Las condiciones de reclusión de 12 indígenas de la etnia Pemón, considerados presos políticos son “peligrosas y de alto riesgo”, de acuerdo a la organización Foro Penal, que denuncia serias violaciones a los derechos humanos del grupo de indígenas y exige que les brinden atención médica especializada.
Por: VOA
Aunque en noviembre un tribunal ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Salvador Franco, nunca recibió atención médica y murió el 3 de enero por desnutrición, shock séptico y edema cerebral asociado a tuberculosis, según el acta de defunción emitida tras la autopsia. Él era uno de los 13 indígenas de la etnia Pemón detenidos “arbitrariamente”, según la defensa, en diciembre de 2019 por su presunta vinculación con el asalto y sustracción de armamento de una instalación militar.
Los abogados y familiares de los 12 pemones de la comunidad de Kumarakapay en el estado Bolívar al sur de Venezuela, que siguen recluidos en una cárcel en las afueras de Caracas, temen que corran con la misma suerte que su compañero, Salvador, cuya muerte es considerada responsabilidad del Estado venezolano y fue denunciado como delito de lesa humanidad.
“Llenos de situación vulnerable porque la alimentación que hoy el centro penitenciario “El Rodeo II” les da es una sola porción de comida, el resto tiene que ser proporcionada por sus familiares, en el caso de ellos es mucho más grave porque estando a 1.200 km de distancia, de este centro penitenciario, evidentemente no pueden darle la alimentación debida. Estamos solicitando que se le haga una prueba para diagnosticar si tienen o no tuberculosis, ya que ellos convivían con Salvador”,afirma Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas del Foro Penal.
En varias ocasiones, los abogados de los pemones, cuya inocencia defienden, han denunciado que en ningún momento se les ha garantizado el debido proceso y que han sido sometidos a “tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Desde el primer momento de sus detenciones arbitrarias no fueron respetadas en este caso la jurisdicción especial indígena, este delito de los cuales ellos son acusados se cometió en una jurisdicción indígena, es por ello que si en ese momento respetando los derechos de los pueblos indígenas tenían que haber sido juzgados en sus propios territorios”, subrayó el abogado.
Recientemente, familiares de los pemones, recorrieron más de mil kilómetros hasta el centro de reclusión donde se encuentran para clamar por su liberación.
“Por favor, internacionalmente ayúdennos para que nuestros hijos sean liberados y que se respeten nuestros derechos”, exclamó Felicia Pérez, madre de tres de los indígenas pemones detenidos.
Precisamente hace un año, el gobierno en disputa responsabilizó a la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó de organizar la denominada “Operación Aurora”.
“Quien me diga que el robo de estas armas es para promover actividades pacíficas en verdad está en una situación de enajenación mental grave”, señaló en su momento el fiscal del gobierno en disputa, Tarek William Saab.
A pesar de que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet pidió a las autoridades una “investigación rápida e independiente”, así como la adopción de “las medidas necesarias para proteger los derechos de los detenidos, incluido el derecho a la salud”, el gobierno en disputa no se ha pronunciado oficialmente sobre la muerte de Salvador Franco.