Durante 15 días, entre los últimos de diciembre y principio del nuevo año, hubo 10 violaciones a la libertad de expresión registradas por la ONG Espacio Público, pero solo en un día el régimen venezolano atenta contra la salida del diario Panorama, al que clausuró durante cinco días, allanaron y confiscaron los equipo del canal VPItv y la web del Diario Tal Cual estuvo bajo ataque en la red durante varias horas, a la vez que brutales ataques desde los medios oficialistas se enfilaron contra Efecto Cocuyo, principalmente, y luego contra la red de emisoras Fe y Alegría, además del Sindicato de Trabajadores de la Prensa.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
En lo que sin duda fue una estrategia comunicacional que inicialmente tuvo su origen en exponer a la periodista Luz Mely Reyes, una de las cofundadoras del medio Efecto Cocuyo, en el 2015 junto con las periodistas Josefina Ruggiero y Laura Weffer.
El 6 de enero 2021 la web del canal Globovisión publica que Efecto Cocuyo recibe un millón de dólares del Reino Unido y destaca con una gran foto a la periodista Reyes. El 7 de enero la web del ministerio de Comunicación del régimen venezolano publica en un gran titular que el medio Efecto Cocuyo había sido contratado como “mercenarios del periodismo”, mencionando a otros medios como Fe y Alegría, así como al Sindicato de la Prensa, citando para ello la web de Globovisión, un canal relacionado al Gobierno.
El 8 de enero, el periódico El Universal, uno de los medios afectos al chavismo publica la misma información con una foto de Reyes; en este caso hace referencia a que la información fue tomada del portal “contexto diario”, que a su vez dice que lo tomó de “dailymaverick”, quien refleja que las 750 mil libras esterlinas es para influir en la agenda de medios en el país, es decir, no es que a Efecto Cocuyo o a Luz Mely Reyes le dieron un millón de dólares.
A la lista se sumó la agencia cubana Prensa Latina; “El Gobierno del Reino Unido financió de forma ilegal a la página web Efecto Cocuyo para socavar y desestabilizar a Venezuela, revelaron hoy medios de prensa nacionales”. También toda la cantidad de portales y medios impresos de propaganda del régimen venezolano como Ciudad Caracas.
Del 14 de diciembre 2020 al 3 de enero 2021, es decir, durante 15 días, según estimaciones que hizo la ONG Espacio Público, las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, daban cuenta de 2 hostigamientos verbales, una restricción administrativa, un caso de censura, 4 de intimidación, un hostigamiento judicial y una agresión. En total fueron 5 casos y 10 violaciones a la libertad de expresión.
Esa cifra se infla con el cierre temporal del diario Panorama, el allanamiento y confiscación de equipos a VPITV y el ataque informático del medio Tal Cual. La periodista Antonieta La Roca publicó una foto que explicó la tomó en medio del allanamiento: “Todos unidos, apoyando, con mucho dolor, sí, pero determinados a seguir. Fue el momento en el que todos salimos a evitar que los funcionarios de la PNB continuaran revisando los bolsos de nuestros compañeros”, dijo.
Se cierne una sombría visión de lo que parece ser la nueva estrategia del gobierno de Nicolás Maduro contra los medios de comunicación y contra los periodistas.
De enero hasta agosto 2020
Un informe de la organización Espacio Público, reflejó que, entre enero y agosto del año pasado, se registraron 295 casos y un total de 747 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, indicando una disminución del 20% y 5% en comparación con el mismo período del año 2019.
Solo en el primer mes del 2020 se registraron más de un centenar de violaciones a la libertad de expresión. Buena parte de estos casos tuvieron lugar en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas y fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado, así como por civiles armados, quienes actuaron -en repetidas oportunidades- en coordinación con los uniformados.
La mayoría de los casos se contabilizaron desde marzo, a propósito del Estado de Alarma y el decreto de cuarentena; solo en marzo se registraron 63 casos.
Durante los dos primeros cuatrimestres del 2020 se contabilizaron 110 detenciones, 18% más que en el mismo periodo en el 2019; 28% corresponde a periodistas. Del total de detenciones en ese periodo 95 se dieron entre marzo y agosto, “lo que demuestra que durante la cuarentena se intensificaron los ataques a la libertad de expresión. De igual forma, 59 detenciones están directamente vinculadas a la cobertura o difusión de informaciones vinculadas directamente a la Covid-19 en Venezuela”.
Entre esas detenciones destaca la del 13 de julio cuando funcionarios del Cicpc allanaron la residencia del director del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans, contra quien tenían una orden de captura. Lo mantuvieron en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim); fue liberado los primeros días de septiembre a propósito de un “indulto presidencial”.
Entre enero y agosto 2020 se registró el cierre de 11 estaciones de radio a nivel nacional, la mayoría de ellas durante procedimientos irregulares, llevados a cabo por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en compañía de distintos cuerpos de seguridad del Estado.
El 15 de mayo Conatel ordena el cierre de la emisora Rumbera 106.9 FM en los Valles del Tuy, estado Miranda. “José Lara, gerente de radiodifusión de Conatel, encabezó una visita a la emisora con el fin de entregar dos oficios; uno firmado por Jorge Rodríguez, entonces ministro para la Comunicación y la Información, y otro por Jorge Elieser Márquez, director general de Conatel, anunciando el cese de la concesión”.
El 31 de julio Conatel ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM ubicada en Carúpano, estado Sucre; más de 200 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejecutaron la orden. ‘Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado’, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. “Conatel alegó que el cierre se debió por una «violación del código de normas de Telecomunicaciones», según señaló la periodista Lovelia Pérez en entrevista a Espacio Público”.
En esos primeros ocho meses del 2020, “se registraron 3 muertes de trabajadores de la prensa, agrupadas en dos casos; ambos desarrollados bajo extrañas circunstancias. El primero fue el 18 de agosto en Güiria, estado Sucre, cuando fue hallado sin vida José Carmelo Bislick, docente, locutor y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”.
El otro caso ocurrió el 21 de agosto, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ingresaron a Guacamaya TV, estado Zulia, “asesinaron a los comunicadores populares Andrés Eloy Nieves Zacarías y a Víctor Torres, quien era hijo del director del medio de comunicación”.
Agrega el informe de Espacio Público que “el 21 de mayo la periodista del portal Diario Primicia, Marialejandra Meléndez, fue detenida por personal de seguridad cuando intentaba realizar unas entrevistas en el Hospital Raúl Leoni ubicado en San Félix, estado Bolívar”; le exigieron que entregara el teléfono y que borrara las fotografías tomadas, acciones a las que la reportera se negó.
El 5 de junio 2020 el equipo periodístico del portal digital Venezolanos por la Información (VPITV), fue retenido por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez fueron abordados por los funcionarios luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la cola para surtir gasolina; el equipo de VPI fue despojado de sus documentos de identidad y retenidos durante más de una hora, con la amenaza de que llegarían los funcionarios de la Dgcim para trasladarlos a la sede central en Boleíta.
La guerra no cesa
El diario La Prensa, estado Lara, interrumpió su circulación por la escasez de gasolina. La página web del medio regional Última Hora, estado Portuguesa, permaneció fuera de línea por una medida de Conatel.
Los cinco lugares con mayor registro de violaciones a la libertad de expresión son: el distrito capital y los estados Lara, Vargas, Zulia y Mérida. “El número de casos en estas regiones está ligado principalmente a situaciones registradas en estaciones de servicio, agresiones a la prensa durante coberturas periodísticas, así como a limitaciones y detenciones con motivo de manifestaciones ciudadanas en exigencia de mejora de los servicios públicos”.
Las arremetidas contra los medios no han cesado en la revolución bolivariana. A la prensa que le niegan el papel para imprimir, el bloqueo de portales de noticias, entre los cuales está Infobae, canales como CNN o NTN24, el número de programas o emisoras se cuentan por centenares como ocurrió, en noviembre 2020, con Rumbera 94.7 FM en San Carlos, donde decomisó los equipos, según denunció el Colegio Nacional de Periodistas.
A eso se le suma casos de periodistas presos por sus funciones de trabajo, como el del periodista del estado Apure, Eduardo Galindo, quien fue detenido por el CONAS de la Guardia Nacional, en abril 2020, y lo mantuvieron preso por tres semanas, al término del cual le dieron una medida de presentación y le coartaron su libertad a informar.
El periodista Elides Rojas, fue detenido por la DGCIM el 21 de diciembre 2019, acusado de instigación al odio; al dejarlo en libertad le prohibieron salir del país.