El Tribunal 2° de Control de Monagas convocó para este venidero 4 de marzo la audiencia preliminar donde debatirá si ordena o no la apertura de un juicio contra nueve personas acusadas de intentar secuestrar a Diosdado Cabello y su posterior entrega a Estados Unidos, según expediente NP01-P-2020-001187.
Por aporrea.org
Los procesados están identificados como Luis Eduardo Villarroel Caña, Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides, Enrique Naurix Parada, Gabriel Andrés Medina y José Ramón Cruz Marcano, recluidos en el Centro Penitenciario Hacia el Hombre Nuevo “Nelson Mandela” ubicado en la población de la Pica (Mon).
Estas personas fueron detenidas entre El Furrial y Maturín (Mon) en abril de 2020. Dos meses después, específicamente el 18 de junio, la fiscal Ingrid Dioselina Bermúdez Bolívar, solicitó al Tribunal 2° de Control de Monagas, abrir juicio contra los nueve acusados. Tal planteamiento lo formuló la fiscal Bermúdez Bolívar mediante un escrito acusatorio. En ese documento se relata que Luis Villarroel, uno de los nueve acusados y quien funge como comisionado de la clase obrera en El Furrial (Mon), presuntamente recibió un mensaje en su celular donde le informan que se gesta un plan para secuestrar al entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. El propósito del secuestro es hacer efectiva la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 26 de marzo de 2020 a quienes ofrecieran información que conduzca a la detención de Cabello.
La Fiscalía sostiene que el mensaje recibido por Luis Villarroel fue enviado desde Perú y es el siguiente: “Luis ya tengo el personal estratégico y el armamento para atrapar a Dios, solo falta confirmar donde resguardarlo hasta la entrega. Tocaremos en partes iguales. Próximamente tendrás información de otro número de teléfono. La libertad está cerca”.
Para profundizar la investigación, el Ministerio Público entrevistó a un testigo a quien denominan en el expediente con el nombre de “Marcano”. Esta persona dijo ser amigo de Luis Villarroel quien a su vez le informó sobre el escrito que le enviaron desde Perú. “Yo le respondí que se iban a tomar acciones”, contestó Marcano a Villarroel y así lo dejó asentado en la entrevista que rindió en Fiscalía.
En consecuencia, Marcano se comunicó con el comisario del Dgcim Marcelo Mayz. “Él (Mayz) en vista de que se encontraba en Cumaná me dice que me pusiera en contacto con Luis Villarroel y que le manifestara que de llegar a recibir llamada o mensaje que le siguiera la corriente”, dijo el testigo, quien siguiendo las instrucciones del comisario del Dgcim, puso al tanto de lo que estaba ocurriendo a funcionarios militares como Esteban Cabello, José David Cabello y al general Rodríguez Sánchez. Al siguiente día, el teniente coronel Gómez Acevedo, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) se presentó al pueblo de El Furrial para arrestar a Luis Villarroel, dice el documento del Ministerio Público.
Los nueve procesados son acusados por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, organización de cuerpos armados y tráfico de armas entre otros delitos.
Respuesta. La abogada Mirla Habanero, defensora de uno de los nueve acusados identificado como César Horacio Belfort Rojas, introdujo un escrito ante el Tribunal 2° de Control de Monagas rechazando los hechos acusatorios del Ministerio Público.
Habanero criticó que el Ministerio Público base la acusación en actas elaboradas a partir de lo publicado en la red social Facebook “medio electrónico altamente plageable”. También señaló que “no existen suficientes elementos para materializar los delitos de traición a la patria, comercialización de armas de fuego, organización de cuerpos armados, ni mucho menos el delito de asociación para delinquir, ya que no está probada la asociación de mi defendido con antelación a los hechos, para mantener tal presupuesto antijurídico”.
La abogada refirió que los organismos de seguridad llegaron a dar con su defendido por un listado de las personas que habían trabajado con el ex gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño. “Las investigaciones contra este ciudadano (Briceño) y lo que haya realizado o no, no le competen a mi representado, el derecho penal es personal y mal puede señalársele ni puede constituir ilicitud el hecho que haya prestado un servicio laboral a un familiar, ni vincularlo de sus acciones personales”, reseñó la abogada quien solicitó la libertad de Rojas Belfort.