Photo: CCN – Centro de Comunicación Nacional
El Comisionado para la Organización de Naciones Unidas, diputado Miguel Pizarro advirtió que Venezuela tiene en la vacuna contra el COVID-19 un asunto de vida o muerte, ante esta situación, el gobierno interino le ha manifestado a las agencias y a la comunidad internacional de donantes la urgencia de lograr armar un plan de vacunación acordado y guiado por los principios humanitarios para buscar y procurar los recursos para que bajo el mecanismo de COVAX el país pueda tener acceso a 12 millones de dosis de vacunas, “es decir 6 millones de personas vacunadas en el primer esfuerzo de ese mecanismo para llegar a 20% de la población”.
Así lo señaló el parlamentario este martes en sesión ordinaria vía on line, donde se debatió sobre la urgencia en la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el país.
Indicó que para que este mecanismo funcione, hace falta un plan diseñado por estas agencias en conjunto con el mundo de la medicina, así mismo un monitoreo robusto por parte de la sociedad civil, la iglesia, actores sociales, de igual forma, un sistema de implementación guiado por los principios humanitarios y enmarcado en la forma de arquitectura humanitaria internacional.
Pizarro aseguró que desde la Asamblea Legitima y el Gobierno Interino presidido por Juan Guaidó, están en la disposición de garantizar un mecanismo verdadero y certero con el acompañamiento de agencias internacionales para que haya vacunas para los venezolanos y así evitar una tragedia mayor, por lo tanto, insistió que Venezuela sea parte del mecanismo COVAX, por ser este un mecanismo neutral liderado por agencias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Panamericana de Salud (OPS) para la procura y la implementación de un plan que cada día se vuelve más importante.
El Comisionado para la Organización de Naciones Unidas previo a su participación en el debate, se refirió a los 5 trabajadores humanitarios ilegalmente detenidos en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
“Mientras que hoy estamos sesionando y ratificando la importancia de que Venezuela tenga acceso a la vacuna contra el COVID-19, hoy 5 trabajadores se encuentran judicializados y detenidos por el solo hecho de prestar ayuda humanitaria. Suman una lista de cientos de personas, civiles y militares que injustamente se encuentran presos por decisión política del régimen de Nicolás Maduro”, enfatizó.
La diputada María Teresa Pérez aseveró que ante la pandemia que se inició en el año 2019 y que se extendió al rededor del mundo en el año 2020, el régimen de Maduro mantiene su interés en la aplicación de una vacuna rusa que aún hoy está en fase experimental y sigue su proceso de aplicación en diferentes países incluyendo en Venezuela.
Señaló que el régimen además de no ocuparse del sistema del salud del país, tampoco mantiene su compromiso con el fondo internacional de distribución de vacunas en forma equitativa para los países, conocido como el COVAX, sistema que maneja las vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pérez instó que a pesar de la situación de deterioro en la que se encurtan los sistemas básicos en Venezuela se debe aplicar las vacunas reconocidas en este momento en el mundo y debe ser más de un laboratorio quien la suministre.
“Somos más de 30 millones de venezolanos que requieren de esa vacuna, además de garantizar la entrega del producto biológico el país necesita la ayuda de organismos internacionales, de asistencia para que se dé una distribución equitativa bajo los parámetros humanitarios y no se vuelva un mercado persa”.