En un comunicado, la organización recordó que el Estado debe ser garante con el respeto de los derechos de los privados de libertad. En la muerte de Salvador Franco se violó su derecho a la atención médica, aun cuando contaba con una orden judicial que la avalaba.
Además de la falta de atención médica para Franco, familiares del grupo de 13 pemones detenidos desde el año pasado han denunciado las condiciones insalubres y denigrantes en las que están recluidos, así como la violación del debido proceso y otros cargos como desaparición forzada.
“El deber de proteger los derechos humanos de todas las personas bajo custodia debe extremarse en el caso de ciudadanos indígenas debido a su especial condición, garantizando principalmente el derecho a un debido proceso y el acceso pleno y sin limitantes al sistema de justicia”, reza el comunicado, que agrega que las condiciones que dieron pie a la muerte de Salvador Franco en la cárcel de El Rodeo II, se mantienen para toda la población penal recluida en este centro penitenciario, agravándose en el caso de los 12 indígenas pemones que permanecen recluidos.
“Desde el Observatorio Nacional de Derechos Humanos y en nombre de los integrantes de la etnia pemón detenidos en El Rodeo II, exigimos: Sean trasladados a un centro cercano a su comunidad garantizándoles de esta forma la visita familiar y procurando la protección de la familia indígena. Artículo 105 LOPCI.
Reciban atención médica dirigida a constatar su estado de salud y se realice en caso de ser necesario, acorde con sus prácticas, procurando el uso de la medicina tradicional y de las terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos, art. 122 CRBV y 111 y 112 LOPCI.
Evitar la discriminación a la que puedan ser objeto, debido a su pertenencia a un pueblo o comunidad indígena.
Facilitar los mecanismos que permitan acceder al Sistema de Justicia de forma plena y sin limitantes”.
