El proceso de elección del Fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido objeto de las más burdas maniobras de algunos grupos de Estados que pretenden hacerse una vez más del control de la Oficina más importante del Tribunal, contrariando el principio estatutario de que el Fiscal debe llenar una serie de requisitos según lo establece el Estatuto.
El Fiscal debe ser elegido, conforme a las normas estatutarias y reglamentarias de la Corte, por una mayoría simple de los Estados Parte del Estatuto, lo que no obvia que como en todo el sistema de la ONU y más en este ámbito jurisdiccional, se logre un consenso alrededor de un nombre. De no ser posible, lo que parece ser hasta hoy, a pesar de los intentos de algunos que como España buscan imponer la minoría de su candidato en aras del consenso, la Asamblea de Estados Parte deberá decidir sin demora la designación del nuevo Fiscal.
A estos efectos, la Presidencia de la Corte organizó desde el año pasado el proceso de selección del Fiscal para llegar a una votación en diciembre de 2010 que no se llevó a cabo y hubo que postergarla al no haberse logrado ese consenso. Como consecuencia de ello, se creó un Comité que debía hacer una propuesta sobre los candidatos más idóneos, conforme a sus cualidades profesionales y morales. En junio este Comité decidió presentar para esa fase del proceso a cuatro (4) candidatos, los cuales eran de Irlanda, Uganda, Nigeria y Canadá. Más tarde, durante la Asamblea de Estados que se celebró en diciembre 2020 que igual debía elegir al nuevo Fiscal se consideró que tampoco se había logrado el debido consenso y que por lo tanto se abría de nuevo las postulaciones, lo que permitió que se presentaran nuevos candidatos, algunos sin mayores credenciales, pero con un enorme apoyo político y es posible hasta pensar que con el apoyo económico que de manera inconfesable se encuentra detrás de estos individuos que actuaron como postulantes de estos nuevos candidatos.
Los candidatos eran en principio: El irlandés Fergal Gaynor, la Ugandesa Susan Okalany, Morris A. Anyah de Nigeria y Richard Roy de Canadá. Después se agregaron otros, entre ellos, el español Carlos Castresana promovido por el socialismo español, en especial por Baltazar Garzón, juez que una vez conoció la fama por sus juicios contra Augusto Pinochet pero que años más tarde fue luego suspendido del ejercicio de la abogacía en España y en la actualidad es abogado defensor de los testaferros del régimen bolivariano de Venezuela. El Reino Unido presenta también un nuevo candidato que parece contar con el apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas.
Lo importante es que los Estados Parte deben decidir la designación del Fiscal los próximos días y si no hay consenso que parece difícil en estos momentos, se someterá al voto de la Asamblea, debiendo imponerse entonces el de mayor aceptación.
Lo lamentable es que una institución como la Corte Penal Internacional (CPI), considerada como el gran avance en la lucha contra la impunidad por la comisión de crímenes internacionales, que en veinte años ha hecho mucho menos de lo esperado, se haya politizado de manera tal que se haya abierto una lucha por la Fiscalía entre quienes quieren una Fiscalía sumisa que continúe en la línea que impusieron los dos fiscales hasta ahora designados, el argentino Moreno Ocampo y la gambiana Fatou Besouda y un grupo de Estados que prefiere que la Fiscalía, insisto, el órgano más importante de la CPI, por el poder que tiene de avanzar los Exámenes Preliminares e iniciar las investigaciones en contra de los autores de crímenes internacionales objeto de su competencia, sea eficaz y cumpla con algo tan elemental como son sus propias responsabilidades.
La politización excesiva en el tratamiento de los temas internacionales ha golpeado la eficacia del sistema internacional creado en 1945, un sistema que parece agotarse y al que parece que hay que revitalizar para que la comunidad internacional recobre su confianza en él.
La CPI es el ejemplo más claro del fracaso del sistema que todavía reposa en los Estados soberanos que prefieren aún defender sus intereses individuales que los colectivos o de todos, como los derechos humanos, la vida y la integridad de todos, más de aquellos que son víctimas de las atrocidades a las que perece nos hemos acostumbrado y que sentimos solo cuando las tenemos encima o al lado.
@CarmonaBorjas