Supongamos que el régimen anuncie, en algún momento, que está de acuerdo con cambiar a la totalidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral, para hacer posible la realización de unas elecciones regionales libres y transparentes. Eso significaría, es lógico suponer, que la facción del régimen encabezada por Jorge Rodríguez designaría a dos representantes; que la oposición democrática designaría a otros dos; y, por último, que sería necesario buscar una aguja en un pajar: un ciudadano venezolano libre de sospechas políticas. Es decir, alguien que no haya mostrado ninguna afinidad pública, conocido por su integridad a toda prueba, quien tendrá que recibir la bendición del gobierno interino de Juan Guaidó y del promotor de la válvula electoral en la estructura del régimen, el mencionado Rodríguez.
Antes de llegar a ese hipotético momento, los líderes de los partidos políticos de la oposición tendrán que salvar otro escollo: acordar entre ellos sobre quiénes serán las cuatro personas más idóneas -dos titulares y dos suplentes- para asumir una responsabilidad semejante. Ojalá que nos ahorren el lamentable espectáculo de las luchas internas, y los que ahora mismo practican un doble juego -como el de tener un cargo en el gobierno interino y atacarlo por mecanismos interpuestos- enfoquen sus baterías en el verdadero objetivo de la lucha, que no es otro que cambiar al régimen de Maduro.
Sostengo que el cambio de la directiva actual del Consejo Nacional Electoral es apenas el primero de los requisitos que sería obligatorio adelantar, para que las elecciones sean posibles, tal como proclaman sus promotores. Inmediatamente después de cambiar la directiva, habría que someter a toda la estructura del organismo a una revisión profunda, porque cualquier proceso electoral continuará siendo inviable si las oficinas y los funcionarios con poder de decisión, directamente involucrados en la facilitación y conteo de los votos, e incluyo en ello a los responsables regionales, continúan siendo los mismos que han operativizado las trampas y manipulaciones que han tenido lugar en los procesos anteriores. Quiero decir: no basta con cambiar a los cinco titulares. La reestructuración debe ir aguas abajo.
Luego está un aspecto simplemente fundamental: ¿qué partidos políticos podrán participar, si ahora mismo el régimen ha empujado a la ilegalidad o ha robado el nombre, los símbolos, las sedes y otros bienes a los partidos Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Patria para Todos, Primero Justicia, Tupamaro, Bandera Roja, Movimiento Electoral del Pueblo, MIN Unidad y Podemos? ¿O es que el régimen pretende organizar otra farsa electoral como la del pasado diciembre, un torneo de ellos contra ellos mismos, es decir, del PSUV confrontado a su comparsa de alacranes? Por lo tanto, para que haya elecciones regionales hay que devolver la legalidad de los partidos a sus verdaderos dirigentes de inmediato, para que puedan reconstruir sus organizaciones, elegir candidatos y preparar las respectivas campañas. Pregunto: ¿el régimen que la semana pasada todavía perseguía a dirigentes de Acción Democrática en el estado Bolívar, tiene verdadera intención de participar en unas elecciones regionales?
Como parte de esos mínimos requisitos indispensables, ¿no es acaso imperativo liberar a todos los presos sin excepción, militares y civiles, enjuiciados o no, estén en cárceles o bajo regímenes de casa por cárcel? ¿No es fundamental dar por terminadas las persecuciones, las acusaciones, los juicios, las investigaciones y todo el conjunto de medidas que el régimen ha puesto en marcha y que mantienen a miles de demócratas venezolanos en el exilio, a los que se ha obligado a huir del país? Participar en una competencia electoral, con un ambiente adecuado y mínimas condiciones, ¿no exigiría garantizar que el activismo político podrá realizarse con total libertad de expresión y de información, sin que los esbirros que operan en todo el país, uniformados o no, amenacen a candidatos, activistas, militantes y demás?
¿Y qué decir del derecho a la información, a la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo? ¿El poder levantará el bloqueo a medios de comunicación y portales informativos? ¿Permitirá que reporteros y equipos técnicos puedan hacer su trabajo? ¿Liberará de una vez por todas a Roland Carreño, periodista secuestrado por el régimen, a pesar de su inocencia?
Un capítulo destacado de las exigencias mínimas indispensables, se refiere nada menos que al derecho al voto, establecido claramente en el artículo 63 de la Constitución Nacional. Basta con asomarse a la cuestión del registro electoral para alarmarse: en los últimos años se ha ejecutado un sistema de trampas que ha impedido la inscripción de alrededor de 1,5 millones de nuevos votantes; se ejecutaron más de 1,8 millones de reubicaciones ilegales e injustificadas, y se impidió que más de 4 millones de electores que viven fuera de Venezuela puedan ejercer el derecho al voto. Por ejemplo: ¿los cientos de miles de personas que fueron reubicadas en circunscripciones distintas a las de su lugar de residencia, serán devueltos para que puedan votar por los candidatos que realmente les corresponden?
Hay muchas otras preguntas que todavía tenemos que formularnos. Por ejemplo: referidas al sistema de cedulación; a las máquinas de votación; a las fallas de Internet; a las fallas de la red eléctrica; a las garantías relativas a la integridad física de los votantes; a la participación politizada de la FANB en el proceso electoral a través del Plan República; al control sobre los colectivos, el ELN y las ex FARC como fuerzas de choque del régimen.
Dicho todo esto, le pregunto al lector demócrata: ¿son o no son requisitos indispensables?
Este artículo se publicó originalmente en El Nacional el 14 de febrero de 2021