El escándalo de abusos sexuales a decenas de menores de edad desde 2015 en albergues de Panamá supervisados por el Estado se agravó durante las últimas horas al conocerse que existen testimonios de niñas acogidas que supuestamente fueron violadas, embarazadas y luego obligadas a abortar por “religiosos” que regentaban esos hogares.
La diputada del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez, quien preside la comisión parlamentaria que investiga estos hechos, adelantó a Efe que hay “niñas que denuncian que religiosos les dejaban embarazadas y se cometían abortos” y que los abusos, físicos y mentales, los cometían los “internos”.
Esta es la primera vez que una autoridad señala a posibles responsables de las vejaciones que sufrieron los menores y especifica los maltratos a los que eran sometidos.
La diputada no detalló a qué tipo de creencia pertenecen estos “religiosos”, pero el informe ejecutivo, al que Efe tuvo acceso, detalla que la mayor parte de esos hogares “están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso”, y en estos últimos “los de denominación evangélica superan a los católicos”.
La subcomisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) creada por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia y conformada por Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza y Gabriel Silva, quien habilitó a Walkiria Chandler, hizo público hace casi dos semanas un informe con evidencias de que en esos albergues se cometieron desde 2015 una serie de irregularidades contra decenas de menores, que provocaron condiciones “infrahumanas” para habitarlos.
Sin embargo, no descartan que haya cientos de víctimas y que sea un asunto que implique a Administraciones pasadas.
Estos albergues, a los que se les otorga fondos públicos, están supervisados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad estatal en que la en su junta directiva están las carteras de Desarrollo Social (Mides), Salud, Educación, Trabajo, Economía y la Controlaría.
El documento detalla que “existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual”.
Chandler explicó a Efe, cuando se destapó el informe, que a estos menores de edad con algún tipo trastorno psiquiátrico se les privaba de los medicamentos, incluso en los albergues que cuentan con la presencia de entes religiosos, “se les decían que no hacia falta la medicación, y que era mejor orar”, incluso a aquellos con patologías tan severas como la epilepsia.
Además, el informe enumera las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y “se mezclaba a hombres y mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores”, según Chandler.
El informe recoge que en el “90 % de los albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el trabajo” de menores, otros operan sin permiso de funcionamiento o el que tienen es de carácter provisional, incluso a nivel nacional aparecen hospedajes sin que la Senniaf supiera de su existencia.
Estos hechos han levantando una ola de crispación popular con protestas en las calles y en las redes sociales a nivel nacional exigiendo justicia para las víctimas y mostrando su repudio frente a las sedes de la Senniaf y el Ministerio de Desarrollo Social, ambas en el ojo del huracán señaladas como principales responsables.
Incluso, se han registrado altercados entre la Policía y los manifestantes, que han exigido la renuncia del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, al que señalaron de “cómplice” por entender que ampara a los altos funcionarios involucrados con el tema de la niñez porque no ha destituido a ninguno.
Ante la presión social, la semana pasada el mandatario panameño se vio obligado a dar un escueta declaración grabada y transmitida por televisión en la que pedía el máximo castigo para los responsables, pero sin dar detalles de qué acciones ha tomado su Gobierno ni en qué dirección.
Cortizo instruyó a la Senniaf y al Mides a constituirse como “querellantes” en el proceso judicial de la Fiscalía – donde las diputadas de la subcomisión presentaron el informe junto con una denuncia-, lo que ha sido calificado por diputados y sectores sociales como un “desatino jurídico” e “inmoral”.
La Fiscalía ha dicho que tiene abiertas 8 investigaciones por irregularidades en albergues, algunas de hasta dos años, y que hay imputados, aunque se desconocen los detalles de estos casos.
Hasta el momento, se desconoce si los menores de edad han sido reubicados o se les ha dado mecanismos urgentes para protegerlos.
EFE.