Nada inesperado, sino todo en sintonía con el oficialismo, como dictó el plan preconcebido. Pero el relato exageró ad nauseam. La relatora cumplió con su tarea de confirmar la narrativa oficialista. Sin ningún reparo en la falta de metodología: vino a “evaluar” el impacto negativo de las sanciones en los derechos humanos, pero sin balance, sin buscar algo que fuere positivo, justo o necesario. Tiempo y recursos perdidos en una NO evaluación, sino reafirmación de la teoría subyacente: “La culpa de todo son las sanciones, el bloqueo”.
La relatora tampoco se fijó en los antecedentes ni en las causas de la crisis venezolanas. Ni siquiera en el contexto actual. No dijo, por ejemplo, que por causa de las sanciones las estafas y la corrupción contra el patrimonio público de la empresa petrolera han cesado. Mucho menos dijo algo acerca de los más de 20 juicios decididos en Estados Unidos por casos de multimillonarios actos de soborno y corruptelas contra el patrimonio público de los venezolanos, ni tampoco mencionó los que se ventilan en tribunales venezolanos ni las extradiciones solicitadas a sus exdirectivos. Menos aún dijo algo sobre la indefensión de Venezuela en tribunales europeos y norteamericanos, como país víctima. El informe preliminar de la relatora fue un fiasco de forma y fondo: un claro trabajo por encargo mal hecho.
Tal como dije en mi artículo anterior (Ver: https://www.elnacional.com/author/col-ffernandez/) la relatora dijo que toda la crisis que se vive en Venezuela se debe a las sanciones. Según su relato, ellas deben ser eliminadas al 100% porque dejan al gobierno sin recursos para darlos a los venezolanos ni para darlos en regalo a los gobiernos del Alba. ¡Qué descaro!
Nada dice en su informe sobre el proceso hiperinflacionario como causa del empobrecimiento de la población, mucho menos de sus antecedentes. Ya en 2008 la inflación era galopante: superaba el 26%, cuando se hizo la primera reconversión y se eliminaron 3 ceros al bolívar. De allí en adelante, la ruta ascendente inflacionaria fue indetenible y desbocada, hasta llegar a 6.500% en 2020 según el FMI y maquillada convenientemente por el oficialismo en un brutal 2.959,8%. Hay que recordar lo que dicen los expertos: una inflación mayor de 2 dígitos, es decir, de 10% es algo insoportable para la población. Lo saludable para mover la economía es una inflación moderada que fluctúe entre 1% y 2%, según aconsejan los especialistas en economía.
Para el informe final de septiembre de 2021, la relatora debería estudiar los antecedentes de la emergencia humanitaria compleja. Entre las causas de la pobreza desmesurada de la gran mayoría de los venezolanos. Según Consecomercio (Ver: https://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1096494-330/crisis-en-venezuela-500000-empresas-cerradas-y-700-expropiadas), de 2002 a 2016 hubo 500.000 empresas cerradas y 700 expropiadas, dentro de la política estatizante marxista y corrupta del “exprópiese” a diestra y siniestra.
Según Fedeagro (Ver: https://www.elnacional.com/economia/gobierno-expropio-mas-millones-hectareas-estan-improductivas_231096/), entre 2005 y 2018, fueron confiscadas más de 5 millones de hectáreas de fincas productivas, una superficie mayor que el tamaño de 73 de los países existentes en el mundo. A ello se debe añadir la destrucción de AgroIsleña, la empresa financiadora y asesora técnica de los agricultores. Así, la producción de alimentos del agro y la cría en manos del Estado produjo el antimilagro de la caída brutal de productos alimenticios y la pérdida de miles de empleos.
Según han revelado expertos, en 1998 Pdvsa era la tercera empresa en el mundo en capacidad de refinación, capaz de procesar 3,3 millones de barriles diarios de petróleo. Por esos años administraba 24 refinerías en todo el mundo, 18 de ellas en el exterior y 6 en el país. Venezuela dejó de ahorrar 300.000 millones de dólares por causa de la corrupción, la mala administración, el despilfarro y los regalos a otros países (Ver: https://provea.org/wp-content/uploads/SancionesSutherland-1.pdf). El llamado gasto social eran sobornos miserables para comprar lealtades políticas de los más pobres y controlarlos (Ver: https://politikaucab.files.wordpress.com/2019/09/programa-iv.pdf).
El colmo del informe de la relatora es culpar a las sanciones hasta del embarazo de adolescentes: “Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema del embarazo en la adolescencia, que está llegando a un nivel de crisis con niñas de 12 a 13 años que quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a información y uso de anticonceptivos; y un aumento del VIH / Sida debido a las relaciones desprotegidas”. ¿La relatora no sabe acaso que uno de los programas de misiones era premiar el parto de hasta seis hijos con bonos en efectivo? (Ver: https://www.elpais.com.uy/mundo/maduro-llamo-venezolanas-seis-hijos-crezca-patria.html).
En su afán de quedar bien con el oficialismo, la relatora culpa a las sanciones de todos los males previos que, crónicamente, azotan a Venezuela con flagrante violación de los derechos humanos por parte del gobierno, según los más calificados organismos internacionales y las más prestigiosas ONG. Pero su tarea procura dar una supuesta “prueba” que será acumulada al expediente de la Situación II que adelanta la Fiscalía ante la CPI, en la cual se culpa a Estados Unidos de asesinatos, exterminio de la población, deportaciones, persecuciones y causar graves sufrimientos a los venezolanos.
La relatora es profesora de la universidad estatal de Bielorrusia, por lo que es funcionaria pública en ese país. No debe extrañar que repudie el régimen legal sancionatorio internacional: su gobierno ha sido sancionado por la OFAC (Ver: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/belarus-sanctions) por las múltiples violaciones de derechos humanos, impedir la democracia que se producen en ese país, donde manda el dictador Lukashenko.
Las sanciones internacionales son medidas de tipo provisional que procuran un cambio de conducta de alguna persona que afecta algún bien jurídico que afecta al Derecho Internacional, como por ejemplo violar derechos humanos o lavar dinero del narcotráfico, entre otros. Las sanciones selectivas e inteligentes, dirigidas a personas naturales o jurídicas designadas, son legales y legitimas, también son necesarias y deseables, cuando un dictador afecta a la comunidad internacional con su comportamiento. Las sanciones sectoriales evitan que siga la depredación y el robo. Son preferibles a una guerra.
Las sanciones sectoriales a distintas empresas estatales han sido para protegerlas de los desmanes de sus administradores, contratistas, testaferros y familiares que la han defraudado en miles de millones de dólares. En tal sentido las sanciones han evitado una mayor sangría del patrimonio de los venezolanos.
Así las cosas, el relato de la relatora no es más que un cuento mal contado. Vino y se fue con más pena que gloria. Pendientes de lo que dirá en septiembre. Los derechos humanos merecen algo mejor.
@FM_Fernandez
Este artículo se publicó originalmente en El Nacional el 2 de marzo de 2021