Han pasado tres meses desde que la activista feminista Vanessa Rosales fue privada de su libertad por haber ayudado a abortar a una niña de 13 años, en un caso que desató gran polémica por poner en evidencia las duras leyes sobre derechos sexuales en Venezuela, un debate de vieja data que hoy, entre tantos problemas que aquejan al país, vuelve al foco mediático.
Por Jorge Cantillo | Infobae
Vanessa fue detenida el 12 octubre de 2020, y desde el pasado 11 de enero recibió una medida sustitutiva para seguir en arresto domiciliario el proceso legal en su contra, en el cual se le imputan los cargos de “agavillamiento” -es decir, asociación criminal- asociación para delinquir y aborto inducido por tercero.
Pero la profesora no es la única que enfrenta cargos legales por ayudar a la menor, también la madre de la niña, que fue quien buscó a Rosales para pedirle ayuda, fue enviada a la cárcel, aunque en su caso terminó siendo liberada días después al demostrarse que era responsable de varios infantes, entre ellos un pequeño lactante.
Todo este entramado legal y la lucha a la que se han unido un sin número de colectivos feministas venezolanos y latinoamericanos, se desprende del drama de una niña cuya vida cambió para siempre a causa no de una, sino de varias violaciones sistemáticas.
Un embarazo de pesadilla
La niña, el origen y principal víctima de esta dramática historia, quedó embarazada después de ser violada en reiteradas ocasiones por un hombre de 52 años, vecino de la misma favela en que ella vivía con su familia, en el estado de Mérida en Venezuela.
Pasaron tres meses en los que la niña estuvo gestando, hasta que fue evidente su condición de embarazo, ella acudió a su madre y esta, desesperada, pensó en Rosales, quien además de ser una reconocida activista feminista había sido profesora de la menor y con quien tenía una relación de años pues ella también se dedica al trabajo social en las comunidades pobres de la región.
Tanto la niña como su madre coincidieron en que lo mejor para la menor era no tener a ese niño. Una decisión entendible, no solo por las consecuencias físicas que puede traer un parto a una edad tan temprana y lo que conlleva la responsabilidad de velar por el bienestar de un niño a los 13 años, sino por el agravante de tener que hacerlo en Venezuela, un país en crisis cuyo promedio de vida es de por si bastante precario.
Por eso acudieron a Rosales, quien las ayudó con información sobre el procedimiento, y a solicitud de la madre de la víctima, les entregó el abortivo, que fue ingerido a principio de octubre pasado por la menor.
El abortivo le causó un sangrado propio de estos casos, pero en la niña la hizo acudir al hospital público, allí le practicaron un legrado.
Mientras tanto, en una ironía dramática de esta historia, la madre de la niña fue a denunciar la violación a una estación policial, pero terminó detenida por asistir el aborto de su hija. Duró 22 días encarcelada, pero fue absuelta para no desproteger a sus demás hijos pequeños.
La niña, aún hospitalizada, fue obligada a declarar por las autoridades y terminó contando que su profesora le había dado el medicamento que le produjo el sangrado con la intención de abortar a la criatura que un hombre la había hecho concebir contra su voluntad.
El testimonio de la menor terminó llevando al arresto de la activista, que estuvo 90 días en prisión y que actualmente se encuentra en detención domiciliaria, aún vinculada al proceso judicial que podría enviarla hasta por 20 años a la cárcel.
Mientras, el violador de la pequeña de 13 años, un hombre de 52 años identificado como Carlos Alberto Terán, fue liberado en menos de 48 horas después de su detención pues no se pudo demostrar la flagrancia del delito.
De acuerdo a declaraciones del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Tarek William Saab, Terán está prófugo desde noviembre de 2020 cuando se emitió una orden de captura en su contra. Además, está solicitado por el Servicio Integrado de Identificación Policial (Sipol) y por la Interpol, que emitió una alerta roja en su contra.
Pero ninguna de estas ordenes se ha hecho efectiva todavía y mientras que la profesora que ayudó a una niña víctima de violación a terminar un embarazo no deseado está presa, su violador sigue gozando de su libertad.
Justicia para Vanessa
Aunque el caso de Vanessa saltó al ojo público apenas desde enero, los colectivos feministas que conocen el trabajo de hace más de una década de la docente en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las comunidades pobres del estado de Mérida, vienen librando una batalla por la liberación plena y sin cargos de la activista de 31 años.
Dicen que en su caso se han cometido graves irregularidades que deberían dar con la liberación de Rosales.
“Violaron el debido proceso y todos los lapsos probatorios, hicieron la audiencia cuatro días después de lo que corresponde, no nos admitieron nada ni el amparo constitucional ni la medida cautelar. Llegamos a un punto de quiebre”, ha dicho al respecto Venus Faddoul, vocera de la ONG 100% Estrógeno.
Mientras estuvo detenida en la comisaría a Rosales le negaron el acceso a las audiencias privadas con sus abogados, a quienes ni siquiera les permitieron ver el expediente de la acusación.
Esos 90 días presentaron todo tipo de problemas para Rosales, quien tuvo incluso dificultades para recibir los medicamentos a los que tiene prescripción.
Ahora que Rosales se encuentra en su casa, aunque todavía detenida, la lucha de las feministas venezolanas no se detiene. Además de la libertad para la activista, las diferentes organizaciones que se han sumado a la causa y que llevan convocando movilizaciones y plantones para visibilizar el caso, pretenden que esto sirva para acabar con la legislación anacrónica que rige al país sobre la interrupción del embarazo y demás derechos sexuales.
En Venezuela la ley que trata sobre el aborto está contenida dentro de un Código Penal que tiene más de 100 años y en el que todavía se encuentran términos que apelan al “honor” de la familia, en los casos donde aplica disminución de penas por abortos, algo que se conoce como “aborto honoris causa”.
Sin embargo, la ley permite la interrupción del embarazo cuando la madre está en riesgo, aunque no existe ningún tipo de protocolo para guiar la excepción del aborto terapéutico.
La discusión está servida, pues la forma en que está redactada la ley no permite definir concretamente cuando un aborto de una menor de 13 años -como en el caso que derivó en el arresto de Rosales- puede ser considerado como de alto riesgo, sobre todo si se tienen en cuenta las precarias condiciones sociales de la posible madre.
El sector de Pueblo Nuevo, en Mérida, donde vive la menor y su madre, es un sector pobre con casos documentados de violencia infantil, como la violación y asesinato el año pasado de una menor de edad, o el caso de Anubis Contreras, una niña de nueve años que fue reportada desaparecida el 6 de enero del 2020 y fue encontrada muerta tres días después.
Por la libertad sexual y reproductiva
La lucha no es nueva, en 2018 muchas de las organizaciones feministas que piden la libertad de Vanessa ya se habían organizado para exigir una nulidad de los artículos del Código Penal que penalizan el aborto, por considerar que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reconocidos en la constitución venezolana y en diversos tratados internacionales.
“La legislación penal venezolana viola derechos humanos de las mujeres al criminalizar el aborto. Seguimos esperando respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en su sala Constitucional”, dijo al respecto Carolina Santiago, de la organización Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva, Faldas-R.
Esta organización (Faldas-R) es la única en Venezuela que abrió una línea telefónica para brindar información y acompañamiento a mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
En sus dos informes estadísticos publicados a la fecha se destaca que en 2019 recibieron 1.142 llamadas, unas tres diarias. Las mujeres entre 20 y 31 años fueron las de mayor proporción, de las cuales un 42% son trabajadoras, 27% estudiantes, 11% trabajan y estudian y un 9% se denominan como amas de casa.
Ese año, el 56% de las mujeres a las que acompañaron su proceso de aborto hasta la etapa final indicó que no usaba anticonceptivos, un 32% de ellas -92 mujeres- afirmó que no lo hacían porque no tenían acceso.
De acuerdo a la organización un 4% de las mujeres que acompañaron a abortar lo hizo por motivos de violencia sexual. La principal razón, afirman, fue la precaria situación económica de las mujeres (42%).
De acuerdo con el informe de 2019 de la ONG Mujeres al Límite, por cada tres partos atendidos en los hospitales venezolanos, hay un caso de aborto iniciado de manera clandestina e insegura. Ellas monitorearon cuatro hospitales en los que se registraron 2.246 abortos a ritmo de 15 diarios.
Estos datos, aunque preliminares ayudan a tener una idea de la magnitud del problema y de la ineficacia de la prohibición para evitar los abortos.
Juristas como Suzany González dicen que la batalla por los derechos de las mujeres en Venezuela apenas comienza y que lo deseable sería alcanzar la plenitud de derechos reproductivos, un primer paso para la despenalización del aborto es que se incluyan nuevas causales que permitan la interrupción del embarazo, entre las que estarían la violación, la inviabilidad o imposibilidad del feto, el riesgo de a la vida de la madre y una cuarta que se refiera a razones económicas.
Actualmente Venezuela es el quinto país de América Latina con mayor número de casos de mortalidad materna, una cifra que para las expertas tiene dentro muchos casos no reportados de abortos, que se registran como asepsia o hemorragia, debido a la penalización que deriva en un subregistro.
La lucha seguirá, por Vanessa, por la pequeña violada, y por todas las mujeres de Venezuela, un país que se jacta de haber hecho una revolución, pero que en temas de derechos para las mujeres continúa siendo tan anacrónico como los líderes que lo han llevado a la debacle económica.