Permanecer tras las rejas es el peor castigo para las personas que cometen un delito, pero aunado a esto los presos venezolanos deben lidiar con el abandono, el hambre y la desidia que azota los recintos penitenciarios de Venezuela.
Los traslados a cárceles lejos de su tierra natal se han instaurado como una especie de castigo para los reclusos que exigen respeto a sus derechos humanos y es por esta razón que, en reiteradas oportunidades, los familiares claman por el retorno a los penales de origen.
En ese sentido, los parientes indicaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que la situación para los presos foráneos ha empeorado significativamente tras la llegada del COVID-19 a Venezuela en el mes de marzo del 2020, lo que generó la paralización de los tribunales, la suspensión de visitas y el ingreso de paquetería (insumos).
Una vez reanudadas las actividades en los tribunales, los presos foráneos no han podido ser atendidos por la imposibilidad de ser trasladados a causa de la escasez de gasolina u otros factores como consecuencia de la lejanía de las cárceles donde se encuentran.
Cabe destacar que permanecer dentro de su jurisdicción garantiza el debido proceso para los reos, tal como está establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República para que sea efectivo su proceso judicial, sin dilaciones indebidas o contradicciones.
Traslados en dólares
De igual manera se conoció que muchos de los presos han sido abandonados porque sus parientes no se pueden movilizar a otros estados del territorio nacional, considerando el alto costo del transporte que oscila entre 100 y 20 dólares.
“La mayoría somos madres, esposas y hermanas humildes sin recursos. De dónde vamos a sacar para un pasaje si gastamos en comida, no nos queda para el pasaje y si podemos ir será una vez al año porque no tenemos de donde sacar esos recursos”, comentó una de las tantas madres que no quiso identificarse temiendo represalias en contra de su hijo.
“Yo soy de Lara y tengo a mi hijo en El Dorado, tengo más de dos años que no lo veo porque puedo viajar hasta Bolívar. Son muchas horas de camino y soy una persona discapacitada, soy la única familiar con la que cuenta y además no tengo recursos. Yo clamo porque mi hijo sea devuelto a la región”, expresó otra madre en medio de su desesperación.
Son muchos los testimonios que ha recabado el equipo del OVP de madres que tienen a sus hijos recluidos en cárceles del estado Yaracuy, de Aragua, Apure, Barinas, Nueva Esparta y Portuguesa, quienes aseguran que seguirán alzando su voz para exigir el traslado de sus seres queridos.
Ante esta situación resulta válido recordar la regla 59 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas Mandela) en la que expresa: “En la medida de lo posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción”.
Por otra parte, los familiares de reclusos de Mérida, Bolívar, Sucre, Guárico, Barinas, Zulia, entre otros, solicitaron que los presos de estos estados sean incluidos en el Plan Cayapa y que sean otorgados las libertades a quienes ya les corresponde el beneficio, pues aseguran que son muchos los que tienen cumplidas las penas, así como también solicitaron que sean facilitadas las redenciones y cómputos a los privados de libertad.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones