Chile multó a dos laboratorios por producir píldoras anticonceptivas defectuosas que fueron repartidas en hospitales públicos y desencadenaron, según las denuncias, al menos un centenar de embarazos no deseados, una sanción calificada este miércoles de insuficiente por representantes de las víctimas.
El Instituto de Salud Pública (ISP) impuso una multa de 66 millones de pesos (más de 92.000 dólares) a los Laboratorios Silesia S.A. y Laboratorios Andrómaco S.A. por “sus responsabilidades en la distribución y fabricación” de píldoras que presentaron “problemas de calidad”.
Un total de 111 mujeres denunciaron en los últimos meses haber quedado embarazadas pese a estar sometidas a tratamientos anticonceptivos en centros de salud del Estado, según la organización de derechos humanos Corporación Miles, que empezó a alzar la voz en agosto del pasado año.
El ISP alertó entre marzo y septiembre de 2020 de que ocho lotes de seis píldoras anticonceptivas distintas que se habían administrado o se estaban administrando en centros de salud públicos estaban defectuosos y ordenó su retirada del mercado.
Días después, sin embargo, el organismo emitió otra resolución en la que permitía distribuir los blísters de Anulette CD (del laboratorio Silesia), que ya estuvieran repartidos en los centros de salud, aludiendo a que las fallas eran visualmente detectables.
“El sistema regulatorio de medicamentos estipula que una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del registro y a sus responsables técnicos dar fe de que este se elabore, produzca e importe cumpliendo las especificaciones”, señaló la institución en un comunicado.
La Corporación Miles, que junto a la plataforma feminista Women’s Link Worlwide, elevó el caso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este miércoles que seguirá luchando por la reparación de las víctimas.
“Esta es una multa del ISP a los laboratorios. No es dinero directo a las víctimas, ojo. Seguiremos acompañando a las afectadas e iniciaremos acciones civiles en contra del Estado y laboratorio buscando indemnización”, dijeron en Twitter.
Muchas de las afectadas eran mujeres de escasos recursos a las que se les negó la posibilidad de abortar por no cumplir ninguna de las tres causales por las que se permite la interrupción voluntaria del embarazo en Chile: riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal o violación.
El pasado enero se retomó la discusión parlamentaria para despenalizar completamente el aborto, un anhelo para los colectivos feministas chilenos y una reivindicación histórica en la región que hasta ahora Argentina, Cuba, Uruguay, Guyana, Ciudad de México y el estado mexicano de Oaxaca han hecho ley.
EFE.