimientos. Efectivos del estado están involucrados en las masacres ocurridas en los municipios mineros, comenzando por el enfrentamiento en Tumeremo en 2016, que dejó un saldo de 17 personas desaparecidas que luego fueron halladas en una fosa común en Nuevo Callao y cuya investigación el mismo Estado entorpeció.
Esto, aunque en 2016 el AMO se creó bajo la promesa de protección de los derechos humanos de quienes ahí trabajarían y para garantizar que los mineros no fuesen esclavizados.
En el último foro de Guayana Sustentable, el vicerrector de UCAB Guayana, Arturo Peraza, expuso la necesidad de que desde la academia y otros sectores se genere la fuerza necesaria para convencer a la sociedad venezolana de que el modelo del AMO es insostenible desde el punto de vista económico, social, cultural y político. Académicos sostienen que es indispensable desmontar el discurso de falso progreso que promueve el modelo económico extractivista.
¿Qué es la esclavitud moderna y qué marcos legales protege al venezolano?
En Venezuela, cinco de cada mil personas son víctimas de alguna forma de esclavitud según el Índice Global de Esclavitud. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la esclavitud moderna a toda situación en la que a una persona se le priva de su libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo o dejar de trabajar. Todo esto bajo amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño.
La esclavitud moderna incluye la trata de personas, trabajos y servicios forzados, explotación sexual, servidumbre, matrimonios tempranos y trabajo por alimentos. La protección de las personas contra la esclavitud moderna está contemplada en el artículo 54 de la Constitución venezolana.
Además de esto, el país firmó y ratificó instrumentos como el Convenio 105 sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, Convenio C182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, el Convenio 29 sobre el Trabajo Forzoso u Obligatorio y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños.
Aun así, el Estado es el mayor cómplice.