Luego de que le practicaron un legrado para abortar, una niña venezolana de 13 años fue sometida a un interrogatorio policial sin presencia de fiscales de menores ni representación legal. Así comenzaba la pesquisa sobre la denuncia de esa familia por la violación de la que fue víctima, que tuvo como consecuencia inicial un embarazo.
FLORANTONIA SINGER // EL PAÍS
La policía no ha atrapado hasta ahora al presunto agresor, Carlos Alberto Terán, de 52 años, señalado de haber abusado en repetidas ocasiones de la víctima, su vecina en el barrio Pueblo Nuevo del estado Mérida, en el occidente de Venezuela. Pero sí llevo a prisión a la madre de la niña y a la activista feminista Vanessa Rosales, de 31 años.
Las detenciones ocurrieron el pasado 12 de octubre. Fueron acusadas de los delitos de agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros.
El caso del que se supo apenas este mes de enero por la presión del movimiento de derechos de las mujeres para la liberación de Rosales espera convertirse en un parteaguas que empuje el debate sobre la despenalización del aborto en Venezuela, uno de los países con las legislaciones más restrictivas de la región.
Cuando la niña quedó embarazada producto de la violación, su madre recurrió a Rosales que tiene más de una década siendo activista por los derechos sexuales y reproductivos en la comunidad donde viven. Rosales, además, había sido docente de la niña, se conocían. Por orientar a la víctima de violación sobre la interrupción del embarazo estuvo presa tres meses en una comisaría de Mérida.
Desde el 11 de enero en su casa, bajo arresto domiciliario. La madre fue liberada 23 días después de la detención —el 4 de noviembre— bajo medidas cautelares de presentación. Hicieron una concesión porque la mujer estaba amamantando a algunos de sus ocho hijos, que quedaron —incluida la adolescente violada— al cuidado de la hermana mayor mientras estuvo presa.
“Vanessa fue la profesora de la niña, le había dado clases, la conoce de la escuelita del barrio. La madre es una señora muy pobre, con ocho niños, a la que obviamente se le recomendó que denunciara al violador. Cuando denunciaron formalmente la violación, se desata la persecución por el aborto, criminalizando a la mamá y a Vanessa”, señala Venus Faddoul, del equipo de defensor de Rosales y directora de la organización 100% Estrógeno.
El proceso penal contra ambas continúa y en el caso de Rosales la defensa ha denunciado una suma de irregularidades.
“Violaron el debido proceso y todos los lapsos probatorios, hicieron la audiencia cuatro días después de lo que corresponde, no nos admitieron nada ni el amparo constitucional ni la medida cautelar. Llegamos a un punto de quiebre”, enumera Faddoul.
Durante la detención en la comisaría, Rosales tampoco tuvo acceso a audiencias privadas con sus abogados, a quienes no se les permitió ver el expediente de la acusación. Durante la reclusión hubo dificultades para la entrega de los medicamentos que toma Rosales.