Una de las innovaciones más ricas en el estudio de las transiciones es el concepto de “autoritarismo-subnacional”. El término denota un tipo de orden político en el que las elites regionales conservan sus enclaves de poder frente al ímpetu democratizador. Dicho régimen se consolida precisamente cuando esas elites alcanzan una cierta potestad jurisdiccional y negocian con el gobierno nacional en términos convenientes.
En consecuencia, la democracia funciona de manera desigual y contradictoria. Se conforma un sistema dual basado en dos órdenes políticos contrapuestos: uno con instituciones nacionales democráticas, colindante y superpuesto a una serie de regímenes provinciales autoritarios. Se produce una fragmentación, y con ella se erosiona el centro de gravedad política.
Con lo cual se ha escuchado “feudalismo” para caracterizar la organización del poder en dichos contextos. Claro que como metáfora. Y tal vez ni siquiera sea útil como tal, pues a menudo se trata de un funcional (y espurio) pacto político entre el centro y la periferia.
Es decir, un arreglo conveniente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales por el cual las elites regionales perpetúan sus enclaves mientras se desvían demandas y se relocalizan los conflictos lejos de la capital de la nación. Al final bien puede tratarse de una estrategia para engrasarle las ruedas a la maquinaria clientelar y proteger aliados, amigos y, desde luego, clientes.
Y su estructura de ilícitos. Léase corrupción y sus vínculos con las redes del crimen transnacional. Ergo, feudalismo no es la mejor metáfora porque el centro político —el gobierno nacional, esto es— diseña y ordena para que otros ejecuten. Subcontrata el trabajo sucio, lo terceriza por medio de decisiones administrativas para reconcentrar poder en el centro, lo contrario del feudalismo.
Esta peculiar ingeniería tiende a robustecer formas de dominación patrimonialistas; es decir, un régimen de tenue densidad institucional, propicio para liderazgos personalistas. En este sistema el límite entre lo público y lo privado es poroso, tanto que ambas esferas se fusionan. El caudillo, jefe, o cacique —el “sultán” de Weber y Linz— administra la cosa pública tal como administra su plantación, su hacienda y cualquiera de sus activos.
El Estado provincial se convierte en la extensión de los dominios del líder; el poder como patrimonio, precisamente. El Estado de Derecho se debilita hasta esfumarse, prevalecen la arbitrariedad del déspota, sus caprichos e impredecibles decisiones. El poder personalista se concentra y así se reproduce en el tiempo. O sea, se busca la perpetuación.
La teoría parece escrita a la medida de Formosa, Argentina, y su gobernador, Gildo Insfrán, en el cargo desde 1995. Ganó siente elecciones consecutivas desde aquella, gracias a una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, un viejo truco. En la provincia con la más alta mortalidad infantil del país, su gobernador es plebiscitado con el 75 por ciento de los votos desde hace un cuarto de siglo, difícil de creer.
Los abusos son corrientes, el pacto espurio se basa en mantenerlos en privado dentro de la provincia. El problema es cuando los mismos trascienden y se convierten en tema de la agenda nacional y más allá. El rey queda desnudo y la complicidad del gobierno nacional, en evidencia. Formosa es banco de pruebas del autoritarismo. Es pequeña, pobre y remota, pero ahora la buscan en “Google Maps” en todas las oficinas de los organismos internacionales de derechos humanos.
Todo ello a raíz de la detención de dos concejalas de la ciudad capital por manifestarse contra el confinamiento punitivo dispuesto por la gobernación. Fue en represalia por denunciar al gobernador por las condiciones inhumanas de un centro de aislamiento. La denuncia y las fotos documentan un estadio convertido en centro de detención. Las personas son retenidas por medio de la coerción, con prueba de COVID o sin ella, con resultados positivos o negativos. Evoca las peores tragedias del país y la región.
Con lo cual se trataría de un centro de contagio más que de atención médica. La contradicción, reiterada en el oficialismo nacional y sus aliados provinciales, desnuda la hipocresía con el tema. El Presidente, sus funcionarios y el partido de gobierno salieron a apoyar a Insfrán al unísono y elogiar su política sanitaria, similar a la del gobierno nacional por supuesto.
Es que la “política sanitaria” no es política ni es sanitaria. Es una simple excusa para la coacción del Estado. Las escuelas están cerradas; los casinos abiertos. Las manifestaciones, como la de Formosa, se reprimen; las de grupos adeptos, como la celebración por la despenalización del aborto, se promueven. Las aglomeraciones se prohíben; el velatorio de Maradona es un acto masivo organizado en la propia Casa de Gobierno.
La farsa de este gobierno es obscena. Los derechos humanos los conocen cuando hablan de Videla, a este punto una simple lectura de la historia sin costo. Sermonean y militan derechos de cuarta generación —despenalización del aborto y otros en la agenda de género— pero a costa de los de primera generación —el debido proceso y las libertades individuales. Una involución y degradación constitucional de ficción.
Lo callan pero lo tienen muy claro: la pandemia es lo mejor que les podría haber pasado. Es un buen pretexto para restringir libertades, paralizar a la sociedad y neutralizar la crítica. Con una sociedad desmovilizada intentarán vengar a la jefa de quienes la derrotaron en el pasado —los productores agrícolas, los medios y los jueces— y conseguir la tan ansiada exoneración en los procesos por corrupción.
Formosa hoy tiene valor estratégico; es sueño, modelo y doctrina en Balcarce 50 y en Calafate. Recuérdese que Néstor Kirchner hizo lo mismo en Santa Cruz. Quién sabe qué ocurrirá con las elecciones de este año.
Es decir, la salud pública les tiene sin cuidado. Planean transformar al país en banco de pruebas clínicas de una vacuna en fase de estudio, así como Formosa es banco de pruebas del autoritarismo. Pues porque no están buscando la inmunidad de rebaño. Donde gobierna el oficialismo el objetivo es la “impunidad de rebaño”, la de ellos mismos.