A la par con el progresivo deterioro de las condiciones de vida en Venezuela –a causa de la manera como la revolución bolivariana ha traído privilegios y enormes fortunas a unos pocos y penurias y pobreza a la inmensa mayoría–, la migración de ciudadanos de esta nación hacia Colombia se ha ido consolidando como uno de los principales desafíos del país.
Según cifras de Migración Colombia, en el país se encuentran alrededor de 1’700.000 venezolanos y venezolanas, de los cuales más de la mitad están en condición irregular. Esta realidad supone un desafío colosal para el Estado en terrenos que van desde la política social hasta la seguridad nacional. La manera como el gobierno del presidente Iván Duque ha decidido afrontarlo, mediante la expedición del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, anunciado el lunes pasado, que les permitirá a todas estas personas formalizar su estatus migratorio, es, sin duda, una decisión correcta que constituye, como lo dijo el presidente Duque, un hito para América Latina y, por qué no, para el resto del mundo.
Es una decisión oportuna que trae beneficios para todos. Inmediatos y hacia el futuro. Ante una situación de crisis migratoria como la que hoy vive el país, lo más sensato y humanitario era, como lo hizo el Gobierno, jugársela por la formalidad. Poder darle identificación a esta gran cantidad de personas y tener un registro de ellas, a la vez que facilita la implementación de programas de asistencia, es una herramienta con la que hay que contar para identificar y sancionar a quienes actúen en contra de la ley colombiana. La medida también crea un necesario incentivo para que quienes piensan migrar ingresen al país de manera legal. Quienes así lo hagan en los próximos dos años podrán beneficiarse del nuevo estatuto.
Pero, ante todo, hay que hacer énfasis en que las nuevas reglas les evitan a estas personas que a las penurias que ya viven –que son muchas y muy difíciles de sobrellevar– se sumen las que trae consigo estar de ilegales en un país foráneo. Gracias a esta decisión será más fácil para ellos acceder a trabajos formales, así como al régimen subsidiado del sistema de salud y a la oferta educativa para los menores a su cargo.
También es algo positivo para el país. Varios estudios han demostrado que a la par con los costos y traumatismos inevitables, una ola migratoria como esta puede llegar a impactar en forma positiva la demanda por bienes y servicios, lo cual se traduce en un aumento del potencial de crecimiento de la economía.
Es fundamental, eso sí, que esta incorporación de los que vienen del otro lado de la frontera coincida con una disminución de la informalidad, sobre todo en aquellos renglones de la economía más proclives a atraer esta mano de obra. La tarea es de todos.
Se trata de crear un círculo virtuoso de una economía que crezca con beneficios para todos, incluidos los migrantes, a los que hoy Colombia les tiende una mano en medio de un masivo reconocimiento internacional. Esta dinámica tiene, además, la virtud de contrarrestar de raíz el flagelo de la xenofobia, fantasma que acecha y que hay que mantener a raya.
EDITORIAL
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Este artículo fue publicado originalmente en El Tiempo (Colombia) el 9 de febrero de 2021